Derrota para Trump: Tendrá que pagar $5 millones a estado que protege migrantes

La admistración Trump ha restringido las subvenciones para seguridad pública a las llamadas juristicciones "santuario". Un juez ha dicho que es inconstitucional

El presidente también lamentó los hechos en Ohio.

El presidente también lamentó los hechos en Ohio. Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

El gobierno del presidente Donald Trump deberá pagar casi cinco millones de dólares al estado de Oregón. El juez federal falló este miércoles en contra de dos estatutos federales que imponían “condiciones relacionadas con la inmigración en los subsidios” destinados a la seguridad pública de las jurisdicciones.

En los años fiscales 2017 y 2018 el gobierno federal retuvo dichos subsidios al estado de Oregón. La gobernadora, Kate Brown; la fiscal general del estado, Ellen Rosenblum y la ciudad de Portland presentaron en noviembre una demanda contra el presidente Donald Trump y el fiscal general de EEUU, William Barr.

El juez Michael J. McShane, que ejerce en Eugene (Oregón), dictaminó que es inconstitucional que el gobierno de Trump restrinja las subvenciones a gobiernos y agencia locales y estatales que no colaboren con las autoridades migratorias. McShane sentenció que los estatutos del código federal (secciones 1373 y 1644) violan la Décima Enmienda, según la que cualquier poder no otorgado expresamente al gobierno federal recae en los estados o su gente.

McShane consideró que, si se ciñen a las condiciones federales, Oregón y Portland “arriesgarían la seguridad pública al desgastar la confianza con las comunidades de inmigrantes“.

Subvenciones de seguridad pública

Las subvenciones en discordia llevan el nombre de Edward Byrne Memorial Justice Assistance y  son conocidas como JAG. Las cuantías están destinadas a personal de justicia penal, capacitación y equipo de estados, ciudades, condados y tribus.

Las restricciones que impone desde 2017 el gobierno de Donald Trump fuerzan a las jurisdicciones a permitir que agentes migratorios entren a sus cárceles. También las obliga a informar con anticipación a las autoridades federales de la puesta en libertad de indocumentados.

Con información de Efe


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