El cuestionado “boom’’ de los nuevos partidos políticos de México

Reciben millones de pesos y no tiene reglas claras para su fiscalización y rendir cuentas de los recursos recibidos

Billetes mexicanos

Billetes mexicanos. Crédito: YURI CORTEZ / Staff | Getty

MEXICO. Son decenas y nacen más en cada elección, reciben millones de pesos sin mucha fiscalización ni reglas estrictas y ¡sólo los conocen en su casa!, es decir, en los estados donde se promueven como opciones frescas, diferentes; menos corruptas  aunque la realidad ha puesto en entredicho a los “nuevos partidos’’ políticos.

Generalmente conservan el registro ante los institutos electorales poco tiempo y desaparecen por falta de seguidores aunque hay algunos que sobreviven entre tumbos y victorias flacas como el Partido Duranguense desde el 2000.

María Verónica Acosta, presidente del partido, resume a este diario: logramos un diputado en el congreso local (Jaqueline del Río en 2016) y tres regidores un año después, pero en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El resto del esfuerzo se le ha ido en “flotar’’, en conservar el registro. Hoy tiene 13,500 seguidores.

Por ley, los partidos locales deben tener militantes en al menos dos terceras partes de los municipios de la entidad además de que pierden su registro si no tienen como mínimo 3% de los votos en la elección, tanto de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

Para las elecciones del próximo 1 de julio contenderán partidos  con perfil local en más de la mitad de los 32 estados del país que, en su mayoría tienen una o dos opciones; Baja California, Puebla, Oaxaca y Morelos, tienen tres y Guerrero cinco: Partido Socialista de México; Partido del Pueblo de Guerrero; Impulso Humanista de Guerrero; Partido Socialista de Guerrero y Coincidencia Guerrerense.

La creación de los “nuevos partidos“ en México cobró fuerza tras la reforma electoral de 1996 que flexibilizó los requisitos de las asociaciones políticas para  ampliar la participación ciudadana, pero, con el paso del tiempo, las agrupaciones han demostrado más amor por el dinero que por la democracia.

El investigador Anselmo Flores, autor del análisis Pasado y Presente de los Partidos Nuevos y Asociaciones Políticas Nacionales en el Sistema Electoral Mexicano, detalla que el financiamiento público es un “fuerte estímulo“.

“Además hay facilidades que establece la normatividad para su reconocimiento, así como a los bajos costos que representa la salida de estas organizaciones del sistema de partidos’’.

María Verónica Acosta,  del Partido Duranguense, niega  que los principios de su institución sea el dinero y se explaya en las ideologías: “Somos de Izquierda, no somos populistas, somos incluyentes y lo nuestro es a favor de los sectores vulnerables’’.

Por otro lado, para crecer han tenido que hacer alianzas con otros partidos fuertes (el PRI), una situación que se repite en todo el país y no sólo en los estados: a nivel Federal cinco de los nueve partidos existirían sin alianzas con gigantes.

Esta realidad contradice la afirmación y la creencia de que la mayoría de los partidos nuevos  son una necesidad en el sistema político. 

“El hecho es que son del todo autónomos: o sus miembros fundadores emergen de partidos políticos nacionales, o son deshechos o son mero membrete de los grandes, volviéndose la misma cosa’’, concluye Jorge Gerardo Flores Díaz, analista del centro de estudios políticos Universidad Nacional Autónoma de México.

Acosta, del Partido Duranguense dice que si bien han aceptado alianzas, de igual modo que han tenido que alejarse de los que  trataron de “coptarlos’’

Hay mucho dinero de por medio. Aunque un partido nuevo puede recibir desde dos millones de dólares para una campaña, los partidos grandes tienen mucho más y lo usan a su conveniencia: la autoridad electoral no cuenta con mecanismos legales expeditos y efectivos para sancionar y/o recuperar parte del financiamiento que se otorga a los partidos ni dinosaurios ni otros.

En el caso de los nuevos, el Instituto Nacional Electoral,  subsanó huecos legales que permitían que cuando un partido perdía el registro  quedarse con los inmuebles a los líderes. “Pero falta mucha regulación para controlarlos y eso es tarea del congreso’’,  advierte el analista Flores.

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