Cierre de gobierno retrasaría casos migratorios por meses o años

El cierre parcial del gobierno que duró 35 días no solo resultó en miles de audiencias judiciales canceladas, sino que también ha generado un caos para todos los involucrados en el sistema de inmigración.

La mayoría de los jueces fueron suspendidos y los que permanecieron estuvieron trabajando sin paga, reportó el periódico Los Ángeles Times.

Los abogados cancelaron los vuelos para audiencias fuera de la ciudad y, a falta de instrucciones del Departamento de Justicia, continúan cumpliendo con los plazos de presentación impuestos por los tribunales que no están abiertos a aceptarlos.

Docenas de inmigrantes han acudido a los juzgados todos los días, algunos inconscientes del cierre, muchos simplemente para probar que no se saltaron la audiencia intencionalmente.

Con más de 76,000 casos pendientes en noviembre, Los Ángeles ya tenía la segunda mayor cantidad de atrasos en la corte de inmigración de la nación, según el Centro de intercambio de registros de transacciones en la Universidad de Syracuse.

En todo el país, más de 800,000 casos estaban pendientes, una cifra que se ha incrementado desde un mínimo de menos de 125,000 en 1999.

Cada semana del cierre se agregaron 20,000 cancelaciones a la acumulación. Para el 11 de enero, más de 9,000 casos judiciales fueron cancelados solo en California.

Mientras tanto, unos 300 de los casi 400 jueces de inmigración de la nación fueron suspendidos, dijo Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Los horarios de la corte de inmigración se dividen entre audiencias para inmigrantes detenidos y liberados.

Tabaddor dijo que las audiencias para los inmigrantes detenidos, que representan menos del 10% del total, han continuado durante el cierre y están siendo supervisadas por jueces que no reciben pagos.

La moral entre los jueces ya estaba en mínimos históricos antes del cierre, dijo Tabaddor, que tiene su sede en Los Ángeles. En octubre, el Departamento de Justicia implementó un sistema de cuotas vinculado a las evaluaciones de desempeño según las cuales se espera que los jueces de inmigración completen 700 casos al año para recibir una calificación “satisfactoria”. Ella dijo que el Departamento de Justicia no ha brindado ninguna orientación sobre si esas cuotas serán suspendidas ahora que el gobierno reabrió.

Cada día, se vuelve exponencialmente más difícil volver a la velocidad en un corto período de tiempo”, dijo. “Lo que entiendo ahora es que hay montones y montones de archivos que están ahí sentados. Lo primero que tendremos que hacer es desenterrarnos de la montaña de papeles”.

Los voceros de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales de inmigración, no respondieron llamadas telefónicas ni correos electrónicos, hechos por el LA Times.

Un mensaje de correo de voz en la línea de comunicaciones general de la oficina indicaba que la línea no tendrá personal “por un período indefinido”.

Los abogados también fueron paralizados por el cierre. Sabrina Damast, una abogada de inmigración con sede en Los Ángeles dijo que ha seguido enviando documentos del caso a la corte y a los abogados del Departamento de Seguridad Nacional a pesar de que asume que no se estuvo revisando el papeleo durante el cierre.

A ella le preocupa que algunos de esos documentos se pierdan en la confusión.

Damast había estado revisando el estado del cierre todas las mañanas para que decirle a sus clientes si debían o no presentarse ante el tribunal. Muchos ya habían solicitado el tiempo fuera del trabajo y habían hecho arreglos para el cuidado de los niños y el transporte.

“La ironía es que, para todas las autoridades de Donald Trump, aquellas personas que son criminales o infractores reiterados o los ‘tipos malos’, están sufriendo tantas demoras como todos los demás”, enfatizó.

Una mañana reciente, alrededor de dos docenas de personas se pararon frente a la corte de inmigración del centro de Los Ángeles. Adentro, los guardias de seguridad les informaron que el tribunal estaba cerrado. Muchos tomaron fotos de un aviso grabado cerca de los ascensores que indican que los casos “se restablecerán para una fecha posterior después de que se reanuden los fondos”.

Ashley Ramírez tenía una audiencia en la corte ese día para su petición de asilo. La mujer de 29 años dijo que huyó de Guatemala luego de sufrir abusos físicos y sexuales por parte de su novio. Ella y su hija de 9 años se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza en marzo pasado luego de cruzar ilegalmente el Río Grande en Texas. Fue liberada de la detención dos semanas después y llegó a Santa Ana a vivir con su madrina.

Ramírez está inscrita en el Programa de Presentación de Supervisión Intensiva (ISAP), una alternativa a la detención que requiere que se registre con un oficial cada dos semanas. Ella sabía que la corte estaba cerrada, pero el día antes de su audiencia, un oficial de la ISAP le dijo que tenía que tomar una foto de la notificación de cierre y presentarla durante una registración el mismo día.

Después de tomar una foto con su teléfono celular, Ramírez se fue seis cuadras al este a la oficina de ISAP. Después de sentarse durante 45 minutos en la concurrida sala de espera, un oficial la llamó y cuando le mostró la foto, dijo que él le dijo que solo querían estar seguros de que ella haría lo que le pedían.

Tabaddor, de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que es probable que la mayoría de los inmigrantes cuyos juicios se cancelaron tengan que ir al final de la línea, un posible retraso de dos a cuatro años.

Ella reconoció el daño que podría ocasionar que las personas con casos sensibles al tiempo pierdan sus audiencias anticipadas.

“Quienes tengan los mejores casos y estén listos para continuar sufrirán”, dijo. “Los recuerdos se desvanecen, los testigos desaparecen, los niños envejecen, los padres de edad avanzada fallecen”.