El miedo a Trump hace que pareja unan sus vidas en matrimonio

Rodeados de cámaras, Reginaldo Salazar y Blanca Moncada unieron sus vidas en matrimonio donde menos lo imaginaron, sobre el techado de uno de los más altos rascacielos del centro de Los Ángeles, el edificio Macy’s con una vista impresionante de la gran urbe.

Nunca pensaron que la decisión del presidente Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), los animaría a darse el sí.

Tras siete años de vivir juntos, la pareja selló su unión en una boda civil. Reginaldo quien durante décadas hizo desidia para hacerse ciudadano de los Estados Unidos, se naturalizó estadounidense en abril, se casó el viernes 28 de junio con Blanca y la próxima semana solicitará la residencia de su esposa.

“Ya teníamos pensado casarnos, pero Trump definitivamente fue el empujón para que yo me hiciera ciudadano, y para casarme y ayudar a mi esposa a obtener la residencia, porque no la quiero perder ni que nadie me separe de ella”, dice Reginaldo de 51 años y de oficio jardinero.

“Me siento alegre, feliz”, suspiró Blanca, una inmigrante de Honduras amparada con el TPS mientras radiante de dicha, miraba a Reginaldo.

La felicidad de ambos era doble, se casaban para sellar su amor y evitar que Blanca tenga que regresar a Honduras cuando el Estatus de Protección Temporal (TPS) termine para los hondureños en enero del 2020.

En mayo de 2018, la administración de Trump puso punto final al TPS para más de 56,000 hondureños que encontraron refugio y un hogar en el país, después del devastador huracán Mitch que golpeó duramente a Honduras en 1998.

EL TPS permite a los inmigrantes de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus países de origen han sido golpeados por la guerra o un desastre natural.

Casi tres décadas 

Blanca huyó de Honduras hace 29 años, en 1990. “Yo salí por violencia doméstica por parte de una pareja que tenía, y solicité asilo a través de un notario, pero como hizo las cosas mal, me dieron salida voluntaria. Lo que me salvó es que justo en ese momento entró en vigor el TPS a causa del huracán Mitch que había azotado Honduras”, recuerda.

En 1992, Blanca se amparó contra la deportación a través del TPS y obtuvo un permiso de trabajo que primero renovaba cada año, y después cada 18 meses.

En Los Ángeles, se casó y tuvo a su hija que ahora va a cumplir 20 años. Blanca de 56 años se divorció del padre de su hija y se dedicó a trabajar como cuidadora de personas en el hogar.

Reginaldo fue traído de Zacatecas, México, por sus padres a los Estados Unidos cuando tenía tres años de edad. “Me hice residente permanente como a los diez años, pero nunca me interesó hacerme ciudadano hasta que vi la necesidad de ayudar a Blanca a obtener su residencia”, dice el flamante novio, quien es padre de tres hijos.

La pareja se conoció a través de la madre de Reginaldo hace siete años. “Entonces yo cuidaba a un niño especial y cuando lo iba a dejar a la escuela, conocí a la madre de Regino, quien llevaba a su bisnieto. Ella me invitó a su casa a mí y a otras cuidadoras de personas en el hogar. Hicimos amistad y me empezó a hablar de Reginaldo. Me dijo que era muy buen hijo y que sí tenía una novia, pero vivía hasta Palm Springs”, cuenta Blanca.

La madre le dio el teléfono de su hijo y le pidió llamarle. “Yo dije, que me llamé él si tiene interés”, platica. Y así fue, Reginaldo le llamó por teléfono y la invitó a tomar un café. “Fue el 5 de octubre de 2012 cuando nos conocimos en persona. Nos caímos bien”, recuerda con precisión Blanca.

Siguieron saliendo, hasta que tres meses después iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos.

La pareja siempre pensó en el matrimonio, pero no ponían fecha ni podían consumarlo porque Reginaldo no estaba oficialmente divorciado.

Las esperanzas de Blanca de hacerse residente estaban fincadas en su única hija nacida en Estados Unidos, Paola, para cuando cumpliera los 21 años.

Pero le pidió a Reginaldo hacerse ciudadano para que la ayudara con su residencia. En ese momento Trump no había anunciado aún la cancelación del TPS, pero cuando el presidente terminó el programa, al zacatecano le entró el apuro.

Apresuró su divorcio y Reginaldo fue a ver al abogado en migración, Eric Price, para que lo ayudara con su proceso de ciudadanía.

“Me llevó como un año y medio hacerme ciudadano. Cuando lo logré, me sentí libre y confiado. Mi madre nunca me pudo convencer de la ciudadanía, pero Blanca sí lo consiguió”, reconoce.

Pero fue el propio abogado quien le sugirió casarse con Blanca porque como ciudadano, el proceso para pedir la residencia de su compañera sería más rápido.

“La semana que entra voy a solicitar la residencia de Blanca”, dice el novio, quien lucía un perfecto esmoquin, horas antes de la boda.

A la pareja, la acompañaron en su boda, Paola hija de Blanca, y Velia, la hija menor de Reginaldo. Acudieron también amigos y familiares. La ceremonia civil fue oficiada por el ministro George DiSoto.

Los beneficios del matrimonio

El abogado Price explica que les dio la idea de casarse, porque muchas parejas están en relaciones de compromiso por mucho tiempo, incluso con hijos propios, pero por cualquier razón, posponen el enlace matrimonial. “No porque no se amen sino porque lo van dejando”, señala.

“Muchos no entienden que, si se casan, hay un beneficio migratorio también. Por eso siempre sugiero a esas relaciones de mucho tiempo, que se casen”, indica.

Respecto a si es más fácil obtener la residencia para un cónyuge cuando el solicitante es ciudadano que solo residente permanente, el abogado subrayó que “hay unos beneficios que los ciudadanos tienen que los residentes no. Si eres ciudadano, tu esposa o esposo puede permanecer en Estados Unidos durante el proceso de solicitud de la residencia. En el caso de un residente, muchas veces, el esposo tiene que regresar a su país de origen para una entrevista”, explica.

Si la semana que entra, Reginaldo solicita la residencia de Blanca, tendrá que esperar de seis meses a un año, dice Price. “Ahora se está tomado más tiempo en procesar la residencia a través de un cónyuge. Antes eran solo cuatro meses, y el permiso de trabajo te lo daban en dos meses”, menciona.

Precisa que Blanca no tiene que regresar a Honduras porque tiene un estatus a través del TPS y una entrada legal ya que viajó a su país con un permiso (Advance Parole). “Si no tuviera esto, probablemente hubiera tenido que regresar a su país para iniciar el proceso de residencia”, agrega.

En el verano de 2017, una resolución de la Corte Novena de Circuito autorizó que los amparados con el TPS no tienen que salir del país para tramitar su residencia legal.

El fallo beneficia a quienes tienen un TPS vigente que viven en California, Nevada, Arizona, Idaho, Montana, Oregon y Washington. Deben tener como en el caso de Blanca, un cónyuge o un hijo mayor de 21 años que solicite la residencia. Si no tienen a ninguno de ellos, no califican.

Blanca dice que está cansada de cada año y medio, tener que pagar 500 dólares para solicitar el TPS; y peor aún, no aguanta la incertidumbre luego de que el presidente Trump canceló el programa.

“Quiero ser residente para cumplir mis sueños, como tener mi propia guardería”, confía.

El abogado Price dice que, si Trump logra salirse con la suya y cancelar definitivamente el TPS, mientras Blanca haya iniciado su proceso de residencia, no corre ningún riesgo de ser deportada.