Padres de familia dan un ejemplo de la importancia de involucrarse en la comunidad

Sin todavía poder creerlo, un grupo de personas ganan la lucha por la equidad en las escuelas de Nuevo México.

Familias que participaron en la demanda contra el estado de Nuevo Mexico.
Familias que participaron en la demanda contra el estado de Nuevo Mexico.
Foto: New Mexico Center on Law and Poverty / Impremedia

Wilhelmina Yazzie no esperaba ser una de las principales demandantes en un juicio histórico de educación pública contra el estado de Nuevo México. Ella recuerda haber pensado que estaba sola: “Solo soy yo. ¿Cómo voy a hacer la diferencia?

Pero cuando Yazzie consideró unirse al caso, ella pensó en su madre -una madre soltera de cuatro hijos y educadora en la Nación Navajo durante más de 30 años. Su madre le enseñó a luchar por sus propios hijos y por todos los niños de la comunidad.

La demanda se filtró durante años antes de que se presentara en 2014. Los documentos mencionaban que Nuevo México estaba fallando constitucionalmente en proporcionar y financiar programas y recursos críticos necesarios para preparar a sus estudiantes para la universidad de las escuelas públicas más vulnerables.

Wilhelmina Yazzie fue la principal madre de familia en la demanda legal.

Los padres demandantes contaron historias de niños sin libros de texto o sin suministros básicos para las aulas. Los datos del estado de Nuevo México revelaron que la mayoría de los estudiantes no estaban leyendo o haciendo matemáticas al grado que les correspondía y había una gran brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y los estudiantes de color. Surgió una imagen clara de un estado que no cumple con su propia constitución y un sistema de educación pública que falla a sus estudiantes latinos y nativos, jóvenes con discapacidades y estudiantes con desventajas económicas.

Dirigido principalmente por organizaciones comunitarias latinas -Latinx- y nativas, el esfuerzo involucró a padres, educadores y jóvenes en todo Nuevo México que trabajaron con equipos legales para dar a conocer una de las brechas de equidad educativa más amplias del país.

Y en 2018, ganaron.

Cuando Wilhelmina Yazzie se unió a la demanda, su hijo mayor, Xavier, estaba en la escuela primaria. Pero para cuando la jueza Sarah Singleton finalmente falló en contra del estado, Xavier ya estaba en la escuela secundaria. Aunque este jovencito era un estudiante con calificaciones excelentes y estaba en el cuadro de honor, se desempeñó por debajo de lo esperado en las pruebas estatales. Y Yazzie, la madre, dijo que ahora su hijo no podría tomar las clases avanzadas que prepararían a su hijo para la universidad.

La escuela a veces carecía de suministros básicos o incluso suficientes libros. Yazzie recuerda haberse sentado a hacer la tarea con Xavier y su hijastro, Reece.

Como la familia vivía en la ciudad tenía acceso a Internet, así que Yazzie ayudó a sus hijos a investigar en línea para compensar la falta de libros. Pero pensó en sus familiares que aún vivían en el Casamero Lake, algunos acababan de recibir electricidad por primera vez y, desde luego, no tenían acceso a Internet.

Cuando el Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México, una organización sin fines de lucro fundada en 1996 para promover la justicia económica y social a través de la educación, la defensa y el litigio, le pidió que se involucrara en una demanda, Yazzie lo tuvo que pensar dos veces.

“Al crecer como un nativo americano, la gente no te mira como si fueras importante y no quiere escucharte…, nos hace pensar: ‘No vamos a hablar, porque no vamos a ser escuchados de todos modos’”. Hace una pausa y sigue. “Lees acerca de todos estos casos, y te das cuenta que casi nunca se decidieron a nuestro favor”.

Estudiantes participan en clases de regularización de verano.

Ella buscó en los consejos de su madre y encontró lo siguiente. “Depende de ti, mi pequeña”, le dijo su madre. “Pero los niños son sagrados”.

