‘Trump ha puesto un muro entre migrantes y sus abogados’
Defensores de ACLU interponen demanda para hablar con los detenidos en Otay, que piden no volver a México
Mónika Langarica es abogada de Derechos de los Migrantes de ACLU. / foto: Manuel Ocaño. Crédito: La Opinión
Una familia decidió huir de Guatemala cuando unos pandilleros violaron a su hija, de 17 años de edad, y amenazaron con asesinarla si denunciaba ante las autoridades.
Padre, madre y cinco hijos, todos menores de edad, prefirieron abandonar Centroamérica y tratar de llegar a Estados Unidos en busca de protección.
No quisieron quedarse en México porque cuando cruzaban ese país, dice la familia, un grupo de hombres uniformados detuvieron el transporte en el que viajaban y obligaron a todos a desnudarse mientras les apuntaban con armas de fuego y los humillaban.
Esa fue solo una de las experiencias desagradables que enfrentaron mientras avanzaban por México rumbo a la frontera. Al padre de familia lo asaltaron a mano armada y sufrió otras agresiones.
Cuando llegaron a la frontera de Tijuana, y tras esperar turno por meses para cruzar la garita a pedir asilo, la familia supuso que finalmente encontraría paz, pero se equivocaba: agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los separaron. Al padre lo llevaron a un lugar y a los demás a otro.
Lo único que tenían en común en Estados Unidos era el frío en “las hieleras”, como se conocen a las cárceles de inmigración.
Cuando finalmente salieron, fue para enviarlos a esperar a México, donde solo esperaban que no los vuelvan a asaltar, atacar o algo peor.
En México quedaron sin ninguna protección excepto por la de refugios y sin ningún contacto con abogados que les pudieran ayudar ante la corte de migración en San Diego, en un proceso que bien puede tardar un año y quizás terminar en deportación.
Volvieron a EEUU para una audiencia y luego de manifestar que no quieren volver a México, y a esta demanda, hoy se encuentran recluidos en el Centro de Detención Otay Mesa.
Esta familia es una de varias por las que una coalición de organizaciones legales demandó esta semana en San Diego a varias instituciones de la administración del presidente Donald Trump, incluida la oficina de CBP.
La demanda la interpusieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y el condado Imperial, Servicios Familiares Judíos, que en San Diego ha defendido legalmente a migrantes de manera altruista, y el Centro Legal de los Defensores de los Inmigrantes.
El viernes el magistrado federal Dana Sabraw escuchó los argumentos pero dijo que decidirá la próxima semana si ordena que los abogados se reúnan en Otay Mesa con las familias integradas en la demanda colectiva.
En cifras
Margaret Cargioli, abogada de ese centro de detención, explicó en conferencia que la administración “Trump ha levantado un muro entre los migrantes –que los obliga a ir a México—y sus abogados”.
De acuerdo con una investigación de la Universidad de Syracuse, solo el 1.2% de los migrantes a quienes la administración Trump obliga a esperar en México tiene representación de abogados.
El restante 98.8% acude a la corte de migración con total desconocimiento del sistema judicial y generalmente con obstáculos de lenguaje.
La directora regional de la ACLU, Norma Chávez Peterson, dijo que las organizaciones presentaron la demanda “porque están amenazados nuestros valores como país de bienvenida y de justicia, pero también por el derecho de tener una representación legal, el derecho a consultar con abogados, lo que es fundamental para nosotros como país”.
A lo largo de la frontera, en las ciudades donde opera el programa que el gobierno de Estados Unidos llama “Protocolos de Protección a Migrantes” o MPP, hay entre 50,000 y 42,000 migrantes obligados a aguardar en México, por eso el programa también se conoce como “Permanecer en México”.
Solo en la frontera de Baja California hay unos 13,000 migrantes, en su mayoría en Tijuana, por la cercanía a las cortes de migración, comentó la abogada Mónika Langarica, abogada de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Dijo que la administración Trump trata de desmantelar el proceso de asilo en Estados Unidos y que nada del programa MPP es como debiera.
Indicó que en vez de cumplir con el proceso de asilo, el gobierno de EEUU envía a los migrantes a las hieleras y les prohíbe hablar con sus abogados.
Varios abogados, incluido Luis González, de Servicios Familiares Judíos, expresaron temor de cruzar la frontera a México para ir a tratar de encontrar a migrantes a quienes representarían legalmente, tanto como a su regreso, si CBP los envía a inspección secundaria en las garitas.
