El misterioso cártel de la Sangre que afecta a millones de mexicanos

MÉXICO – A Catalina Alvarado le dieron la cita para una biopsia hasta mayo próximo. Cinco meses después de solicitarla en un hospital de gobierno. Desde entonces a la fecha ha tenido punzadas y ardores en el seno izquierdo, pero la respuesta de los médicos es la misma: “No tenemos suficiente equipo para atenderla”.

Catalina no puede acudir a una clínica privada porque su presupuesto de limpiadora doméstica es limitado mientras que la salud pública pasa por un problema de desatención derivado de uno de los escándalos de corrupción mas grandes en su historia.

Un grupo de empresas de equipo médico encontraron la manera de apañarse contratos por servicios de equipo médico y laboratorios del sector salud público dándole la vuelta a la ley.

La prensa local los bautizó como el “Cártel de la Sangre” porque gran parte de los laboratorios y equipo son para el banco de sangre nacional.  Entre las empresas señaladas, se encuentran Falcon, Impromed, Intermet, Centrum, Hemoser y Dicipa.

El esquema no es novedoso. Desde 2016 la Comisión Federal de Competencia las denunció ante la Procuraduría General de la República, pero no hubo investigación; con el cambio de gobierno, volvieron al banquillo de los acusados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador las tiene en la mira porque las compañías se organizaron como un cártel para fijar precios y repartirse millonarios contratos  aparentemente con ayuda de funcionarios de la administración del ex mandatario Enrique Peña Nieto.

Hace tres años se divulgaron en redes sociales algunas grabaciones de conversaciones de presuntos  directivos  negociando condiciones para participar en la licitación de servicios de laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así se supo que se reunían para acordar las condiciones que exigirían al gobierno mexicano (entre ellas, el sobreprecio), para crear empresas “fachada” y  simular competencia o esconder su verdadera identidad en las licitaciones.

El senador Ricardo Monreal, del partido Morena, afín al presidente, dijo que irán contra las “mafias” que han lucrado con la salud pública en todo el pais. “Será prioridad una vez controlado el huchicoleo”.

Pero la primera batalla no se libera a nivel federal sino en el estado de Jalisco empujado por el escándalo. El gobernador  Enrique Alfaro canceló dos procesos licitatorios de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que tenía en marcha la Secretaría de Salud local por alrededor de 18 millones de dólares presuntamente por ser parte del grupo Intermet-Impromed.

“Tras la revisión documental que se ha hecho de las adquisiciones en los últimos 5 años en la administración anterior (que incluyó la extensión del contrato en el gobierno actual a raíz de la transición), se detectó, revisando los precios, una venta a sobreprecio cercana al 20% en los últimos años”, detalló Alfaro en un comunicado.

Esto significa que la empresa ofertó en el proceso actual un 20% más barato de lo que le estuvo vendiendo como proveedor al Gobierno anterior y a la extensión del contrato actual.

En otros estados como en la Ciudad de México, aunque no se han mencionado los nombres de las empresas, la jefa de Gobierno anunció que se suspendieron las licitaciones hasta aclarar procesos anteriores, una tendencia que se espera en otros estados.

En los últimos años, médicos, enfermeros y trabajadores del sistema de salud pública en Mexico han denunciado problemas de escasez de equipo médico y laboratorios para atender a los millones de usuarios de los servicios como los que requiere Catalina Alvarado.

“Nunca mas se volverá a lucrar con la salud de los mexicanos” advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embrargo no dio detalles sobre lo que hará. Si será un combate coyuntural o propondrá alguna ley para impedirlo de raíz.