Abogado principal de caso Flores alega que separación familiar estaría violando el acuerdo

Al usar a los niños migrantes como “moneda de cambio” para obligar a los padres a declararse culpables de un delito menor, el gobierno de Donald Trump estaría violando las leyes y acuerdos vigentes sobre el trato a los niños, dijo el abogado principal del caso Flores, Peter Schey.

“La ley dice que Estados Unidos debe tratar a los niños migrantes en defensa de su seguridad, bienestar y dignidad”, dijo Schey. “Una política que arranca a los niños de los padres, y que básicamente secuestra a los menores para que los padres se declaren culpables en una corte, no proteger los inteses de ellos”.

Schey está preparando una moción para pedirle a la jueza Dolly Gee, quien monitorea la aplicación del “Acuerdo Flores” que intervenga en lo que está ocurriendo.

“Creo que separar a niños de sus familias, especialmente cuando el gobierno no tiene un plan para reunirlos, viola varias cláusulas del acuerdo”, dijo Schey. “Quizá un juez debería decirles que no pueden deportar a los padres a menos que demuestren que han hecho un esfuerzo real para reunirlos con sus hijos”

El abogado Peter Schey y su colega Carlos Holguín, del Centro por los Derechos Humanos y Ley Constitucional, son los principales responsables de que estos menores no vayan a cárceles o centros de detención de ICE y pasen rápidamente de la custodia de inmigración a la del Departamento de Servicios Sociales.

Schey y Holguín demandaron en los años ochenta al gobierno de Estados Unidos por el trato a menores refugiados utilizando el caso de Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña de 15 años arrestada en 1985 entrando a Estados Unidos y detenida prácticamente como una criminal.

El caso fue litigado durante 9 años y llegó a la Corte Suprema, produciendo en 1993 un acuerdo que llevó a un cambio y a mejoras en las condiciones de detención de menores migrantes.

En una entrevista con La Opinión, Schey dijo que en las próximas semanas estará visitando centros de detención en todo el país para entrevistar a migrantes y solicitar a la jueza Gee que considere lo que está ocurriendo en vista de las obligaciones legales que el gobierno tiene por FLORES.

“Según todo lo que estamos viendo del gobierno, no parece que tengan ningún plan coherente para reunir a los niños con sus padres”, dijo Schey.

Desde que el gobierno de Trump empezó en abril a aplicar esta política de “cero tolerancia”, la práctica es acusar a los adultos que vienen con niños de un delito federal -si se trata de la primera vez es un delito menor por “entrada ilegal”.

En vista de la acusación criminal, se llevan a los padres a una cárcel y los niños son enviados a un refugio contratado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“Lo único que quieren los padres es salir de la cárcel para poder saber donde están sus hijos o reencontrarse con ellos y se declaran culpables, aunque quizá no lo sean”, dijo Schey. “Pero ¿qué pasa luego? que los deportan y no saben qué pasa con sus hijos, que se quedan atrás”.

El abogado opina que si una persona tiene un caso legítimo de asilo no deberían ser acusados de un delito. “Deberían ser entrevistados por un oficial de asilo antes de llevarlos a la cárcel”, dijo Schey. “Pero eso no es lo que está ocurriendo”.

Schey dijo que la política de “cero tolerancia” no es más que un “martillazo que cae sobre la cabeza de padres e hijos”.

No sería la primera vez que la jueza Gee rechaza políticas del gobierno en el trato a migrantes menores de edad.  El año pasado, Schey y Holguín pidieron a la jueza federal una orden que mejorara las condiciones de detención de los centros fronterizos de CBP, donde según FLORES, los niños sólo pueden estar un máximo de 72 horas antes de ser transferidos a ORR.

“Los acusamos de violar el acuerdo porque no le daban a todos los niños colchones, o jabón y toallas para bañarse, o ropa para cambiarse”, dijo Schey. “El gobierno argumentó que nada de eso estaba en el acuerdo. La juez rechazó esta postura diciendo que el trato a los niños debe respetar su dignidad”.

Mitos y realidades del ACUERDO FLORES

MITO: Flores es una ley que obliga al gobierno a separar a las familias

REALIDAD: El acuerdo flores, que data de 1997, fue el resultado de más de diez años de demandas contra las políticas de detención de menores migrantes que usaba el gobierno de Estados Unidos.

El resultado, acordado entre los demandantes y el gobierno de Estados Unidos, estableció los estándares mínimos en ese trato.

Lo que requiere Flores es:

1- Que los menores sean liberados sin retraso innecesario a un padre, guardián legal, familiar adulto, individuo designado por el padre, un programa de bienestar infantil.

2-Cuando un menor no puede ser liberado porque hay peligro de escape o riesgo a la seguridad pública, puede ser entonces detenido en un contexto lo menos restrictivo posible y de acuerdo a su edad y necesidades especiales. Se trata generalmente de un tipo de refugio, con licencia para el bienestar infantil y de baja seguridad.

MITO: El gobierno solo comenzó a separar a las familias por el acuerdo Flores.

REALIDAD: El gobierno de Trump ha escogido aplicar una política de acusar penalmente a todas las familias que llegan a la frontera y no se presentan por una garita. Esta política es nueva. Antes se encarcelaba a algunos de estos migrantes si tenían antecedentes o se creía que no eran familiares verdaderos de los niños y estos estaban en peligro.

El resultado de esta decisión es que los niños terminan quedándose solos bajo custodia de las autoridades. Anteriormente, se les detenía junto a sus  padres en centros familiares mientras presentaban sus casos de asilo o luchaban contra la deportación.

MITO: Flores restringe por cuánto tiempo el gobierno puede detener a un menor

REALIDAD: El acuerdo hace prioritaria la liberación del niño, excepto en dos casos: cuando se requiere para asegurar su presencia en la corte migratoria y cuando se requiere para garantizar la seguridad del menor y de los demás.

MITO: El gobierno debe detener a las familias migrantes

REALIDAD:  El gobierno puede elegir opciones más humanas y programas que han sido muy efectivos. El gobierno de Obama tenía un “Programa de Manejo de los Casos Familiares” que liberaba bajo vigilancia a las familias y el mismo tuvo una efectividad del 99%. El presidente Trump acabó con el programa y ordenó las medidas actuales.