Más de 200 organizaciones piden a Trump el TPS para Venezuela

200 organizaciones de todo tipo se han unido este miércoles a los 24 senadores que el jueves pasado pidieron pidieron al gobierno de Trump el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos que residen en territorio estadounidense. Un total de 219 grupos de abogados, defensores de derechos humanos y civiles y religiosos han dirigido una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kirstjen Nielsen exponiendo sus argumentos.

En ella hacen referencia a las “extraordinarias y temporales condiciones en Venezuela como los disturbios civiles en curso y la devastadora crisis humanitaria”. Es por ello que las entidades firmantes entienden que es necesario “salvaguardar la vida de los 72.000 venezolanos” en el país con el TPS.

“Esta petición” -continúa la carta- “es un reflejo de las propuesta legislativas presentadas recientemente por ambas cámaras y por miembros de los dos partidos. El TPS aportaría amparo provisional de deportación a los venezonalos no documentados en EEUU. Además, podrían solicitar una autorización temporal de empleo que tendría validez el tiempo que dure el programa.

Las organizaciones recordaron a Kirstjen Nielsen que este estatus se concede a “nacionales que no pueden ser devueltos a sus países de forma segura”. Los firmantes consideran que ese es el caso del país caribeño ya que desde 2017 vive una “crisis sin precedente que ha conducido a un éxodo de refugiados”.

Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en 2018 al menos 3,4 millones de venezolanos habían huído de su país por factores como la escacez de alimentos, medicamentos, la hiperinflación o la violencia. Según la información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos cuatro años más de 70.000 venezolanos han pedido asilo en Estados Unidos. A finales de febrero las cortes de inmigración tenían más de 800.000 peticiones acumuladas.

Por otro lado, la misiva de los grupos humanitarios también hace referencia a los “estrictos criterios de antecedentes penales” que incluye el TPS ya que desestima solicitudes “por delitos graves y condenas por delitos menores”. Además, los firmantes aseguran que el TPS “satisface los valores morales profundamente arraigados de nuestro país” como no “dar la espalda a los necesitados y no devolver a las personas a los países donde viven cuando su libertad y seguridad están en riesgo”.