Denuncian que en centro de detención de inmigrantes ponen trabas a visitas

Un grupo de residentes preocupados por la situación que se vive dentro del centro de detención de Adelanto intentaron el sábado pasado visitar a personas detenidas durante el Día Estatal de Visitas, pero les fue negado el acceso bajo el argumento de que las visitas eran para familiares solamente.

“De la nada se nos dijo que el día de visitas era para familiares solamente. Pedimos ver las políticas que estipulan esto, pero se nos negó. Pedimos hablar con el que dio la orden, pero también se nos negó.  Esto es claro ejemplo de cómo operan estas compañías privadas, de manera turbia”, comentó Luis Juárez, activista que intento ingresar al centro. “Prácticamente nos sacaron a patadas”.

Según Lizbeth Abern, coordinadora de apoyo para personas detenidas de la Coalición de Justicia para el Inmigrante de Inland Empire (ICIJ, por sus siglas en ingles), la orden de solo permitir el ingreso a familiares fue solo una excusa ya que el reglamento no lo estipula.  Además, al menos dos familias que viajaron desde Glendale y Palm Springs no pudieron ingresar a ver a sus familiares ya que la espera fue de hasta cuatro horas.

“No pudieron esperar ya que tenían niños pequeños con ellos.  Viajaron desde lejos, pero los reglamentos improvisados les evitaron ver a sus familiares”, dijo Abern.  “Son solo excusas para evitar que veamos las condiciones allá adentro”.

Según ICIJ, las visitas cumplen dos funciones: demostrar a las personas detenidas que no están solas y documentar la situación que se vive dentro del centro.

“Todas las personas merecen justicia y misericordia.  Nuestro programa de visitas es parte de nuestra lucha por la justicia social para todos los inmigrantes detenidos en Adelanto”, comentó Javier Hernández, director de ICIJ. “El centro de detención de Adelanto es un centro cruel e inhumano que encarcela a los inmigrantes y les niega el acceso a los servicios médicos”.

Hernández agregó que depende de la comunidad realizar visitas regulares a los centros y hablar con los propios inmigrantes para comprender completamente lo que está sucediendo en el interior.

El programa de visitas es una red solidaria de voluntarios de la región de Inland Empire, conformada por los condados de San Bernardino y Riverside, que creen en poner fin al aislamiento de las personas detenidas en Adelanto, añadió Hernández.

“Supervisamos las condiciones y abogamos por los inmigrantes detenidos a través del apoyo legal, financiero, emocional y político”, dijo.

El centro de detención de Adelanto, ubicado en la ciudad del mismo nombre en la zona desértica del condado de San Bernardino, alberga a por lo menos 2,000 hombres y mujeres.  Pese a que un reporte de expertos en salud revelo en 2017 que las condiciones que encaran los detenidos son precarias, y peligrosa para su salud, el gobierno federal decidió a finales del año pasado renovar y expandir el contrato para mantener el centro en operaciones.

La Opinión cuestionó a GEO Group, encargado de operar el centro, pero fue en vano.  La pregunta persiste: si las operaciones obedecen a una ley como lo estipula GEO Group, ¿por qué restringir el acceso?

En el centro existen condiciones precarias y casos de abuso que han resultado incluso en varias muertes.  Tales condiciones fueron razón para que la Legislatura de California buscara prohibir las operaciones de dichos centros a través de la ley AB 32, firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre pasado.

La razón por la cual estos centros le dan la vuelta a la ley, es porque los contratos fueron renovados antes de que la ley entrara en vigor. En California, los contratos con tres compañías, GEO Group, CoreCivis, y Management and Training Corporation, suman 6.5 mil millones de dólares y añaden al menos 2,100 camas a cuatro centros, Adelanto, Mesa Verde, Otay Mesa e Imperial Regional.

Paradójicamente, Geo Group y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingles), argumentan que el cierre de estos centros privados harían las visitas a los detenidos más difíciles.

Abern dijo que el gobierno estatal tiene el poder para implementar la ley y la voz de la gente para exigir mejores tratos.  Agregó que el próximo miércoles la ciudad de Adelanto tendrá una reunión especial en donde analizar la posibilidad de extender los permisos para el centro continúe operando.

“La ciudad ya no tiene contrato con el centro pero todavía debe aprobar los permisos para que sigan operando en esos terrenos”, explicó Abern.

La junta está pactada para el miércoles 22 de enero a las 7 p.m. en el ayuntamiento ubicado en 11600 Air Expressway en Adelanto.