Trump no necesita al Congreso para frenar separación de familias, asegura exdirectora de “La Migra”

WASHINGTON— La Administración Trump sí puede revertir su política de separar familias sin la intervención del Congreso y las medidas migratorias sobre el tapete no corregirán la crisis actual, afirmó una exfuncionaria de Inmigración.

En entrevista con este diario, la ex-comisionada del otrora Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) entre 1993 y 2000, Doris Meissner, afirmó el martes que, contrario a lo que argumenta la Casa Blanca, la Administración tiene autoridad de ajustar su política de “tolerancia cero” en la frontera sin la mediación del Congreso.

En una movida sin precedente, la Administración ha venido separando desde abril pasado a los niños de padres que sean procesados judicialmente por cruzar ilegalmente la frontera, aunque grupos pro-inmigrantes aseguran que han documentado casos entre solicitantes de asilo.

“No se requiere que el Congreso haga algo para cambiar la situación de separar a las familias… La Administración Trump sigue diciendo que esto solo puede cambiarse o corregirse por el Congreso, pero eso no es cierto”, afirmó Meissner, analista sénior del Instituto de Política Migratoria (MPI, inglés).

“Que yo sepa, no hay nada en ninguna de las dos medidas que cambie lo de separar a las familias en la frontera del suroeste. Así es que, a menos que estas medidas cambien, es una pantalla de humo”, subrayó.

Respecto a la insistencia de la Administración Trump de que el Congreso corrija “resquicios legales”, como el llamado Acuerdo Flores de 1997, para frenar la inmigración ilegal, Meissner explicó que éste fue producto de un litigio relacionado con las condiciones en las que los menores pueden permanecer detenidos.

Ese acuerdo, que es vinculante, establece que el gobierno ofrezca las condiciones menos estrictas y durante un breve periodo de tiempo hasta que los menores son entregados a sus familias u otros adultos responsables, explicó Meissner.

“No sé por qué le llaman ´resquicio´, fue un acuerdo judicial y ya lleva más de 20 años en vigor, bajo gobiernos demócratas y republicanos. Sólo se puede cambiar mediante una legislación y es lo que está pidiendo la Administración”, precisó Meissner, quien firmó el acuerdo.

Sin embargo, tal como están escritas, las dos medidas migratorias sobre el tapete tampoco alterarían el Acuerdo Flores, por lo que, a juicio de Meissner,  la retórica actual es parte de la estrategia de buscar culpables.

Tampoco cree que las medidas conseguirán suficientes votos en el pleno de la Cámara Baja, donde la misma bancada republicana se mantiene dividida sobre cómo resolver la crisis actual.

Meissner recordó que el Congreso originalmente debía resolver el problema del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, pero la crisis en la frontera ha obligado a los legisladores a fijar la atención en la separación familiar.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, desde mediados de abril y hasta el pasado 9 de junio, las autoridades han separado a 2,342 niños en la frontera. En total, el gobierno de EEUU tiene bajo su custodia a poco más de 12,000 niños, de los cuales 10,000 fueron procesados como niños no acompañados.

Un creciente número de legisladores y gobernadores de ambos partidos han condenado la práctica, y han dicho que si bien el gobierno tiene responsabilidad de hacer cumplir las leyes, también debe procurar hacerlo sin violentar el derecho al debido proceso.

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Ante informes de que, según dijo ayer Trump a los legisladores republicanos que su propia hija, Ivanka, le ha pedido resolver la crisis, grupos pro-inmigrantes aseguran que el mandatario podría hacerlo, si quisiera, con una sola llamada o un mensaje en Twitter.

Meissner consideró que es prematuro determinar si la política de “tolerancia cero” en la frontera ya está surtiendo el efecto de desalentar la inmigración ilegal, porque el camino hacia Estados Unidos es costoso y puede tomar semanas o meses, y habría que esperar realísticamente entre dos y tres meses para evaluarla.

“Es algo extremadamente severo… aún si sirve como elemento disuasorio, el precio que pagamos como país es extraordinario, y yo diría que demasiado alto”, puntualizó.