Alondra, el rostro jalisciense para que el Estado pague por feminicidios

Buscan justicia y frenar la violencia contra las mujeres
Alondra, el rostro jalisciense para que el Estado pague por feminicidios
Nancy Arias, madre de Alondra, muestra la foto de su hija asesinada.
Foto: Amnistía Internacional / Amnistía Internacional

MEXICO  Alondra Guadalupe González Arias no sólo era una mujer muy joven para ser madre a los 20 años, cuando muchas de sus congéneres ni siquiera se habían graduado de la universidad, sino que a los 10 días de haber dado a luz a su segundo hijo la mató su pareja.  Así quedaron huérfanos dos pequeños que cría la abuela como puede.

El caso de Alondra ha sido tomado como por la organización Amnistía Internacional como un símbolo. Sube y baja y le da toda la visibilidad que puede. En los últimos días, entregó más de 21,000 firmas al gobernador de Jalisco, donde ocurrieron los hechos, con un objetivo claro: que se indemnice a la familia.

Hace décadas que el Estado mexicano se escabulle de dar dinero a las familias que han sido víctimas por una mala actuación de los gobiernos, sea por negligencia, complicidad, inacción y, sobre todo, impunidad.

La desgracia de Alondra, ocurrida la mañana del 10 de marzo de 2017 en el departamento que compartía con su pareja en Tlajomulco de Zúñiga, se resume a dos puntos: el temperamento violento del marido y a una orden de protección que no ejecutaron las autoridades tal y como lo marca la ley.

La joven madre denunció la violencia doméstica pocos días antes de dar a luz. Con golpes visibles y una lesión en el cuello por un intento de ahorcamiento, fue al ministerio público Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres , pero esta dependencia no ordenó la protección.

“Como en muchos otros casos en los que no se ha detenido a los responsables, la sanción penal es importante para revertir el mensaje de impunidad que aún prevalece. Asimismo, el Estado debe asumir su responsabilidad y reparar integralmente el daño a la madre y los hijos de Alondra e incluir garantías de no repetición”, aboga la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi.

Pero la batalla no es sencilla. México es el cuarto país más impune a nivel global, según el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX 2018), publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con más de nueve delitos sin resolver que empuja a la delincuencia a cometer crímenes con un bajo riesgo a pagar por ellos.

La ex pareja de Alondra tiene una orden de aprehensión en su contra, pero sigue prófugo de la justicia mientras los avances de la investigación son casi nulos como en la mayoría de los 3,357 feminicidios que ocurrieron en México el año que murió Alondra. En Brasil, cuya población duplica a la mexicana, ocurrieron 1,113 en 2017.

El gobernador Alfaro Ramírez se comprometió a instalar una mesa de trabajo que defina una política para prevenir y sancionar los feminicidios en su estado, que incluya una reparación integral del daño a la familia de Alondra quien tiene ya la patria potestad de los niños huérfanos, así como apoyo psicológico sin embargo, algunos activistas a favor de los derechos humanos están a disgusto.

Principalmente porque se cree que los gobernantes generalmente actúan por presión mediática y no como una política de Estado (hace unos días, el mandatario clausuró el Instituto Nacional para las Mujeres de Jalisco). “Hay nombres, apellidos e identificaciones claras en muchos casos de los asesinatos en el estado: si no los encuentran es porque no los buscan”, advirtió Guadalupe Ramos, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).