Patrulla Fronteriza defiende trato de inmigrante hondureño que se suicidó tras separación de su familia
La Administración Trump afronta demandas y la repulsa internacional por separar a niños de sus padres en la frontera
Las separación de familias es una preocupación de activistas defensores de inmigrantes. Crédito: John Moore | Getty Images
WASHINGTON— Las autoridades de Inmigración defendieron este sábado el trato a un inmigrante hondureño que se suicidó en una cárcel de Texas el mes pasado, un día después de que fue separado de su esposa e hijo, al afirmar que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) considera “primordial” la seguridad de los detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había publicado ni reaccionado al suicidio de Marco Antonio Muñoz el pasado 13 de mayo, dos días después de su detención, y espero hasta el día de hoy para hacer declaraciones cuando el caso obtuvo cobertura del diario “The Washington Post”.
Muñoz, de 39 años, fue encontrado muerto, en un charco de sangre que emanaba de su nariz y con el artículo de ropa que aparentemente utilizó para ahorcarse en su celda, donde los agentes presuntamente lo vigilaban cada media hora.
Su muerte ha caldeado los ánimos entre grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de lo derechos humanos, en unos momentos en que líderes demócratas del Congreso y organismos internacionales, como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, exigen un cese a la práctica de la separación de familias.
La senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, presentó el jueves pasado junto a otros 31 miembros del Senado un proyecto de ley que exige al DHS un cese a la separación de familias en la frontera sur, particularmente de los niños, salvo que haya situaciones extraordinarias para hacerlo.
El DHS dijo que han intensificado esfuerzos para explicar el proceso de separación de familias y han establecido una línea telefónica para ayudar a los padres a localizar a sus hijos.
Explicación de la CBP
Este diario solicitó comentarios en la mañana sobre el caso, y obtuvo respuesta de la CBP siete horas después.
En una declaración escrita, un portavoz de la CBP, que pidió el anonimato, dijo que la Oficina del Alguacil del Condado Starr notificó a la agencia de que Muñoz fue encontrado inconsciente en su celda y las autoridades confirmaron su muerte de un “aparente suicidio”.
La oficina de los “rangers” de Texas lidera la investigación en curso sobre la muerte de Muñoz, y la oficina del alguacil, René Fuentes, no quiso facilitar una copia preliminar de la autopsia.
“La seguridad de los empleados y detenidos de la CBP, y del público son primordial durante todos los aspectos de las operaciones de la CBP. Las Normas de Transporte, Escolta, Detención y Búsqueda(TEDS) rigen el trato de los que están bajo nuestra custodia”, explicó el portavoz.
Esas normas, implementadas en octubre de 2015, “establecen las expectativas de que todos los empleados de la CBP traten a todos los individuos con los que entran en contacto con dignidad y respeto”, agregó.
“La CBP toma muy en serio cada pérdida de vida, y ha iniciado una revisión interna para asegurar que se siguen esas políticas”, puntualizó.
Esas declaraciones, sin embargo, son magro consuelo para la viuda y huérfano de Muñoz, que fueron puestos en libertad por la Patrulla Fronteriza poco después de su detención.
Además, curiosamente, las normas mencionadas por la CBP también establecen que la agencia “mantendrá la unidad familiar en la medida que sea operacionalmente factible, salvo que haya un requisito legal o una preocupación de seguridad que requiera la separación”, reza parte de la guía.
Una situación desesperante
El pasado 11 de mayo, Muñoz fue detenido junto con su familia tras cruzar el Río Bravo cerca del pequeño poblado de Granjeno (Texas), sitio por donde suelen cruzar centenares de inmigrantes centroamericanos indocumentados en busca de asilo en Estados Unidos.
Muñoz, su esposa y su hijo de tres años fueron trasladados a un centro de procesamiento en McAllen, y cuando él explicó que su familia pensaba solicitar asilo, la Patrulla Fronteriza le informó de que serían separados.
Los agentes tuvieron que forcejear con Muñoz para quitarle al niño, y posteriormente fue enviado a una cárcel local a 40 millas de donde fue detenido. Al parecer, bajo una práctica de “segregación administrativa”, los detenidos que resisten arresto o reaccionan violentamente son trasladados a cárceles locales con celdas de aislamiento, donde hay mejores condiciones de vigilancia y seguridad.
Según la CBP, mientras Muñoz era procesado en el centro del Valle del Rio Bravo se volvió conflictivo y “combativo”, por lo que, “por su seguridad y la de los demás, fue transferido a la cárcel del Condado Starr”.
La agencia indicó que Muñoz intentó escapar varias veces, incluso cuando ya había sido esposado de pies y manos.
Ni la embajada de Honduras en Washington ni el gobierno de Tegucigalpa han hecho declaraciones sobre el caso.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se reunió el jueves pasado con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y otros funcionarios del DHS, pero el comunicado de la agencia sólo habló de estrechar la cooperación bilateral.
Nielsen y Hernández “discutieron maneras tangibles de mejorar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley en Honduras”, el compromiso de EEUU para una “Centroamérica más estable y segura”, dijo el DHS.
Además discutieron esfuerzos comunes para facilitar una “transición ordenada” para los 57,000 hondureños que perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) el próximo año y que quedarán expuestos a la deportación, según el comunicado.
El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en mayo pasado una política de “cero tolerancia” contra los cruces ilegales, y ordenó que los fiscales de la frontera sur inicien juicio contra los inmigrantes indocumentados, así eso conlleve la separación de niños de sus padres.
Sessions, Nielsen, y otros funcionarios del DHS, llevan meses pidiendo que el Congreso elimine las protecciones para los niños no acompañados y los solicitantes de asilo, que ellos han calificado como “lagunas legales” que invitan al fraude migratorio y alientan la emigración ilegal desde Centroamérica.
Tanto los legisladores demócratas, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), y activistas cívicos, religiosos y sindicalistas, han dejado en claro que no existe ley alguna que exija la separación de familias, y con esta práctica EEUU está violando sus propias leyes y diversos convenios internacionales.
