Incertidumbre entre inmigrantes por propuesta de ‘carga pública’

Incertidumbre entre inmigrantes por propuesta de ‘carga pública’
La expansión de la definición de carga pública podría extenderse a aquellos que usaron Medicare parte B.
Foto: La Opinión - Aurelia Ventura

Desde hace 30 años que Ana espera una oportunidad para hacerse residente de los Estados Unidos. Pero ahora, con la posible aprobación de una propuesta para extender la definición de “carga pública” en las aplicaciones de inmigración, teme que su sueño de hacerse residente no se haga realidad.

“Ana”, quien pidió mantener su verdadero nombre confidencial, llegó a Los Ángeles, California, desde Durango, México, con sus dos hijos, a quienes crio como madre soltera. La inmigrante mexicana contó que uno de sus hijos padece de artritis reumática, lo que ha hecho que desde pequeño tenga que visitar el hospital con frecuencia.

“Al llegar a EEUU, decidí trabajar por las noches, limpiando oficinas, para poder llevar a mi hijo a los doctores durante el día”, indicó Ana, en entrevista con La Opinión. La artritis reumática es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca a los propios tejidos, y afecta a distintas partes del cuerpo causando dolor, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones.

Llegó un momento en el que Ana tuvo que dejar de trabajar para poder cuidar a su hijo tiempo completo.

“Fue ahí que tuve que pedir SSI [Supplemental Security Income Benefits]”, explicó la madre, refiriéndose al programa de asistencia social para personas con desafíos físicos o mentales, que no deriva de los impuestos de salarios.

“Pedí ayuda todo el tiempo que mis hijos estaban pequeños y eso me tiene muy preocupada. Ahora soy elegible y apliqué hace un año para mi residencia, pero temo que me la nieguen por haber pedido asistencia para mis hijos. A veces pienso que hubiese sido mejor no haber pedido ninguna ayuda”, expresó Ana, que está casada desde hace cinco años con un ciudadano estadounidense y cuyos dos hijos son también ciudadanos. En la actualidad, la inmigrante está esperando que le llegue la cita para la entrevista para pedir su residencia, que tendrá lugar en Ciudad Juárez, México.

Definición de ‘carga pública’

La política de negarle a un individuo la entrada a los Estados Unidos o un ajuste en su estatus migratorio, si se determina que dicho individuo podría convertirse en una carga pública, no es nueva. Pero hasta el momento, la definición de “carga pública” estaba limitada a programas de atención institucional a largo plazo, como por ejemplo una institución de salud mental o un hogar de ancianos; a programas de asistencia de dinero en efectivo y al programa SSI. Los inmigrantes necesitaban estar legalmente en el país por lo menos por cinco años, antes de ser elegibles para recibir este último programa.

Pero en septiembre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso expandir la definición de “carga pública”, e incluir programas de asistencia social, previamente excluidos, como Medicaid, el programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), el programa de Subsidios de Bajos Ingresos de la parte D de Medicare (medicinas para personas de bajos recursos) así como varios programas de vivienda. El uso de estampillas de comida, o del programa de vivienda Sección 8 podría reflejarse negativamente en los aspirantes a la residencia y causar el rechazo de su petición migratoria.

La propuesta de carga pública fue sometida a un periodo de comentarios de 60 días, que finalizó el 10 de diciembre de 2018. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está analizando los más de 216,000 comentarios recibidos, antes de aprobar o modificar la propuesta. El Congreso no interviene en esta decisión.

“Están revisando la versión final de ‘carga publica’, y podrían anunciar la decisión mañana, esta semana, o en un par de meses. Es una situación muy difícil”, indicó Alma Rosa Nieto, abogada experta en inmigración y analista legal de Telemundo. La experta recalcó que cada caso es diferente y aconsejó ser totalmente honestos con el abogado y las personas que los están ayudando a tramitar sus documentos migratorios, para que estos puedan considerar el mejor camino a seguir.

¿Salud o residencia?

La incertidumbre y el temor de miles de inmigrantes ante la posible medida, hace que sientan que tienen que elegir entre obtener cobertura de salud para sus hijos o ajustar su estatus migratorio.

Para Claudia Navarro, inmigrante mexicana y madre dos hijos, la única opción al llegar a los Estados Unidos fue conseguir cobertura médica para sus niños.

“Llegué a este país con mis hijos de 3 y 4 años, mi hija nació con espina bífida y cruzó la frontera en silla de ruedas”, recordó Navarro, en entrevista con La Opinión. “Nos tuvimos que venir. Los doctores allá [Sinaloa, México] le habían dado a la niña sólo un año de vida. Me dijeron que ellos ya no podían hacer mucho más, que no había muchas alternativas donde vivíamos, y nos aconsejaron venir a busca ayuda a Estados Unidos”.

El esposo de Navarro llegó primero y luego viajó ella con sus hijos.

“Desde que llegamos fue una travesía buscando doctores y hospitales, realmente un martirio,”, compartió la inmigrante, quien por años recibió Medical. “Tanto le pedí a Dios que hiciera algo por mis niños, que El me escuchó y pasó el ‘Dreamer’”, dijo refiriéndose al hecho de que sus dos hijos se beneficiaron con el programa DACA (Deferred Action on Childhood Arrivals).
Si bien Navarro no se arrepiente de haber pedido asistencia para sus hijos, confiesa estar preocupada por su estatus migratorio. “En este momento, todo está como en un limbo [migratorio], vivimos con el ‘Jesús en la boca’, esperando que les den la residencia a los dreamers y a sus papás”, confesó.

En resumen

Existe mucho temor en la comunidad inmigrante. Hay mucha información en conflicto, e información que es equivocada, porque todavía hay muchos interrogantes y conjeturas”, señaló la abogada Nieto, quien aconsejó a los solicitantes de residencia y ajuste migratorio pedir siempre una segunda opinión.
Nieto explicó que, de aprobarse la propuesta, el DHS considerará los últimos tres años del solicitante para determinar si la persona es o puede convertirse en carga pública. Una vez aprobada la medida, tomará 90 días en entrar en efecto.

“Con mis colegas, les advertimos a la gente que sí hay riesgo”, expresó Nieto y ofreció diferentes escenarios y sugerencias para aquellos que temen que la nueva propuesta afecte sus probabilidades de ajustar su estatus migratorio. Por ejemplo, si una persona recibe su cita para la entrevista migratoria y esta tendrá lugar fuera de los Estados Unidos, debe saber que el salir del país no es garantía de poder volver a entrar. Si pidieron asistencia que podría ser considerada “carga pública”, quizás les convenga posponer la entrevista con las autoridades de inmigración y esperarse hasta estar seguros de que cumplen con los requisitos.

“Yo nunca pedí nada para mí, sino para mis hijos. Hace 30 años que estoy esperando una oportunidad y cuando finalmente me llegue el día, quizás no pueda ir. Los inmigrantes no venimos aquí para que nos mantenga el gobierno, somos una familia trabajadora que venimos a buscar un futuro mejor para nuestros hijos, pero a los indocumentados no nos dan ninguna ayuda”, compartió Ana. “Solamente queda esperar y tener confianza, primeramente en Dios. Cuando nos ponemos nerviosos, atraemos las cosas negativas. Mejor tranquilos, y que pase lo que tenga que pasar”.