DACA pende de un hilo tras un año de que Trump anunció su desmantelamiento

WASHINGTON — La Administración Trump anunció hace exactamente un año el desmantelamiento de DACA, pero este miércoles líderes del Congreso y activistas pro-inmigrantes en todo EEUU prometieron seguir defendiendo el programa migratorio ante el Tribunal Supremo si es necesario, y en las urnas en noviembre próximo.

Cumpliendo una promesa electoral de 2016, el presidente Donald Trump anunció el 5 de septiembre de 2017 el desmantelamiento escalonado del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y dio plazo al Congreso hasta marzo pasado para encontrar una solución legislativa permanente.

La idea era que los “DACAmentados” perderían la protección de la deportación una vez que vencieran por última vez sus permisos, a menos que el Legislativo ofreciera una solución el pasado 5 de marzo.

Sin embargo el Congreso, dividido como siempre en el tema de inmigración, no logró consenso y, mientras tanto, varios tribunales federales han mantenido con vida DACA para unos 700,000 jóvenes indocumentados.

La Administración ha impugnado cada dictamen, lo que augura una batalla legal que con seguridad desembocará en el Tribunal Supremo en 2019, según expertos.

“Lo que era cierto hace un año lo sigue siendo ahora: el futuro de los Dreamers y los intereses de EEUU instan al Congreso a que finalmente ofrezca una solución legislativa permanente para resolver el estatus de los Dreamers”, dijo Gaby Pacheco, activista y organizadora de “TheDream.US”.

Las “curitas” que han puesto los dictámenes judiciales para mantener con vida DACA no son suficiente porque sus beneficiarios necesitan la “certidumbre y estabilidad” que sólo puede dar un solución permanente, agregó Pacheco, cuyo grupo ofrece becas universitarias a los “dreamers”.

Entre la esperanza y la incertidumbre

Los “dreamers”, bajo amenaza de deportación si pierden su protección temporal, han estado a la merced de dictámenes judiciales, sin poder hacer planes a largo plazo por la incertidumbre sobre su futuro estatus migratorio.

Catalina Morales, activista “dreamer” del grupo “ISAIAH Minnesota”,  dijo que, como miles más, no puede hacer planes de futuro porque nadie sabe a ciencia cierta qué harán los tribunales, el Congreso o el propio Trump.

“Si has estado ahorrando dinero para la universidad, ¿Sigues tus planes, sin saber si podrás quedarte en EEUU y graduarte? ¿Y si alguien quiere ser médico, abogado o tomar otras carreras que toman más años de estudio, qué debe hacer? Es muy frustrante y mezquino lo que nos ha hecho Trump”, señaló.

El viernes pasado, el juez federal Andrew S. Hanen, en Brownsville (Texas), rechazó una petición de una coalición de siete estados conservadores para cancelar de inmediato DACA, si bien sugirió que, al final, el programa sería declarado ilegal.

Hanen respondió así a una demanda que presentaron el pasado 1 de mayo Texas y otros seis estados para bloquear DACA, tanto para la renovación de permisos como para casos nuevos.

Entre enero y abril pasados, tres tribunales federales, en San Francisco (California), Brooklyn (Nueva York) y Washington, D.C, sede de la capital estadounidense, ordenaron la reactivación de DACA para la renovación de permisos.

El tribunal de Washington, además, autorizó reactivar el programa incluso para casos nuevos, pero posteriormente el juez John Bates suspendió esa parte mientras la Administración apela todo el dictamen.

Sin visos de un final favorable para los Dreamers, la Administración ya impugnó los dictámenes de San Francisco y Nueva York, que, en general, declararon ilegal el proceso de desmantelamiento de DACA.

Mientras, la incertidumbre también se apodera de empresarios, escuelas, fábricas, tiendas y demás sitios de empleo que dependen de la mano de obra de los beneficiarios de DACA.

Según datos oficiales de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, para el pasado 31 de julio, 704,000 jóvenes indocumentados estaban amparados a DACA.

