Inseguridad, prueba de fuego para López Obrador

MÉXICO – Mientras lees este artículo es probable que una persona sea asesinada violentamente en este país, una más que registran cada hora las calles, los negocios, domicilios particulares… También puede ser que alguien sea secuestrado o un camión de carga asaltado o algunos transeúntes despojados de sus pertenencias, el celular, la cartera y, de paso, haya violación o maltrato.

Los primeros días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demuestran que el crimen mantiene una inercia y no cesa ni respeta cambios de partido en el poder u objetivos de transformaciones radicales.

López Obrador ha pedido paciencia para ver consolidados sus objetivos. Para la seguridad, dio una fecha precisa: cuatro meses. Después de este tiempo, promete hacer una evaluación de su estrategia que apuesta, igual que sus predecesores, a las Fuerzas Armadas, a pesar de la  frustración de algunos de sus seguidores que quieren sacar al Ejército del combate a los delitos.

En cambio se apuesta por la desaparición de la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional con marinos y militares al mando, una acción a la que se oponen hasta algunos de sus incondicionales como la hija del fundador del Partido Acción Nacional (PAN) y hoy diputada por Morena, Tatiana Cloutier. “Eso no es lo que prometimos”, protestó.

López Obrador envió al Congreso las reformas a varios artículos, como el 21 Constitucional, para crear la Guardia Nacional y confió en su aprobación por parte de los legisladores de Morena, del que es fundador y actualmente tiene la mayoría. “Tendremos marco legal que va a permitir a las fuerzas militares participar en tareas de seguridad pública, además de que se sumarán más elementos para la seguridad (alrededor de 50,000)”.

Pero una parte de la población está escéptica. Principalmente los activistas que llevan procesos de análisis sistemáticos de la inseguridad, como a organización Alto al Secuestro, que en su último informe de diciembre denunció que cada 24 horas ocurren 165 secuestros.

“Los delincuentes cada vez más empoderados nos siguen atacando aún después de haber sido detenidos, esta realidad debe cambiar y cumplirse con lo que manda nuestra Constitución: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, advirtió Isabel Miranda de Wallace, directora de la organización.

Una de las razones que provoca la repetición del delito es la impunidad derivada de una ineficiente procuración de justicia que depende del jefe del Ejecutivo.

“Los procuradores o fiscales no deberían ser designados por el presidente o mandatario estatal porque se vuelven sus subordinados, jueces y parte para bien o para mal, pero eso es algo a lo que AMLO, como los otros presidentes que le precedieron se han opuesto”, advirtió Damián Zepeda, presidente del PAN.

Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana, señala que el principal problema del plan de seguridad de la nueva administración es que ni siquiera se trata de una propuesta de seguridad, sino de una reorganización institucional.

“Se debe contar con un diagnóstico que identifique: los problemas precisos; soluciones o medidas de solución y cómo se van a reducir las dinámicas de la violencia, y “eso no lo dice López Obrador”.

Pero una evaluación más certera sobre los resultados de las políticas de seguridad podría, entonces, esperarse para abril próximo, según los tiempos del mandatario.

La inseguridad en cifras:

• Pérdidas del 0.5% del PIB según los industriales: sólo en transporte.
• 11,895 secuestros durante la administración anterior: Alto al Secuestro.
• 10 periodistas asesinados durante el 2018; en las últimas horas, intimidaron al diario tamaulipeco Expreso con una cabeza en una hielera en sus oficinas.
• 28,000 asesinatos en el último año: Semáforo Delictivo.