Se sienten amenazadas las comunidades latinas más pobres de California con medida de Trump

El presidente quiere eliminar controles de químicos que afectan a trabajadores y a sus hijos en las escuelas

Se sienten amenazadas las comunidades latinas más pobres de California con medida de Trump
Miembros de la organización Central California Environmental Justice Network. (Suministrada)
Foto: Suministrada

El presidente Trump quiere impedir que California siga estableciendo estrictos controles a las emisiones de los vehículos y a los agroquímicos, ambas poderosas fuentes de contaminación ambiental que afectan principalmente a las comunidades más pobres del estado. Una demanda de California ha detenido la propuesta de Trump por el momento.

“California tiene los reglamentos más estrictos del país y eso es lo que molesta al gobierno federal”, dice Nayamín Martínez, directora ejecutiva de la organización Central California Environmental Justice Network (CCEJN, por sus siglas en inglés, https://ccejn.org). “Aquí en el Valle Central de California tenemos el aire más contaminado del país y no hemos cumplido con las exigencias de la EPA (Environmental Protection Agency) en los últimos 10 años”.

Para Martínez, la propuesta de Trump empeoraría esta situación. “Esto afecta a todos los que vivimos aquí, pero especialmente a quienes trabajan al aire libre”, dice Martínez. “Por ejemplo, trabajadores de la construcción, jardineros y campesinos, a quienes las partículas finas producidas por el diesel de los camiones afectan directamente”.

Entre octubre y marzo, la inversión térmica en el Valle contribuye al empeoramiento de la calidad del aire y pone en mayor riesgo de enfermedades a los habitantes. Es decir, aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Martínez explica que hay zonas del Valle donde los niveles de contaminación ambiental son más graves. Este es el caso de del Sur de Fresno, donde la mayoría de los residentes son personas de color y de bajos ingresos. Es en estos lugares donde se establecen empresas y negocios contaminantes, como es el caso de Amazon y Ulta Beauty. Ambas construyeron grandes centros de distribución muy cerca uno del otro, donde docenas de camiones circulan diariamente, aumentando los riesgos de contaminación. En esa zona también se han establecido empresas químicas.

Las autoridades de la ciudad de Fresno han sido acusadas por vecinos de esa zona y por ambientalistas de favorecer la llegada de esas empresas sin imponer condiciones de protección. Precisamente una demanda reciente impidió que se estableciera otra empresa similar. Las autoridades ni siquiera habían consultado a la comunidad, situación que derivó en una demanda. Los vecinos ganaron el caso.

“La ley AB 617 de 2017 generó la creación del Programa Comunitario de Protección del Aire (CAPP, por sus siglas en inglés) que busca reducir el impacto de la contaminación en comunidades ya perjudicadas,” explica Martínez. “Gracias a esto ahora se están documentando datos que antes no se conocían”.

De pasar la propuesta de Trump, los logros después de la AB 617 se verían muy reducidos.

En este sentido, una de las fuentes de contaminación ambiental son las partículas emitidas por el diesel, combustible preferido de los camiones en general y de los autobuses escolares.

“El 90% de los autobuses escolares usan diesel, transportan unos 25 millones de niños, y llevan la contaminación a casi todas las ciudades del estado”, dice Mychal Estrada, ambientalista de Los Angeles que trabaja también en Sacramento. “Buscamos que esos transportes escolares sean reemplazados por camiones eléctricos”.

En 2007 se establecieron reglas estrictas en el estado para los vehículos diesel exigiendo el uso de filtros para contener la emisión de partículas finas. Esta es una medida que podría ser afectada por la propuesta de Trump y por eso Estrada y otros ambientalistas quieren acelerar el proceso de reemplazo de autobuses escolares.

Estrada reconoce que muchos distritos escolares carecen de los recursos necesarios para realizar un cambio de este tipo, pero también destaca el caso de algunos que lo lograron por medio de subsidios y becas. Esto también depende del liderazgo de cada distrito escolar, como ocurrió en el distrito escolar de Twin Rivers —cerca de Sacramento.

Para lograr que más transportes escolares usen motores eléctricos en lugar de diesel, Estrada recomienda a los padres organizarse para presionar a los dirigentes de los distritos escolares y recomienda seguir las instrucciones escritas en la “caja de herramientas” (toolkit, en inglés) descritas en la sección “Fuel Change” del sitio www.greenforall.org, o https://www.greenforall.org/fuelchange.

“Después de todo, los niños no tienen poder político pero sus padres si”, concluye Estrada.

“Yo trabajé en el campo y sufrí los efectos de los pesticidas”, dice Benny Corona, estudiante de maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley. “Entramos a un campo a trabajar y no nos dijeron que estaba recién rociado, empezamos a sentir ardor en los ojos y dificultad para respirar”.

Corona, quien nació en el Valle Central de California, asegura que la mayoría de los agroquímicos son muy tóxicos y afectan muy especialmente a las personas que viven en comunidades cercanas a los campos agrícolas, siendo estos en su mayoría jornaleros.

“Antes se desconocían los efectos de los químicos agrícolas, pero ahora hay más conciencia y son los jornaleros los que se quejan”, dice Corona, quien ha participado en varias asambleas y delegaciones de ambientalistas en el Valle Central.

Estas movilizaciones y protestas han dado frutos y el peligroso pesticida Chlopyrifos será prohibido a partir del año 2020 en el estado. Hawaii ya hizo lo mismo, aunque la administración Trump no simpatiza con estas acciones.

En el condado de Tulare, al sur de Fresno, tomó mucho tiempo y trabajo lograr que alrededor de las escuelas no se rocie con pesticidas. A estas escuelas asisten los hijos de los jornaleros y de trabajadores de bajos ingresos.

Corona asegura que cuando las autoridades deben convocar a reuniones comunitarias, habitualmente lo hacen sobre la hora o en horarios donde los trabajadores no pueden participar.

“Muchas organizaciones se están uniendo en esta lucha, incluyendo la lucha por lograr agua potable limpia para nuestra comunidades más pobres, que en muchos casos son inmigrantes”, dice Corona. “Por eso no podemos hablar de contaminación sin poder hablar de inmigración”.

Esta historia es parte de una serie de artículos sobre la desigualdad económica en California que se está realizando con el auspicio de la fundación James Irvine.