Propuesta migratoria es otro ataque contra pobres y familias inmigrantes, denuncian activistas

WASHINGTON— A sólo 91 días de los comicios legislativos, la Administración Trump ha vuelto a desempolvar una propuesta para restringir la residencia permanente o la ciudadanía y que, según denunciaron este martes activistas, privilegiaría a los ricos y trataría a familias inmigrantes de bajos recursos como “ciudadanos de segunda clase”.

La propuesta, filtrada a la cadena televisiva NBC News y otros medios en inglés, es similar a una que circuló en febrero y marzo pasados, sólo que ahora, de implementarse, restringiría la inmigración legal, o la negaría, a personas que puedan convertirse en una “carga pública”.

De esta forma, según indicaron hoy activistas en una conferencia telefónica con periodistas, la Administración Trump prácticamente castigaría a familias que soliciten cupones de comida u otra asistencia pública a través de “Medicaid”, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, en inglés), subsidios bajo “Obamacare”, y decenas de otros programas públicos.

La propuesta que estudia la Oficina para la Gestión de Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) para redefinir lo que es “carga pública” ha sido ingeniada por Stephen Miller, un asesor de Trump conocido por su política nacionalista y ultraconservadora.

El reglamento no necesitaría la aprobación del Congreso y afectaría a más de 20 millones de inmigrantes, incluso a quienes tengan hijos nacidos en Estados Unidos.

“Están tratando de evadir el Congreso al poner en marcha reglas nuevas y extremas que harían el camino hacia la ciudadanía imposible salvo para los más ricos de entre las familias inmigrantes”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC).

Hincapié dijo que la propuesta, como en décadas pasadas, se presta al abuso y en el pasado se utilizó para perjudicar a judíos que huían de la Segunda Guerra Mundial, o para frenar la entrada a irlandeses que buscaban refugio en EEUU. “No podemos abrirnos a la posibilidad de ese tipo de abuso”, advirtió.

Por su parte, Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro para Leyes y Política Social (CLASP, en inglés), señaló que la propuesta sugiere que las familias con ingresos de menos de $62,000 dólares tendrían menos probabilidades de contribuir al futuro de EEUU y, por lo tanto, no tendrían derecho a beneficios migratorios.

“Lo que se ha filtrado es el borrador de una propuesta, así es que todavía hay tiempo para frenarla”, observó Golden, al precisar que la propuesta tiene que ser publicada y sometida a un periodo de comentarios públicos, antes de ser implementada en su versión final.

Shelby González, analista política del Centro para Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP, en inglés), dijo que “tan solo con escuchar rumores de este reglamento” está ahuyentando a familias que dependen de asistencia pública para subsistir. Muchas familias están rechazando beneficios como el Crédito Tributario por Ingresos (EITC) y otro para familias con hijos menores, agregó.

Este reglamento en ciernes trataría a los niños como “ciudadanos de segunda clase” y minaría su capacidad para prosperar en este país, dijo.

Coalter Baker, un portavoz de la OMB, dijo a este diario que la agencia no suele comentar sobre reglamentos que están bajo revisión, y tampoco precisó cuándo se publicaría.

DHS defiende la “autosuficiencia”

En declaraciones a este diario una funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidió el anonimato, dijo que las leyes en vigor siempre han incluido requisitos respecto a la “carga pública” para determinar el ingreso de ciertos inmigrantes y, en todo caso, otras Administraciones han modificado unilateralmente las leyes eludir el significado de los estatutos federales.

“La ley federal generalmente requiere que los inmigrantes puedan sustentarse financieramente y no depender de beneficios públicos como el welfare… este principio claro y justo es común en muchos sistemas migratorios en el mundo. Los reglamentos sobre beneficios públicos se han ignorado durante décadas”, abultando la deuda y el déficit y perjudicando a los contribuyentes estadounidenses, argumentó la funcionaria.

“Hay miles de millones de personas en el mundo que quisieran emigrar a EEUU pero el gobierno tiene la obligación de evaluar esas solicitudes de acuerdo con la ley y estatutos federales, para resguardar la justicia para el contribuyente estadounidense, y se proteja” el sistema de bienestar social, afirmó la funcionaria, quien insistió en que el 73% de los votantes apoya que los inmigrantes no dependan de la asistencia pública.

Aun sin un aviso oficial y sin entrar en vigor, la propuesta ya está infundiendo temor en la comunidad inmigrante, donde grupos cívicos documentan casos de personas que rechazan atención médica, cupones de comida y otros tipos de asistencia pública –pese a reunir los requisitos–, por temor a perjudicar sus casos de residencia permanente u otros ajustes migratorios.

Grupos conservadores como NumbersUSA aplaudieron que la Administración Trump hable en serio sobre un mayor escrutinio de las solicitudes para la residencia permanente y la ciudadanía, para hacer cumplir las leyes y combatir el fraude migratorio.

La nueva filtración del documento se produjo cuando faltan 91 días para los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre. Esos comicios ayudarán a reconfigurar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y el presidente Donald Trump ha utilizado la inmigración como herramienta electoral. De hecho, ha pedido a sus votantes que ayuden a elegir a republicanos para avanzar su política conservadora.

La propuesta también salió a la luz cuando la Administración Trump intenta por todos los medios disuadir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

Su política de “tolerancia cero” en la frontera sur provocó la separación de 2,551 niños de sus padres y, tras un fallo judicial, generó un caótico proceso de reunificación familiar.