Les dicen que vayan a denunciar el secuestro masivo al mismo sitio en que los secuestraron

Una familia guatemalteca que trata de llegar asilada a Los Ángeles ha querido denunciar un secuestro masivo de migrantes, pero en cada ocasión las autoridades en Tijuana le dicen que regrese a presentar la denuncia al mismo sitio ya con los mismos oficiales que secuestraron.

Juan, el padre de familia, dijo a La Opinión que lo que desea es que las autoridades averigüen qué pasó a más de cien migrantes que sus captores y policías estatales coludidos mantenían secuestrados en una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas.

Pero le resulta “increíble” que todas las autoridades en Tijuana nos manden a poner la denuncia a autoridades en Tamaulipas.

“Señores”, dice Juan, “pero cómo piensan, les digo yo, que de Tijuana nos vamos a regresar a Reynosa a decirle al mismo gobierno que nos secuestró, que queremos poner una denuncia por su secuestro y extorción”.

La familia, Juan, Yeni y sus tres hijos adolescentes, esperan en Tijuana para pasar a la corte de migración en San Diego, mientras tanto, quisieran ayudar a indagar qué sucedió con más de cien migrantes secuestrados que no pudieron pagar por su libertad a sus captores en Reynosa.

Con esa idea fueron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, donde les dijeron “que “teníamos que ir a denunciar a Tamaulipas”; luego al Ministerio Público de Tijuana que respondió que la denuncia procedía en Reynosa; también en la Fiscalía General de la República (FGR) les dijeron que volvieran a aquel estado.

En dos ocasiones en julio, la policía estatal de Tamaulipas detuvo vehículos en que transportaban a la familia y los guatemaltecos pidieron a los oficiales que los deportaran de regreso a su país, “pero nos decían ‘nosotros no podemos hacer nada, tienen que hablar con su dueño’”, dice Juan.

Finalmente se presentaron a la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana, donde los representantes se quedaron asombrados de que los quisieran enviar de nuevo a sus captores.

La CNDH consideró que el caso es tan grave que lo turnó a su central en la Ciudad de México para que inicie una investigación nacional.

“Es una red en que están involucrados coyotes de Guatemala y México; tengo nombres, lugares, reconozco oficiales, números de teléfonos, de cuentas bancarias en Guatemala, mucho”, dice Juan, quien platicó la historia de su exilio.

Todo inició cuando hace unos meses una pandilla en Guatemala amenazaba al hijo mayor, de 17 años, para reclutarlo; lo amenazaban con atacar a la familia si se negaba.

Juan dice que pronto seguirían con el menor, de 12 años de edad, y el temor también es por su hija de 13 años. Es por eso que decidieron huir.

Contactaron un guía o coyote que les cobró 35 mil quetzales –poco menos de diez mil dólares—por llevar a la familia a Ciudad Juárez a través de todo México para que se entregaran en El Paso. Pagaron la mitad al salir.

Cuando después de días de hambre y noches de desvelos y sobresaltos llegaron a Monterrey, los traficantes les dijeron que ya no irían a Ciudad Juárez, sino a Reynosa, y exigieron el resto del pago.

Al salir de Monterrey, la familia no tardó en darse cuenta de que había sido entregada a un grupo distinto y que todos estaban siendo secuestrados. Fue entonces que en el camino le pidieron a los policías que los deportara a Guatemala.

“Nos sentíamos perdidos cuando los policías nos decían que teníamos que hablar con nuestros dueños”, recuerda Juan con tono de indefensión.

En Reynosa los llevaron a una casa que los secuestradores llamaban “la bodega”, donde había más de cien migrantes. Ahí “no entraba la luz, ni nos daban de comer, nada más nos tenían a todos esperando”.

A los pocos días, los captores exigieron que la familia se comunicara con el hermano de Yeni en Los Ángeles para que les pagara dos mil 800 dólares o de lo contrario “le iban a cortar la cabeza a alguno de nosotros y se la iban a mandar por celular, para que viera que no estaban jugando”.

A ese pago le siguió otro de mil 500 dólares, y luego otros secuestradores le pidieron otro de dos mil 200 para liberarlos. El cuñado de Juan comenzaba a sospechar, pidió ayuda al FBI en Los Ángeles, pero como ninguno de los implicados es ciudadano estadunidense, esa agencia le respondió que debía denunciar a autoridades mexicanas, dice Juan.

El hermano de Yeni accedió nuevamente cuando escuchó en su celular que, los secuestradores debatían a qué miembro de la familia destazarían para enviar las fotos del cuerpo al celular de la familia en Los Ángeles.

Fue el último cobro. Llevaron a 40 que pudieron pagar a la frontera y solo les dijeron por dónde cruzar. “Pensábamos que por fin íbamos a estar a salvo, que en Estados Unidos nos iban a proteger, perro cuál fue nuestra sorpresa que nos arrestaron, nos ficharon, nos llevaron a esas hieleras que son insoportables; nosotros lo único que ya queríamos es que nos dejaran ir”.

De McAllen transportaron a la familia a San Diego, le dieron cita para la corte, y los regresaron a México por Tijuana. La familia se contuvo de denunciar el secuestro masivo porque otros migrantes detenidos en McAllen les advirtieron que, de denunciar en Texas, podrían quedar presos indefinidamente, hasta que Estados Unidos investigara el caso de tráfico de migrantes.

Al llegar a Tijuana, la familia se quedó en una casa de seguridad, sin acudir a refugios. Entonces decidieron tratar de ayudar a quienes se quedaron secuestrados en Reynosa cuando ellos salieron.

“La gente que todavía está pensando en venir, tiene que saber que pasan estas cosas”, dice Juan, pero la familia se atormenta al pensar en lo que pudo pasar a unos 110 migrantes que se quedaron secuestrados por no poder pagar.