Entonces, Yazzie se dijo a sí misma: “Tu madre hizo lo que pudo. Ahora es tu turno”.

Sacado de un sistema destinado a educarlos

En 2012, el Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México estaba conversando con la comunidad, incluida Wilhelmina Yazzie y padres como ella, sobre los déficits de fondos y currículums en el sistema de educación pública del estado. Al mismo tiempo, los abogados del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) estaban investigando problemas de finanzas escolares en Nuevo México y estaban en una gira para escuchar a todo el estado.

En las comunidades, los abogados de Maldef escucharon historias de estudiantes que eran obligados a compartir libros de texto, la falta de computadoras escolares para prepararse para las pruebas estandarizadas y prácticamente ninguna clase de educación multicultural para un grupo estudiantil que es muy diverso culturalmente.

“Tenemos algunos de los puntajes más bajos en lectura y matemáticas en todo el país, y se correlacionan con la pobreza en el estado”, dice Sireesha Manne, directora ejecutiva del Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México. “Nuevo México no pone el nivel de financiamiento que otros estados colocan para los niños procedentes de comunidades de bajos ingresos con el objetivo de igualar las ventajas que tienen los niños de otros hogares”.

Por separado y con solo unas semanas de diferencia en 2014, el Centro y Maldef presentaron demandas contra el estado: Yazzie v. Estado de Nuevo México y Martínez v. Estado de Nuevo México, respectivamente. En enero de 2015, el tribunal consolidó los dos casos en Yazzie / Martínez v. Estado de Nuevo México.

Academia Comunitaria Nativa Americana (NACA), en el 2016 era una escuela charter en Albuquerque, Nuevo México.

La queja de 55 páginas hacía referencia a una gran cantidad de datos, incluida la forma en que solo el 15.5 por ciento de los estudiantes con discapacidades de cuarto grado alcanzaron el dominio de la lectura, y solo el 16.7 por ciento alcanzó el dominio de las matemáticas. Los puntajes de los exámenes estandarizados a nivel estatal mostraron una brecha obvia en el rendimiento:

“El 67 por ciento de los estudiantes blancos obtuvo un puntaje ‘competente’ o superior en lectura, solo el 45.9 por ciento de los estudiantes latinos, el 34.7 por ciento de los estudiantes nativos americanos y el 48.6 por ciento de los estudiantes afroamericanos alcanzaron el mismo nivel”. Entre los estudiantes de escuelas públicas de Nuevo México que asistieron a la universidad, casi el 50 por ciento requirió cursos de recuperación.

“Prácticamente, según cualquier medida, los estudiantes que están en mayor riesgo en Nuevo México están perdiendo las oportunidades educativas que necesitan para alcanzar su máximo potencial y, en cambio, están siendo expulsados del mismo sistema destinado a educarlos”, según la demanda.

Fracaso Constitucional

 Cuando Nuevo México adoptó su constitución estatal en 1911, incluía el Artículo XII, la Cláusula de Educación, que ordena que “un sistema uniforme de escuelas públicas gratuitas, suficiente para la educación y abierta para todos los niños en edad escolar en el Estado debe ser establecido y mantenido”.

Los abogados de Yazzie/Martínez argumentaron que el estado estaba incumpliendo sus deberes constitucionales y violando varias leyes federales de educación, incluidas el Acta de Educación Multicultural Bilingüe, el Acta de Educación Hispana y el Acta de Educación de los Indios.

“Para Yazzie, existe una falta de oportunidades educativas culturalmente relevantes dentro de una historia traumática: el casi eliminado de su pueblo por los colonizadores y el legado devastador de decenas de miles de niños nativos obligados a asistir a internados de “asimilación”. Estos internados despojaron a los estudiantes de sus identidades, requirieron nuevos nombres, ropa y cortes de pelo angloamericanos y prohibieron el uso de idiomas nativos.

