Las exigencias indígenas acorralan a AMLO

MÉXICO.- Sin uso de balas ni estridencias, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se hizo de tres veces más territorio en los últimos días. Pasó de cinco zonas “autónomas” que tomópor la fuerza con el conflicto armado de 1994 a 17 con la suma de siete municipios en el estado de Chiapas, perp sólo con un comunicado que la organización publicó en su página web.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo aceptó sin oposición pública, con un “bienvenidos, adelante”. Lo único que no aceptaría, dijo, sería la violencia.

Hace meses que su gobierno cocina una Reforma Constitucional que responda a viejas “deudas” con las comunidades de origen del país porque los cambios legales que derivaron del alzamiento bélico indígena de los años 90 dejaron múltiples inconformidades.

El economista Julio Moguel, considera que para dar respuesta a esos disgustos se podría empezar por retomar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno y el EZLN (con el cual se puso fin a la etapa armada) porque ahí se plasmaron temas “fundamentales” para los grupos de oriundos del país organizados que no se cumplieron.

Los acuerdos de San Andrés Larraínzar prometieron convertir a las comunidades indígenas en “sujetos de derecho” con personalidad legal como colectivo (igual que una empresa o un sindicato); en cambio, sólo se aprobó que fueran “entidades de interés público”, con ciertas ventajas (como presupuesto), pero sin dientes para defenderse judicialmente como grupo.

En la polémica de aquellos tiempos quedó también otro asunto inconcluso: el derecho indígena del “uso y disfrute exclusivo” de su territorio. Esto es, en pocas palabras, que ningún particular ni el gobierno podría tocarlos, lo cual, se consideró un “privilegio” desproporcionado y no se concedió en la ley.

El actual gobierno mexicano ha sido abierto a discutir tales pendientes––en el mes de julio hizo una consulta como punto de partida para una reforma ––, pero, para finales de agosto, el EZLN, se adelantó y declaró la “autonomía” de más territorios sin el debido proceso legal: abiertamente ha dicho que no confía en ninguna institución de gobierno ni en AMLO, a quien llama “El Mandón”.

El reto de la acción es mayúsculo, según observa Pablo UC, dek Observatorio de la Democracia (ODEMCA). “¿Cuál es la base real de población –bases de apoyo- que sustentará la organización autónoma de dichos territorios?”, cuestiona.

¿Qué implicaciones tendrá esta geografía paralela a la municipalización vigente?¿Qué papel tendrían estas autonomías en los conflictos sociales, políticos, religiosos, productivos y de disputa por plazas del narcotráfico?¿Quien garantizará que habrá justicia real?

Como sea, desde 1994, las acciones zapatistas han envalentonado a miles comunidades indígenas que por el número de población representan el 21% de la población con 25.6 millones de ciudadanos según la última cuenta oficial del censo INEGI.

Muchos de ellos se organizaron y proclamaron derechos por múltiples vías. El año pasado la comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo, en el Estado de México, invocó al Artículo 115 de la Constitución y se proclamaron autónomos sin más. “Estamos hartos de los maltratos, de la violencia y el narcotráfico al amparo del mal gobierno”, dijeron. “No seguiremos el juego”.

Las estrategias legales no han faltado. Destaca por el nivel de conocimiento jurídico, el caso de indígenas wixaritaris de los municipios de Bolaños y Mezquitic, en Jalisco, porque llevaron a juicio su deseo de no depender del ayuntamiento y un juez les dio la razón: en adelante el estado deberá darles el dinero directamente a ellos y no al municipio.

“Antes sólo querían darnos despensas”, advirtió Carlos Chino López, abogado wixárika, quien inició y ganó los juicios.

“El problema está ahí, debe reconocerse y enfrentarse”, observa el economista Pablo UC.  “Es un escenario de debate crítico que deberá considerar la estrategia legal-constitucional; territorial -de facto y formal”. El camino de una reforma.