Editorial: La otra cara de la crisis humanitaria en la frontera

Esta cara de la crisis humanitaria para el presidente Donald Trump carece de la importancia que para él tiene la construcción de la barrera fronteriza
Editorial: La otra cara de la crisis humanitaria en la frontera
Migrantes se entregan a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.
Foto: Mani Albrecht / Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Otra vez los menores indocumentados detenidos son el blanco de las acciones punitivas de la administración Trump. Ahora a más de 40,000 de ellos se les quiere quitar la enseñanza de inglés, la posibilidad de recreación y la ayuda legal. Los tribunales deben intervenir con urgencia como han hecho hasta ahora para evitar esta situación.

La Casa Blanca dice que toma estas medidas por la falta de fondos adicionales no aprobados por el Congreso. Se explica que el continuo arribo de jóvenes consume más fondos de los anticipados, obligando al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) a reubicar dinero de actividades que no estén directamente relacionadas a la “seguridad de la vida humana, a la protección de la propiedad y al bienestar inmediato de los individuos”.

Esta cara de la crisis humanitaria para el presidente Donald Trump carece de la importancia que para él tiene la construcción de la barrera fronteriza. Su administración es muy hábil para hallar recursos de otras áreas gubernamentales para pagar el muro que el Congreso no quiere financiar. Para los menores sólo hay dificultades.

Las negociaciones en el Congreso para obtener $2,900 millones de dólares de emergencia para atender a los menores debía ser aprobada junto a los $19,000 millones para desastres. El problema surgió sobre la controversial política reciente de la administración de compartir la información con las autoridades de inmigración de los familiares y guardianes que se presentan para hacerse cargo de los menores.

En la práctica esta es una trampa para deportar a los desprevenidos bien intencionados, bajo la excusa de garantizar el bienestar de los menores. Como resultado se demora la entrega de los menores. Los fondos para los menores no debe ser usado para deportar a familiares indocumentados que se quieren hacer cargo de ellos.

Por otra parte, no sorprende la selectividad del recorte de la enseñanza de inglés para los menores. Este conocimiento es positivo para su incorporación al nuevo país. Varios integrantes de la administración compararon los centros detención con campos de veraneo. El esparcimiento, la distracción del encierro, parece ser considerado un lujo.

Y qué decir de quitarles la asesoría legal. Les debe parecer normal que un niño de cinco años que ni siquiera entiende inglés deba defenderse ante un fiscal que lo quiere deportar y de un juez que, a pesar de no hablar español, se cree capaz de explicarle el proceso legal para que sea justo.

El trato inhumano de estos recortes que se quieren hacer, y seguramente ilegales por violar acuerdos previos, no impide que los menores sigan llegando. El uso de la falta de fondos para implementarlos es un castigo de impotencia contra los más vulnerables.