Condado de Los Ángeles toma medidas para proteger a inmigrantes de fraude de notarios

Imelda Miranda le dio un total de 10,000 dólares a Oswaldo Rafael Cabrera, un notario que se hacía pasar como abogado de migración, para que le ayudara a conseguir la residencia estadounidense para sus hijos que viven en México.

“Me sentí muy mal cuando me enteré que Oswaldo había sido detenido por fraude migratorio”, dice la mujer de 71 años de edad.

“Por fortuna, pude recuperar 4,000 de los 10,000 dólares que le había dado. Él no hizo nada para que mis hijos pudieran venir a Estados Unidos”, señala.

“Yo siempre pensé que era abogado en migración. Él decía que era abogado”, sostiene.

En 2017, el procurador de California, Xavier Becerra, anunció que Oswaldo Rafael Cabrera – propietario y operador del negocio Coalición Latinoamericana Internacional (CLI) – fue sentenciado a cinco años y dos meses en una prisión estatal después de declararse culpable de gran robo, intento de daño y conspiración para violar la Ley de Consultores de Migración.

Su esposa, María Marcelina Rodas, fue sentenciada a tres años de libertad condicional por los cargos de conspirar para violar esa medida.

“Oswaldo le sacó diferentes cantidades de dinero, 7,000, 10,000 y hasta 12,000 dólares a muchas familias de inmigrantes”, dice Imelda.

Ley estatal

A fin de evitar que más familias de inmigrantes caigan víctimas de notarios o personas que ejercen leyes de migración, la supervisora Hilda Solís consiguió que la Junta de Supervisores le aprobara una moción para apoyar una legislación estatal que proteja a los inmigrantes del fraude migratorio, particularmente de notario.

“Los residentes del condado que caen víctimas del fraude de notarios pierden cientos de miles de dólares, la oportunidad de obtener la residencia y terminan enfrentados a la deportación”, señala.

“El condado de Los Ángeles no se quedará de brazos cruzados: protegeremos, serviremos y defendermos a todos nuestros residentes, independientemente de su estatus”, enfatizó.

Ningún otro condado en el país tiene más inmigrantes que el condado de Los Ángeles.

Según el Buró del Censo de Estados Unidos, casi el 35% de los 10 millones de residentes del condado nacieron en otro país.

Se estima que alrededor de 970,000 inmigrantes indocumentados viven en el condado, más que en ningún otro.

La supervisora Solís dijo en una reunión con directivos de La Opinión que la política federal antiinmigrante del presidente Trump ha provocado un aumento en el número de indocumentados que buscan opciones para legalizar su estatus migratorio.

“Desafortunadamente esta tendencia ha incrementado las oportunidades para que individuos sin escrúpulos cometan fraude contra los inmigrantes y sus familias, al prometerles falsamente beneficios de migración a cambio de altos cobros”, afirma.

Estos individuos, explica la supervisora, no son abogados ni están autorizados para representar a la gente en asuntos de migración.

Se estima que las prácticas fraudulentas de migración causan más deportaciones que las autoridades de migración.

Precisa que las personas que no son abogados ni están aprobados por ley federal para ofrecer servicios de migración son conocidos como notarios, una etiqueta que es altamente engañosa. “En América Latina, los notarios públicos son abogados altamente especializados y entrenados. En cambio, en los Estados Unidos su trabajo es autenticar documentos y ser testigos de firmas”, resalta.

Muchos de los que estafan a los inmigrantes, señala, usan una licencia de notarios públicos para tergiversar sus calificaciones a los inmigrantes que creen que son abogados.

Aumentan las quejas

En los dos últimos años, hemos recibido alrededor de 600 quejas contra notarios y consultores de migración que no tenían autorización federal para ejercer las leyes de migración, explica Rigo Reyes, director de la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes del condado de Los Ángeles.

“Van con los notarios o los consultores porque creen que son baratos y que los abogados cobran mucho. No saben que los abogados y consultores no pueden dar asesoría legal migratoria, ni respuestas, ni decirles qué formularios pueden llenar”, precisa.

La mejor recomendación que se le puede dar a los inmigrantes que buscan legalizar su estatus migratorio es buscar un abogado de inmigración o un lugar acreditado a nivel federal.

“Deben entender que el costo de ir con un notario no es necesariamente más bajo que el de un abogado. A veces les sale igual o más caro. Y el riesgo de que terminen deportados es muy grande. Un abogado les puede decir sus opciones, pero nunca les va a garantizar resultados”, comenta.

Señales de alerta

Reyes cita algunas de las señales de alerta más comunes a las cuales se debe prestar atención para evitar ser víctima de fraude migratorio. “Si les prometen resultados, si les dicen que no son abogado pero que eso no les impide ayudarlo, y si no les quieren dar un contrato especificando costos y tiempos, lo más probable es que sea un fraude”, sostiene.