Al Congreso le falta “apetito”

El grupo “FWD.us” ha destacado el costo económico y moral de eliminar DACA, tomando en cuenta que borrar a los “dreamers” del mercado laboral provocaría una pérdida de $460,000 millones en el Producto Interno Bruto (PIB) en una década, con un severo impacto en la economía de todos los estados del país.

Los activistas de “FWD.us” coincidieron en que la solución más lógica es que el Congreso apruebe una ley que proteja a los Dreamers y resguarde la seguridad fronteriza.

La mayoría de la opinión pública estadounidense apoya una solución permanente para los Dreamers y el Congreso debe actuar pronto para impedir otra crisis.

Pero en los corredores del Congreso, a solo dos meses de los comicios legislativos, no hay apetito para abordar un asunto tan polémico como divisorio.

El legislador demócrata por Texas, Joaquín Castro, afirmó que ese limbo legal en el que se encuentra DACA ya ha separado a familias, le ha ocasionado pérdidas a las empresas, ha incrementado el miedo en las comunidades inmigrantes, y contraviene los valores fundacionales de Estados Unidos.

“Las demandas no son una solución sostenible, y no podemos permitir que sus futuros sean pieza de negociación. Depende del Congreso resolver este asunto por la vía legislativa, pero desafortunadamente no estamos más cerca de lo que estuvimos en 2017”, lamentó Castro, quien responsabilizó a los republicanos del estancamiento actual.

Ninguna de las iniciativas propuestas por demócratas, o de forma bipartidista, para ayudar a los Dreamers ha tenido fecha para debate y voto en el Congreso.

Al destacar su apoyo a los Dreamers, el legislador republicano por Colorado, Mike Coffman, afirmó que “ha sido verdaderamente frustrante” que los esfuerzos bipartidistas en el Congreso no hayan dado fruto.

“Para mí es crítico que se dé a estos jóvenes y sus familias la certidumbre que merecen para planear su futuro. Seguiré trabajando en este asunto tanto importante para darles a estos jóvenes una esperanza”, prometió Coffman en declaraciones a este diario.

Un llamado a las urnas

Juan Escalante, un activista Dreamer de “America’s Voice”,  consideró que el Congreso debe asumir la “seriedad necesaria” para consensuar una solución permanente, porque es innegable que los Dreamers contribuyen a diario en sus comunidades, pero necesitan “un pedazo de papel” que los regularice.

Por ello, Escalante dijo que, si el Congreso se niega a actuar, lo que corresponde es movilizar a los votantes para reconfigurar el control del Legislativo en los comicios del próximo 6 de noviembre, eligiendo a “líderes que defiendan a los Dreamers”.

Se prevé que la inmigración sea  un tema en los comicios de noviembre, y algunos republicanos, como Coffman y Carlos Curbelo, en Florida, coinciden en la urgencia de una solución.

Curbelo lamentó que, en vez de reconocer la ansiedad de los Dreamers, líderes en ambos partidos “prefieren los juegos políticos de inmigración a soluciones” duraderas.

Pero “United We Dream Action” afirmó que por culpa del bloqueo republicano del “Dream Act”, los Dreamers ahora viven una “pesadilla”,  por lo que los activistas se han trazado la meta de contactar a más de medio millón de votantes en los próximos dos meses.

Trump no está en la papeleta de votación pero sí lo están los republicanos que bloquearon el “Dream Act”, y “United We Dream” dijo que ha pisado el acelerador para recabar más fondos para derrotarlos en las urnas.

El aniversario del desmantelamiento de DACA se produce además mientras el Congreso se alista para debatir y someter a voto la versión final del presupuesto federal para el año fiscal 2019, que incluye más fondos para las acciones policiales contra la población indocumentada.

La versión aprobada por la Cámara de Representantes incluye $51,400 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que la del Senado autoriza $48,300 millones.

Richard Morales, director de políticas de La Red, una iniciativa del grupo “Fe en Acción”, prometió mantener la presión sobre el Congreso para que cese el financiamiento de las deportaciones familiares y apruebe protecciones permanentes para los Dreamers.

Actvistas de grupos religiosos, entre éstos el Friends Committee on National Legislation” (FCNL) se sumaron al llamado para que el Congreso rechace un aumento de fondos para combatir a los inmigrantes indocumentados.