MPP: un año de violaciones, desapariciones, abuso y violencia
Organizaciones exigen cancelar ‘permanecer en México’ y restaurar el derecho de asilo.
Nicole Ramos, abogada de la organización Al Otro Lado. Crédito: Manuel Ocaño | Impremedia
La señora Gabriela lloró al narrar su experiencia en el programa que ha enviado a la frontera mexicana a docenas de miles de migrantes que buscan asilo.
Acompañada de su hijo de unos diez años, la mujer centroamericana contó que, como otras familias, la suya fue enviada a la “hielera”, donde el frío impedía dormir, la comida parecía deliberadamente descompuesta, y el tiempo parecía no pasar.
Luego de ese encierro, la incluyeron en el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que este miércoles cumplió un año y que para Gabriela y su familia se convirtió en tragedia.
Platicó que la familia llegó apenas en junio pasado a la frontera, porque “huía de la violencia y la amenaza de muerte”, precisamente lo que encontró, dijo, en la frontera mexicana, la muerte de uno de sus familiares a manos de desconocidos, y la amenaza para el resto de la familia si se atrevía a delatar.
Al pasar a una audiencia a San Diego, explicó por qué ya no quería volver a México, pero oficiales fronterizos le dijeron que era su problema, que a ellos no les correspondía. Solo cuando abogados de migración le ayudaron, consiguió que la dejaran permanecer en San Diego.
Aunque con temor a represalias de autoridades, la señora Gabriela se atrevió hablar y a llorar en público en una conferencia en que todas las organizaciones legales y de derechos humanos de San Diego exigieron este miércoles cancelar el programa y restaurar el derecho de asilo.
El de la señora no es el único caso, explicó por su parte la abogada Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado.
Ramos comentó la experiencia de un padre de familia centroamericano que después de meses de espera finalmente se dirigía a su primera audiencia ante una corte de migración de San Diego, pero en el camino a la garita, a donde se dirigía con su hija de 13 años de edad, “desapareció”.
Nada se volvió a saber del padre hasta ahora y, de acuerdo con la abogada, las autoridades no se tomaron la molestia de buscarlo.
“Una niña de 13 años quedó huérfana y sola en la frontera, y esto es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos pero también del gobierno de México”, destacó la abogada Ramos.
El director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, presentó por su parte un informe pormenorizado de MPP con cifras, datos, y testimonios como el de un padre de familia también centroamericano.
Uno de ellos es de un padre de familia, que en un refugio de Tijuana encontró a un hombre que se acercaba a su hija de 13 años de edad, y al cuestionarlo, el hombre simplemente le dijo que quería tener relaciones con su hija. El incidente solo terminó cuando el encargado del albergue decidió que el sujeto agresor se fuera.
En otro caso, dos padres de familia y sus tres hijos fueron amenazados con arma de fuego y les dijeron que los iban a liquidar por ser centroamericanos. Temerosa, la familia fue a la garita peatonal El Chaparral a explicar a oficiales de migración que tenían por su vida, pero los echaron de la garita de nuevo a Tijuana.
La abogada Ramos, de la organización Al Otro Lado, dijo a La Opinión tras la conferencia, que a un año del programa MPP “después de un año tenemos miles de personas que están casi muriendo en la frontera”.
“Tenemos familias que fueron secuestradas, mujeres que fueron violadas, niños sin atención médica ni educación; la gente sufre mucho y la culpa es tanto del gobierno de Estados Unidos como del de México”, dijo Ramos.
“Hay complicidad”, expresó con firmeza Ramos, “el programa no puede funcionar como hasta ahora sin la complicidad del gobierno de México”.
La abogada, una de las más reconocidas en relación con MPP, dijo que “hay abusos contra los migrantes en todas partes; los migrantes no están seguros ante el crimen organizado, ni ante las autoridades estadunidenses ni ante oficiales en México”.
Coincidió por lo menos con una docena de organizaciones en la frontera en que el programa MPP debe ser suspendido para que se restablezca el derecho al asilo, como funcionaba antes de ese programa que ahora cumple un año.