Yazzie dice que ella es afortunada de haber aprendido sobre su gente gracias a sus abuelos.

Victoria y un llamado a la acción inmediata

Dos años después de la consolidación de los casos, hubo un juicio de 8 semanas durante el verano de 2017.

Un fallo no llegó hasta el verano siguiente. El 20 de julio de 2018, el juez Singleton falló a favor de los demandantes y descubrió que el estado había discriminado inconstitucional y sistemáticamente contra los estudiantes nativos y latinos, jóvenes con discapacidades y estudiantes con desventajas económicas. El tribunal emitió una orden judicial que requería que el estado tomara medidas inmediatas para remediar la situación.

Decir que el fallo es significativo es un eufemismo. Es histórico.

“El caso es extremadamente completo y fue mucho más que solo financiamiento”, dice Manne del Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México. “Se trataba de cuestiones de equidad para los estudiantes y la naturaleza fundamental de la forma en que se brinda educación a los estudiantes de Nuevo México”.

Herrera está de acuerdo, diciendo que el estado finalmente debe tener en cuenta su obligación constitucional de educar a todos sus hijos. Esa obligación incluye retener maestros bilingües, proporcionar educación culturalmente relevante, financiar los recursos necesarios para cerrar la brecha de rendimiento y preparar a todos los estudiantes para un futuro más allá de la escuela secundaria.

“Creo que hacer que la corte reconozca estas cosas como derechos, y no solo un lenguaje aspiracional, fueron pasos realmente importantes”, dice Herrera.

Creando una coalición y soluciones

Antes del fallo de 2018, padres, educadores y jóvenes asistieron a una serie de cumbres en todo el estado sobre el sistema de educación pública. Esas reuniones se convirtieron en una coalición llamada Transformando la Educación en New México.

“Todos habíamos estado viviendo con el sistema durante tanto tiempo, y había un consenso generalizado sobre los problemas y lo que había que hacer para solucionarlos”, dice Manne. En el momento de la sentencia, la coalición tenía “una ruta clara e integral de acción para ser tomada por el estado”, agrega.

El juez Singleton dio al estado hasta el 15 de abril de 2019 para hacer un plan a largo plazo para proporcionar una educación apropiada para sus estudiantes de escuelas públicas. Pero los defensores de la educación dicen que el estado no ha hecho lo suficiente. En octubre de 2019, Maldef presentó una moción para dar a conocer los hechos posteriores al fallo, argumentando que el estado no ha cumplido con la orden de 2018.
Por separado, el Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México presentó una moción donde afirmaba el incumplimiento por parte del estado, solicitando que se ordenara al estado “desarrollar, implementar y financiar completamente un plan a largo plazo que cumpla con el mandato constitucional del estado”.

Wilhelmina Yazzie ha visto pequeñas mejoras en las escuelas de sus hijos. Aún así, ella está motivada por lo lejos que ya han llegado. Cuando piensa en ese día de verano cuando vio la decisión del juez en su teléfono, ella se conmueve.

“Me hizo recordar cuando tuve esas dudas de que nunca sería escuchada, y siempre ser menospreciada y colocada en lo más bajo, y no tener la misma igualdad que otras personas”, dice ella. “Todo esto simplemente cambió toda mi perspectiva”.

 Debbie Weingarten es una escritora independiente con sede en Tucson, Arizona. En 2019, fue finalista del Premio James Beard por su trabajo de investigación. Equal Voice es la publicación de la Fundación Marguerite Casey que presenta historias de las familias de Estados Unidos que crean un cambio social. Con Equal Voice, desafiamos cómo las personas piensan y hablan sobre la pobreza en Estados Unidos. Todo el contenido original y contratado de Equal Voice (artículos, fotos y videos) se puede reproducir de forma gratuita, siempre que se incluya el crédito adecuado y un enlace a nuestra página de inicio. Las fotografías de The Associated Press están protegidas por derechos de autor.