Editorial: Una política racista y vil
Lo más controversial del cambio, es la exigencia de un ingreso mínimo ya sea en Estados Unidos o fuera del país
La llegada de miles de inmigrantes creó una crisis humanitaria. Crédito: Jerry Glaser/CBP
La administración Trump quiere cambiar la esencia del sistema migratorio sin tener que pasar por el Congreso. La nueva norma que modifica la definición de “carga pública” tiene el propósito de reducir el flujo e impedir la integración, con la demanda de recursos económicos.
El Departamento de Seguridad Interna dio a conocer una norma que expande las exigencias que deben cumplir las personas que quieren regularizar, cambiar su situación migratoria, extender su estadía o entrar a Estados Unidos. La norma amplía la cantidad de programas públicos que inhabilitan a quien los usen para solicitar una “tarjeta verde”.
La modificación se basa en la falsa afirmación de que los inmigrantes vienen a este país para aprovecharse de los beneficios públicos en vez de superarse trabajando. En realidad los inmigrantes consumen menos beneficios públicos que los nativos, según numerosos estudios. Al mismo tiempo, aportan más dinero a las arcas públicas, para una parte de una red social de la que no tienen derecho a beneficiarse.
Lo más controversial del cambio, es la exigencia de un ingreso mínimo ya sea en Estados Unidos o fuera del país. Por ejemplo puede contar en contra de un individuo una entrada menor a $31,375 dólares anuales (por debajo del 125% del índice de pobreza), al establecer que está potencialmente en riesgo de convertirse en una carga pública.
Básicamente esto deja afuera al trabajador inmigrante pobre, incluso si no recibió ningún beneficio público. De la misma manera descalifica a los peticionantes de países pobres en donde esa cantidad representa un ingreso muy alto.
Todo esto ignora las realidades básicas de la inmigración. De gente más pobre que viene a trabajar y que construye una familia, cuyos hijos suben en la escala económica por arriba de sus padres. Además, la mayoría de los inmigrantes vienen a realizar trabajos que requieren menos capacitación y que los estadounidenses no quieren hacer. Ahora se les condena a vivir en la sombra de la ilegalidad.
En lugar de ello ,este gobierno pretende que busca una inmigración que vengan sin urgencia económica y que en la práctica sea racialmente blanca, mientras que hoy son mayormente latinos, afroamericanos o asiáticos. Es un viejo recurso el de usar limitaciones económicas para así desalentar la diversidad racial y étnica.
La nueva norma busca cumplir el sueño de la Casa Blanca de limitar la inmigración a gente con recursos y alta preparación. Pero esa visión, además de racista, no es práctica.
Este cambio es una vil continuación de una política migratoria racista que ignora las necesidades laborales estadounidenses. Y que hace permanente la explotación del inmigrante al bloquear su posibilidad de integrarse al nuevo país.
