Remueven a indigentes del Centro Cívico de Santa Ana

Sin poder contener las lágrimas, Bárbara colectaba sus pocas pertenencias el lunes por la mañana para mudarse a otro lugar por tiempo indefinido.

“Yo no quiero ir a un refugio…una vez fui ahí y un hombre me pegó en la cara y me escupió”, dijo la mujer de raíces chilenas. “También en los refugios han violado a mujeres y nadie hace nada”.

Bárbara, de 37 años y quien no dio su apellido, y su pareja Chris, de 31 años, eran dos de numerosos indigentes que estaban siendo removidos esta semana del Centro Cívico de Santa Ana.

Los improvisados hogares que hospedaban a unos 150 desamparados estaban justo en el área de las banderas que representan a las ciudades del condado de Orange. Han estado años ahí, justo al lado de los edificios gubernamentales de la ciudad y el condado de Orange.

“Pero si se da cuenta, ya se llevaron a todos los blancos, aquí solo quedamos los de color”, dijo Bárbara señalando a sus vecinos sin hogar. “No tenemos a dónde ir. Cuando fuimos a pedir los vales [para un motel] nos dijeron que ya no los están dando”.

La madre de cincohijos  dijo que ha vivido en la calle desde hace un año cuando su esposo falleció. Tres de sus hijos son adultos y sus dos hijos menores viven con su madre. Su adicción a las drogas es lo que le ha impedido levantarse. “Pero ya llevo cinco días limpia. Me están ayudando”, dijo Bárbara.

A pocas casas de campaña de distancia, Ceferino González, de 54 años, escuchaba su radio mientras pensaba en qué iba a hacer con sus pocas pertenencias. Él ha vivido como indigente desde hace 12 años tras su divorcio.

“Al principio se acostumbra uno porque quiere ser uno libre como los pájaros, pero después de un tiempo se cansa uno”, dijo González, de raíces puertorriqueñas.

Agregó que hay días en que trabaja en la construcción, pero le es difícil obtener un trabajo fijo o un techo para dormir.

“Lo juzgan a uno por la cobertura sin conocernos”, aseguró.

Empiezan a remover a los desamparados

Desde este mes, los “residentes” del Centro Cívico de Santa Ana recibieron una notificación que debían abandonar el área, identificada como un peligro de salud pública. Con la ayuda de miembros de la Agencia del Cuidado de la Salud del condado de Orange y trabajadores sociales, los desamparados eran guiados a recursos dependiendo cada situación personal.

Agentes de la policía revisaban que todo el levantamiento del campamento se llevara a cabo seguro y sin problemas.

El subjefe de Santa Ana, Ken Gominsky, dijo a la cadena televisiva CBS que los agentes no forzarán a nadie a dejar la zona. “Nadie va a verse obligado a irse de aquí hasta que hayan tenido varias oportunidades y opciones del condado”, recalcó Gominsky.

La decisión de limpiar el lugar se dio después que un juez de distrito de Estados Unidos dictaminó que el condado de Orange necesita reubicar a las personas que viven en el Centro Cívico, tal como ocurrió hace dos meses con los aproximadamente 700 indigentes que estaban a lo largo del río Santa Ana.

Sin embargo, el problema de muchos desamparados del río Santa Ana continúa porque los pases de 90 días para dormir en moteles han expirado o están a punto de expirar y aun no tienen vivienda permanente.

El anuncio que la ciudad de Santa Ana dio a los desamparados del Centro Cívico especifica que les ofrecerán recursos para refugios y conexiones a servicios según su necesidad, pero no les darán “vales de moteles ni vales de comida”.

Dinero malgastado

Tanto Bárbara como Chris y otros desamparados juzgaron los gastos del Ayuntamiento como “malos”.

“Nos dijeron que se gastaron 80,000 dólares para poner dos baños portátiles que están todos sucios y nadie usa y la ciudad les da jeringas [a los indigentes] para que no las compartan”, dijo Chris, señalando los baños a unos pies de distancia.

“Si una persona lleva 100 jeringas usadas, les devuelven la misma cantidad”, añadió Bárbara, asegurando que eso es dinero que puede utilizarse para otras cosas.

“Se gastan $1.2 millones de dólares para limpiar esta área y no nos ayudan”, dijo Chris, refiriéndose a la resolución ordenada en el 2016 que pidió $1.3 millones de dólares para – entre otras cosas – ofrecer mejor iluminación en el área del Centro Cívico, patrullas 24 horas al día los siete días a la semana, contratar más guardias de seguridad, reubicar un programa de intercambio de agujas y lavar el piso regularmente.

Bárbara dijo que ella no se acostumbra a no tener un hogar estable y desea volver a ser como antes. “Yo me baño todos los días con agua fría, a mi me da vergüenza decir que soy indigente”, reveló.

González dijo que él solo necesita una oportunidad de trabajo y un lugar donde vivir para levantarse.