Grupos abogan por menos cárceles y más ayuda en programas de salud mental

Informe de ATI provee 14 metas con más de 100 recomendaciones para reducir el encarcelamiento como primera opción
Grupos abogan por menos cárceles y más ayuda en programas de salud mental
Grupo intenta cambiar las celdas por salas de apoyo de salud mental. (Archivo)
Foto: Archivo

Un grupo abogó por menos cárceles y más apoyo de salud mental para los reos durante una presentación ante la junta de supervisores del condado de Los Ángeles el martes.

El grupo de trabajo Las Alternativas al Encarcelamiento (ATI), establecido por la junta a principios del año, recibió el encargo de ayudar al Condado a desarrollar y ampliar las alternativas al encarcelamiento a través de un “enfoque de atención primero y cárcel al último”.

El grupo es liderado por el Dr. Robert Russ, presidente y CEO de The California Endowment, y cuenta con representantes de los cinco distritos y 16 departamentos individuales del condado que supervisan asuntos de salud, justicia penal y servicios sociales.

Esta es la respuesta a las peticiones de activistas después que la junta de supervisores del condado propusiera $2.200 millones para remplazar la cárcel de hombres del centro de Los Ángeles “Men’s Central Jail” por un “sistema de tratamiento de salud mental”. Los activistas consideran que sería la misma cárcel con diferente nombre.

En su lugar ellos piden que se creen centros comunitarios más pequeños para ayudar a los convictos que necesitan mejorar sus vidas.
El informe provisional del ATI provee 14 metas con más de 100 recomendaciones que incluyen; cuidados humanitarios enfoque en la comunidad, redes integrales, salud pública y descentralización, entre otras.

“Este futuro coloca el cuidado primero y se centra a los seres humanos; Es una red integrada basada en la comunidad”, dijo Ross. “Ve a las personas con necesidades más que como riesgos o amenazas, mira a través de un lente de salud pública en lugar de castigo, y está descentralizada en todo el Condado de Los Ángeles, evitando que nuestros hermanos y hermanas salgan de la comunidad al instalarlos en sitios ubicados en nuestros vecindarios”.
Eunisses Hernández, de JustLeadershipUSA, una organización sin fines de lucro que apunta a reducir a la mitad la cárcel nacional y la población penitenciaria en 2030, dijo que existe un ciclo de arresto y reincidencia entre los residentes más vulnerables del condado.

“Si eres una persona en el Condado de Los Ángeles que lucha con la salud mental, el uso de sustancias o las necesidades de vivienda y te encuentras con sistemas que no tienen la capacidad para brindar el apoyo adecuado, vas a terminar en nuestros hospitales, cárceles o calles”, dijo Hernández.

Múltiples miembros del grupo de trabajo destacaron la necesidad de desarrollar significativamente la capacidad para el tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias, así como para programas relacionados, lo que significa contratar más profesionales de salud mental para coordinar con el cumplimiento de la ley, abrir más centros comunitarios de atención de urgencias salud mental e instalaciones para el tratamiento del abuso de sustancias, además de brindar más servicios de vivienda y vías de trabajo.

No obstante, El cambio de enfoque y los recursos de las cárceles a la comunidad será una propuesta costosa que llevará aproximadamente de siete a diez años para escalar de manera efectiva, según Ross y la Dra. Christina Ghaly, quien dirige el sistema hospitalario del condado.

Ghaly dijo que la respuesta fue complicada y no adivinó el precio, pero ofreció algunas ideas. La financiación de Medicaid, por ejemplo, no se puede utilizar para pagar la atención de salud mental de los reclusos de la cárcel, pero si esas mismas personas recibían tratamiento de base comunitaria, la financiación federal podría cubrir el 50-90% de los costos, explicó.

El informe presentado el martes es la primera parte de un proceso que conduce a la presentación esperada de un informe final en diciembre de 2019, cuando se tomarán los puntos de acción.

El informe presenta objetivos divididos en cinco categorías: sistemas de atención basados en la comunidad, reforma del sistema de justicia, participación de la comunidad, financiamiento e información e investigación.

Ross instó al condado a que no espere a que otros actúen, ya que predice que el cambio en este campo provendrá de una serie de esfuerzos locales y regionales, en lugar de a nivel federal.