El Fondo de Justicia del Condado de Orange libera a 21 indocumentados

James (nombre ficticio) vivió una auténtica pesadilla en su natal El Salvador. Debido a que a los dos años de edad se enfermó de polio y no recibió atención médica, camina con mucha dificultad, lo que lo convirtió en presa fácil de las pandillas. “Me acosaban todo el tiempo, querían que trabajara para ellos y, como me negué, amenazaron con matarme”, relata.

Al joven no le quedó otra alternativa que huir de su país. Cuando después de pasar por México finalmente llegó a Estados Unidos a pedir asilo, creyó que estaría a salvo y en mejores condiciones. Jamás se imaginó que le esperaba un nuevo infierno.

“Me pusieron en una celda de concreto y no me dieron ningún tratamiento médico. Después de varios días pedí ayuda porque no aguantaba los dolores en mi pierna, pero en lugar de auxiliarme me aislaron. Me entró una gran depresión y les dije que quería suicidarme. Fue peor porque me pusieron una camisa de fuerza y me acusaron de estar loco”.

Después de estar detenido por más de siete meses en la cárcel Theo Lacy, en condado de Orange, un juez le concedió la libertad bajo fianza, pero no tenía dinero para pagarla.

Fue entonces cuando, sorpresivamente, llegaron los abogados del Fondo de Justicia del Condado de Orange (OCJF, por sus siglas en inglés) y pagaron su fianza para que pudiera recuperar su libertad.

“Había estado perdido por tanto tiempo que repentinamente sentí que habían llegado unos ángeles a ayudarme”, comentó James con la voz entrecortada por la emoción.

Su testimonio tuvo lugar hace unos días durante la celebración de la segunda recaudación de fondos del OCJF en Costa Mesa, durante la que se dio a conocer que, desde que abrió sus puertas a principios de este año, la institución ha logrado la liberación de 21 personas de diferentes centros de detención en el Sur de California.

Lisa Ramírez, abogada de inmigración y presidenta del evento, dijo que los miembros del OCJF están muy contentos de celebrar el apoyo mostrado por líderes, instituciones e integrantes de la comunidad hacia los individuos y familias que están en centros de detención por razones migratorias.

Sameer Ashar, profesor de leyes y presidente del comité de fianzas de OCJF, declaró: “A diferencia del sistema criminal, las fianzas de inmigración se deben pagar totalmente. Debido a que la cantidad mínima de una fianza de inmigración es de $1,500 y el promedio es de $8,000 en todo el país, la necesidad es severa y el impacto no tiene precio”.

Hasta ahora, el OCJF ha podido ayudar a liberar a personas de todas partes del mundo, desde Honduras y Haití hasta Camerún, Armenia y Ghana, así como a residentes de Anaheim, Santa Ana, Fullerton, y Costa Mesa.  Los beneficiados incluyen a personas que buscan asilo, a jóvenes amparados bajo el programa DACA y a residentes permanentes con familia en Estados Unidos.

Durante el evento de recaudación de fondos se anunció también el lanzamiento del programa de defensa contra la deportación que coordinará a residentes del condado de Orange detenidos por las autoridades de inmigración con proveedores de servicios legales en el condado.

Los dirigentes del OCJF destacaron que uno de sus principales objetivos es cerrar una gran brecha que hay en el sistema de justicia: las personas que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno, mientras que ICE sí está representado por un abogado capacitado en cada caso.

 A partir del compromiso de la Ciudad de Santa Ana de financiar la representación legal para los residentes de Santa Ana, el OCJF ha contratado a Stephanie Barrera como coordinadora de campo contra la deportación para satisfacer las necesidades legales de los residentes del Condado de Orange que están en el Centro de Detención de Adelanto.

“Estoy encantada de unirme al Fondo de Justicia del Condado de Orange durante este momento crítico en el trabajo de la organización”, dijo Barrera.

 Por su parte, la profesora de derecho, Jennifer Lee Koh, presidenta de la Junta de Directores de OCJF, aseguró que las comunidades inmigrantes están en tiempos de crisis y el trabajo de esta institución “muestra los valores cambiantes del Condado de Orange”.

En el evento también se otorgó un reconocimiento a los exlíderes de las organizaciones Orange County Hispanic Bar Association, Fight for All Fund y Orange County Opportunity Initiative, por el enorme apoyo que brindaron a OCJF en su primer año de operaciones.

En particular, Norma García Guillén, abogada y exdirigente de OCHBA en 2008, subrayó que “los expresidentes de la Orange County Hispanic Bar Association (OCHBA) estuvieron entre nuestros primeros partidarios e hicieron posible nuestro comienzo”.

Guillén agregó que confía en que, con el apoyo de la comunidad, el OCJF siga creciendo para ayudar a más personas que lo necesitan.