Fracasa segundo intento legislativo por desaparecer a consultores de migración en California
Faltó consenso en el Senado para aprobar el controversial proyecto de ley que pretendía frenar el fraude migratorio
Desafortunadamente, los fraudes de los notarios se detectan hasta que el inmigrante que utilizo sus servicios sufre los efectos. (Archivo) Crédito: ARchivo | Impremedia/ La Opinión
Una medida que buscaba desaparecer a los consultores de migración o notarios que ofrecen asesoría legal sin ser abogados en California, no pudo conseguir los votos que necesitaba para salir del Senado e ir al escritorio del gobernador Jerry Brown para su aprobación o veto.
La AB 638 de la asambleísta demócrata de Salinas, Ana Caballero tuvo 17 votos en contra y 13 a favor en el Senado.
Es el segundo año que se intenta frenar a los consultores de migración por la vía legislativa, pero la asambleísta Caballero no lo ha conseguido. La medida no ha logrado pleno consenso. Organizaciones como CHIRLA y CARECEN, y algunos abogados la han impulsado fuertemente para evitar que más inmigrantes sean víctimas de estafas migratorias.
Pero a la vez organizaciones como el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM). El líder de la bancada latina Ben Hueso votó en contra así como la senadora de Montebello, Vanessa Delgado; el presidente emerito del Senado, Kevin De León no votó ni a favor ni en contra. Legisladores como el senador de Bell Gardens, Ricardo Lara votaron a favor.
El proyecto de ley buscaba combatir la práctica no autorizada del derecho, regular a los proveedores de servicios de migración y agregar protecciones al consumidor para quienes necesitan asistencia en materia migratoria.
Concretamente a partir de enero de 2020, hubiera hecho ilegal que quienes no están autorizados para practicar el derecho en este estado o para representar a otros bajos las leyes federales en un asunto de migración, actuaran como consultores de migración.
A favor, Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) dijo que la medida de Salinas trataba de proteger a los consumidores para que sus casos no cayeran en manos de gente no autorizada a nivel federal con consecuencias irreparables para los inmigrantes indocumentados.
El líder del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), MIguel Ángel Pérez dijo que se oponían porque hubiera dejado a una gran mayoría de la comunidad sin acceso a servicios de llenado de solicitudes a bajo costo, y provocado que algunas organizaciones y abogados, monopolizaran el negocio. Además de que se hubieran perdido miles de empleos.
