Anuncian soluciones para minimizar la crisis de vivienda en el condado de Los Ángeles

Con protecciones a los inquilinos, el condado puede reducir el número de personas sin hogar, según informe

En Los Ángeles miles de personas viven en la calle debido a los problemas económicos en los últimos dos años.(Aurelia Ventura/La Opinion)

En Los Ángeles miles de personas viven en la calle debido a los problemas económicos en los últimos dos años.(Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

La falta de fuertes medidas de control de renta destinadas a controlar los altos costos de las viviendas y que provea protección legal para los inquilinos, son algunas de las razones principales que ha provocado el incremento de la indigencia en el condado de Los Ángeles, de acuerdo a un reporte dado a conocer el día de ayer.

“Este informe junto con los resultados del conteo de desamparados en el condado de Los Ángeles, deja claro que nuestro condado está en crisis”, dijo Pamela Agustin, organizadora de la coalición Eastside Leadership for Equitable and Responsable Development Strategies.

“El status quo que da prioridad a la avaricia de los propietarios corporativos para obtener más ganancias a costillas de los inquilinos, no está funcionando y está destruyendo a nuestras comunidades”.

El informe que fue titulado: “Desalojado, por el precio, y bloqueado ”, indica que  el aumento del 12% en la población sin hogar a nivel del condado dada a conocer la semana pasada, se podría reducirse significativamente a través de la implementación de leyes permanentes de protección al inquilino. Una ordenanza de control de alquiler estricta en el condado daría protección a más de 403,000 inquilinos, según el informe.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles adoptó una ordenanza de estabilización de renta temporal en diciembre; esto limitó el incremento de las rentas en un tres por ciento anual, además de incluir algunas restricciones para los propietarios de apartamentos. Esa misma orden jurídica fue ampliada en abril hasta fin año, pero el grupo que realizó el estudio indicó que la medida no es suficiente.

“Mientras que miles de familias respiran más tranquilamente debido a la medida temporal que congeló la renta, para sentirse completamente seguras, necesitan protección a largo plazo que solo una ordenanza permanente de estabilización de renta pudiera traer”, dijo Agustin.

Además de la organización Eastside Leads, otros grupos que participaron en el informe incluyen a Unincorporated Tenants United Coalition, Community Economic Development Clinic en UCLA y la organización no lucrativa Public Counsel.

De acuerdo al estudio, un acercamiento educativo a los inquilinos es vital para alcanzar la estabilidad, además de esfuerzos para aplicar la ley. El documento indica que de las familias que actualmente enfrentan desalojo, el 90% no tenían representación legal.

En una conferencia de prensa telefónica, un inquilino describió como le subió su renta dramáticamente para ella y su familia, solo para ser al final desalojados cuando los propietarios decidieron vender la propiedad.

“No podíamos encontrar vivienda accesible”, dijo la mujer. “Ya sea por el tamaño de nuestra familia o por nuestras mascotas; además resultaba muy caro mudarse. Gastamos $600 en gastos de solicitudes solo para aplicar por una vivienda”.

Eventualmente encontraron una vivienda, pero antes de eso tuvieron que dormir en su vehículo o con amigos.

El reporte también pidió al condado que apoye las leyes estatales que amplían la protección de los renteros y refuerzan los controles de renta.

“Además de mejorar la aplicación del programa de códigos de vivienda, el condado debería considerar expandir los programas para asistir a los dueños de propiedades de bajos ingresos con el mantenimiento de los lugares de vivienda o con mejoras del uso de energía”, indica el reporte. “Estos programas ayudarán a los propietarios de bajo ingreso cumplir con los códigos de vivienda y mejorar las condiciones de vida de los renteros”.

El reporte utilizó información del 2010 al 2017 y enfatiza que durante ese tiempo, más de 500,000 de desalojos fueron solicitados a través de todo el condado.

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