¿USCIS ya aplica el plan de “carga pública” a inmigrantes?

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración es de las pocas que funcionan casi al 100% por el cierre de gobierno
¿USCIS ya aplica el plan de “carga pública” a inmigrantes?
El reglamento de "carga pública" sigue en revisión.
Foto: John Moore/Getty Images

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es de las pocas dependencias que no tiene problema por el cierre parcial de la Administración del presidente Donald Trump, por lo que sus programas operan con normalidad, así como sus nuevos planes para inmigrantes.

Sin embargo, el nuevo reglamento sobre “carga pública” no ha sido avalado y no hay una fecha para que entre en funcionamiento, indicó una fuente de esa dependencia.

Esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que están en revisión todos los comentarios emitidos durante 60 días, lo cual concluyó el 10 de diciembre, pero agregó que no hay una fecha límite para aplicar los lineamientos.

Anteriormente, el vocero de USCIS, Michael Bars, señaló que los comentarios públicos estaban siendo considerados en su totalidad.

“USCIS dará la debida consideración a todos los comentarios que recibimos durante el período de comentarios públicos”, dijo en diciembre pasado, después de que terminara el periodo reglamentario.

El reglamento busca “determinar la probabilidad de que un solicitante, en cualquier momento, se convierta en una carga pública” para las finanzas de los Estados Unidos, por lo que oficiales de inmigración determinarían si avalan o no un beneficio migratorio, como Residencia Legal Permante o “green card”.

El plan considera factores que ya están establecidos en leyes previamente aprobadas por el Congreso, como la edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades.

“Hasta que se complete el proceso de reglamentación, nos mantendremos enfocados en implementar y cumplir fielmente una ley que el Congreso promulgó por primera vez hace más de 100 años, en línea con la orientación existente”, precisó Bars.

Una coalición de 32 ciudades lideradas por Nueva York y Chicago se oponen a la norma, bajo el argumento de que viola la Ley de Procedimiento Administrativo, entre otras leyes federales y, sobre todo, porque castiga a los más vulnerables.

Cabe indicar que una posibilidad del resultado de evaluación de los comentarios es que el reglamento sea cancelado.