Juez federal da luz verde a demanda contra Trump por aceptar pagos de gobiernos extranjeros
La Constitución prohíbe que un presidente reciba honorarios o regalos de gobiernos extranjeros sin previo permiso del Congreso
El presidente Trump se ha mantenido en silencio sobre Stormy Daniels. Crédito: Win McNamee/Getty Images
WASHINGTON— El juez federal Peter Messitte dio luz verde este miércoles a una demanda colectiva contra el presidente Donald Trump, que alega que la Organización Trump presuntamente aceptó pagos ilegales de gobiernos extranjeros.
La decisión del juez en Greenbelt (Maryland), es un revés para el Departamento de Justicia, que presionó para que se desechara la demanda, entablada por los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense.
El Departamento de Justicia argumentó que los demandantes no tienen jurisdicción para proseguir con su querella, similar a lo que ya había determinado un juez federal en Nueva York, que en diciembre pasado desestimó una demanda similar. Hay una tercera demanda pendiente en Washington.
El juez federal de Greenbelt no fijó fecha para otra audiencia en la que escuchará los demás argumentos de la Administración.
Messitte precisó, sin embargo, que los demandantes tendrán que incluir sólo las operaciones de negocios de la Organización Trump, incluyendo el Hotel Internacional Trump, pero no las demás propiedades del mandatario, como Mar-a-Lago, en Florida.
En la demanda, los fiscales argumentan que Trump recibió pagos ilegales de gobiernos extranjeros a través de sus negocios, en clara violación de la Constitución, que prohíbe que el presidente de turno reciba pagos de extranjeros sin la autorización previa del Congreso.
Los demandantes también señalan que su hotel ha recibido concesiones tributarias que ponen en desventaja a la competencia.
Auque Messitte no se pronunció sobre los méritos de la demanda, sí pareció dar la razón a los demandantes en el sentido de que, al alojar a funcionarios de gobiernos extranjeros, el hotel de Trump está desviando negocio a hoteles similares en Maryland y la capital estadounidense.
El Departamento de Justicia argumentó que la demanda no tiene validez porque sólo el Congreso puede decidir si el Ejecutivo puede recibir “emolumentos” u “honorarios”, pero el juez federal dijo que el Congreso controlado bajo el mismo partido gobernante no necesariamente tomaría acción en este caso.
La Administración Trump ha sostenido que los negocios de Trump son legales y no suponen conflictos de intereses para el gobierno.
Sus detractores replican que mientras Trump siga teniendo vínculos con sus negocios –aunque estén controlados por sus hijos- está violando la Constitución al obtener ganancias de sus hoteles.
