Urgen rechazo de medida republicana para prolongar detención de niños inmigrantes
La Administración Trump mantiene su campaña de presión para que el Congreso elimine el "Acuerdo Flores" y permita la detención prolongada de niños migrantes
Un niña de Centroamérica descansa en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas. Crédito: John Moore | Getty Images
WASHINGTON— Un comité del Senado votará la próxima semana una medida republicana que, en aras de evitar la separación de familias, propone la detención indefinida de niños inmigrantes con sus padres, pero grupos defensores de los inmigrantes han iniciado una campaña de presión en su contra.
El senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, presentó formalmente el “Acta de Familias” (S. 3478) el martes pasado y, de ser aprobado, facilitaría la detención prolongada de niños inmigrantes, aunque ya no separados de sus padres.
La medida, que aún no tiene copatrocinadores, será sometida a votación preliminar la próxima semana en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el mismo en el que funcionarios de alto rango de la Administración repitieron su solicitud de anular el “Acuerdo Flores” de 1997.
El proyecto de ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elabore una estrategia “integral” para mantener el control operacional de la frontera sur, resguardar la custodia de niños migrantes acompañados por sus padres, y fortalecer el despliegue de tecnología contra el tráfico de drogas y personas en la frontera.
La legislación de Johnson se suma a los esfuerzos de la Administración Trump por ampliar los centros de detención de familias, más allá de los tres que tiene el gobierno, dos en Karnes City y Dilley, en el sur de Texas, y el tercero en el Condado Berks, en Pensilvania. En su conjunto, los tres tienen capacidad para alojar a más de 3,000 inmigrantes.
Los activistas condenaron que el proyecto de ley propone el encierro obligatorio de familias que cruzan ilegalmente la frontera para solicitar asilo; prohíbe que el DHS las ponga en libertad mientras sus casos se ventilan en los tribunales, y permite la separación de familias si los padres tienen antecedentes incluso por infracciones menores en el pasado.
También flexibiliza la supervisión del proceso de contratación de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), pese a que esa entidad también ha sido investigada por abusos.
Además, permite que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), otra que ha sido objeto de investigaciones por abusos, siga inspeccionando sus más de 200 instalaciones, aún cuando el Inspector General del DHS alertó en un informe de junio pasado que la agencia es incapaz de corregir las deficiencias de su régimen de inspecciones.
Por ello, los activistas exigen que el Senado rechace la medida de Johnson porque, a su juicio, el DHS debe ante todo corregir el clima de corrupción y abusos sistémicos en sus operaciones contra los inmigrantes.
Sandra Cordero, directora de la campaña “Families Belong Together”, acusó a los republicanos de ser cómplices de la Administración Trump en la implementación de “políticas crueles e inhumanas que encarcelan a niños inocentes, familias que huyen de la violencia, y niños que llegan solos a este país con la esperanza de una mejor vida”.
Cordero consideró inexplicable que, pese al “sentido común” y a que los expertos médicos del gobierno han señalado el daño a largo plazo que puede tener el encierro en los menores, los funcionarios del DHS no se han molestado siquiera en evaluar esos informes.
Cordero también pidió que el Congreso investigue a los responsables de la detención de niños y les haga rendir cuentas “por abusos de los derechos humanos”.
Por su parte, Heidi Altman, directora de políticas del “Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes” (NIJC, por su sigla en inglés), dijo que la medida de Johnson agravaría los abusos sistémicos en los centros de detención, en unos momentos en los que EEUU ya ocupa entre los peores lugares respecto al trato de niños migrantes, según el “ïndice NextGen” de la Campaña Global para Eliminar la Detención de Niños.
Lorella Praeli, subdirectora política de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), señaló que el proyecto de ley no haría más que fortalecer la “agenda anti-inmigrante” del presidente Donald Trump, y debilitar las protecciones legales para niños inmigrantes.
“Los senadores deben rechazar rotundamente este proyecto de ley, o afrontar el rechazo de los votantes en noviembre”, advirtió Praeli, al referirse a los comicios del próximo 6 de noviembre, que definirán el control del Congreso.
Estados Unidos tiene el sistema de centros de detención de inmigrantes más extensos del mundo, con poco más de 200 instalaciones en todo el país y aproximadamente 34,000 personas detenidas a diario.
En la actualidad, 12,800 niños no acompañados permanecen en albergues del gobierno, incluyendo poco más de 400 -del total de más de 2,550- que fueron separados de sus padres como parte de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.
EEUU sólo ha ratificado uno de los seis convenios y protocolos internacionales para la protección de niños migrantes, y tampoco tiene leyes vigentes que impidan el encierro de menores.
