México debate en juzgados su política de “detener y soltar” a migrantes

Se incrementa la llegada de indocumentados a territorio mexicano

La detenciones de inmigrantes han bajado en la frontera tras acuerdo con México.

La detenciones de inmigrantes han bajado en la frontera tras acuerdo con México. Crédito: Spencer Platt | Getty Images

MÉXICO – Durante ocho años, miles de inmigrantes indocumentados de todo el mundo se entregaron a las autoridades migratorias en México con un objetivo: quedar detenidos en las estaciones migratorias y luego salir con un permiso de 20 días para  llegar a Estados Unidos con todas las de la ley, sin que nadie los molestara.

La estrategia tenía fundamento en una imprecisión en la Ley de Migración aprobada en el congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2011. En el artículo 240 determinó que si un indocumentado requería regular su situación migratoria podía requerir un “oficio de salida” (popularmente conocido como salvoconducto) y tenía 20 días para hacerlo o salir del país.

En ese tiempo los migrantes aprovechaban para llegar a la frontera norte.

Flujos constantes de cubanos, haitianos y africanos, principalmente, aunque hubo de todas las nacionalidades, alcanzaron Estados Unidos por esta vía en el sexenio de Peña Nieto y a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta que el pasado 10 de junio, éste tomó cartas en el asunto tras la presión de Donald Trump para detener a los indocumentados.

A través de la directora de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, Ana Laura Martínez, se emitió un oficio para reordenar las reglas del juego de los “salvoconductos”. Ahora los indocumentados  tienen 20 días para regularizarse o salir de México, pero, si optan por esto ultimo están condicionados a salir por donde entraron: la frontera sur. Así quedaron varados miles en Tapachula.

Se trata de una “interpretación errónea de la ley”, advirte Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, quien encabeza un amparo masivo ante un juez para lograr que a 800 africanos (el INM afirma que sólo son 200) se les dé el salvoconducto sin condicionar el punto de salida.

Si el juez da la razón a los migrantes, sentaría un precedente. Otros migrantes podrán recurrir a estrategias similares hasta crear jurisprudencia para seguir su camino hacia EEUU. “El congreso tendría más dificultades para regular esta falta de precisión que tuvo al crear una ley”, advierte Miguel Eraeña, abogado constituconalista y catedrático de la Universidad Iberoamericana.

“Donde la ley no precisa, los reglamentos o lineamientos tendrían que hacerlo y, si éstos no lo hacen, quedan oficios frente a situaciones como la que ahora vemos con el tema migratorio: extraordinarias, que rebasan al Estado… el Legislativo tiene que tomar cartas en ello”.

Para Cecilia Cabrejos, abogada especializada en migración, la condición a los migrantes de salir por la frontera norte para darles el oficio de salida, viola los derechos humanos de los indocumentados porque todo Estado debe privilegiar el principio universal pro persona. “Todo lo que favorezca a la persona humana, lo que no le perjudique” y no llegar a EEUU los está perjudicando.

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