Aún bajo la protección de DACA, los retos de los dreamers para salir adelante no terminan

Betzabeth Salinas, de 30 años, es madre soltera y está a punto de obtener su maestría en trabajo social en Cal State Long Beach. Ella trabaja 15 horas a la semana como consejera en una organización sin fines de lucro en el este de Los Ángeles y participa en una pasantía 20 horas a la semana.

“Es muy difícil porque el padre de mi hija me ayuda, pero solo a veces y no es suficiente”, dijo Salinas, quien vive con su madre y sus dos hermanas en el sur de Los Ángeles.

Al igual que Salinas, sus dos hermanas menores también son beneficiarias del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); además de ser estudiantes universitarias.

“A veces me siento culpable por no poder pasar más tiempo con mi hija [de 6 años] porque estoy muy ocupada estudiando y trabajando, pero creo que ella entiende que el sacrificio que estoy haciendo es por las dos”, agregó.

Salinas calificó para DACA en el 2012 y desde entonces ha mantenido su estatus legal en Estados Unidos. Aunque no es una solución permanente, el programa proporciona a unos 678,000 jóvenes indocumentados un permiso de trabajo y protección contra la deportación

Ahora, la administración Trump planea añadir más carga a los beneficiarios de este alivio migratorio, al aumentar las tarifas de renovación que pagan cada dos años.

Actualmente el costo de las renovaciones bienales es de $495. Pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha propuesto aumentar la tarifa a $765, un aumento del 55%. Si la propuesta es aprobada los costos aumentarán, incluyendo el de naturalización en un 83%, o sea que iría de $640 a $1,170.

Estas noticias de posibles aumentos a los programas preocupan a los beneficiarios, como Salinas, que a menudo son de bajos ingresos y ya viven con ansiedad e incertidumbre cada vez que se acerca su fecha de renovación.

El mes pasado, un grupo de seis senadores de Estados Unidos, dirigido por la senadora Kamala D. Harris (D-CA), se opuso a los aumentos de tarifas y los calificó como parte de la agenda antiinmigrante “descarada y mal disimulada” de la administración Trump.

“Los esfuerzos de USCIS para limitar la disponibilidad de exenciones de tarifas, mientras aumentan los costos para, entre otras cosas, naturalizarse, solicitar asilo o permanecer en el único país que conocen como su hogar, son un esfuerzo claro para dañar a las personas de bajos ingresos, poblaciones vulnerables y comunidades de color”, escribieron en una carta enviada al departamento de inmigración.

Los funcionarios de la administración Trump dicen que realizaron una revisión exhaustiva de los precios y determinaron que deben aumentarse porque “las tarifas actuales no recuperan los costos totales de la prestación de servicios de adjudicación y naturalización”.

El 10 de febrero fue el último día para que el público participara en la reglamentación relacionada con DACA al enviar comentarios, dijo Leslie Quiroz, portavoz de la agencia.

“Después de que se cierre el período de comentarios públicos, USCIS llevará a cabo una revisión y análisis de las sugerencias y luego emitirá una decisión final”, indicó Quiroz. “La fecha de la decisión final no se ha determinado”.

Salinas ya ha renovado su DACA tres veces, a un costo de $1,485 en total. Ella dijo que ha tenido la suerte de encontrar entidades sin fines de lucro que le han ofrecido ayuda financiera.

“Las primeras dos veces CHIRLA [la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles] pagó por mi renovación”, dijo la nativa de Puebla, México. “Y esta última vez el Dream Center de Cal State Long Beach (CSLB) proporcionó los fondos; mientras que en USC obtuve la ayuda para completar mi renovación en una clínica legal”.

Solo en California, casi medio millón de personas viven en hogares con 188,000 beneficiarios de DACA, según el Center for American Progress. Además, los beneficiarios de este programa en California son padres de 73,000 niños nacidos en Estados Unidos.

La investigación ha demostrado que los beneficiarios de DACA contribuyen significativamente a la economía de la nación. Poseen casi 11,000 hogares, pagan $184.4 millones en hipotecas y $901.9 millones alquileres anualmente, según el informe del Center for American Progress.

Además, estos hogares contribuyen con $5,700 millones en impuestos federales y $3,100 millones en impuestos estatales y locales, agrega el reporte.

Futuro en el limbo

Jairo Barba, de 25 años, es otro joven inmigrante que se ha beneficiado de DACA desde el 2012. A principios de este año, Barba logró enviar su renovación y, al igual que Salinas, pudo obtener ayuda financiera a través del Dream Center de su universidad.

El joven, quien se identifica como queer—una persona que no se considera heterosexual o cisgénero— esta a punto de obtener su maestría en español en la Universidad Estatal de San Francisco, pero está luchando en lo que pudiera ser su último semestre, ya que la matrícula es de $4,370 pero no la ha podido pagar. Actualmente no tiene trabajo y no califica para ningún tipo de ayuda financiera.

“Si no pago mis matrículas antes del 14 de febrero, no podré asistir a la escuela y perderé este semestre”, dijo Barba, quien nació en Jalisco, México y llegó a Estados Unidos a los 12 años.

Después de perder su trabajo a fines del año pasado, Barba se quedó sin ahorros, y su último recurso fue crear una página de GoFundMe para recaudar fondos para poder pagar la matrícula de su último semestre de maestría.

Barba dijo que quiere demostrar a otros jóvenes estudiantes indocumentados que no importa cuán difícil parezca la situación, siempre deben luchar por la educación superior.

El joven agregó que ha sido afortunado en el pasado y que tuvo buenos trabajos que le permitieron pagar su vivienda, transporte y educación. Sin embargo, esto lo descalificó para obtener asistencia financiera de California Dream Act.

“Mis impuestos de los dos años anteriores no me consideraban una persona de bajos ingresos, aunque ahora lo soy”, dijo Barba, quien por el momento se ha podido mantener gracias al apoyo de conocidos y amigos.

Audrey Dow, vicepresidenta sénior de Campaign for College Opportunity, y coautora del reciente informe “En sus voces; Indocumentados en los colegios y universidades públicas de California”, dijo que es común ver a los estudiantes sin documentos comenzar sus estudios universitarios, pero no terminarlos por falta de dinero. Muchos de ellos no califican para recibir ayuda financiera universitaria y se ven obligados a abandonar la escuela para conseguir un trabajo.

“Después del costo de la inscripción, el desafío número uno para los estudiantes es el miedo a lo desconocido. Piensan cuál será su futuro en este país. Muchos viven con miedo a la deportación”, dijo Dow. “Tienen que lidiar con ese trauma y muchas escuelas no ofrecen la asistencia de salud mental que necesitan”.

Los gastos universitarios que se acumulan entre la matrícula, el transporte, la vivienda, los libros de texto y otros útiles escolares pueden causar estrés a los jóvenes estudiantes, agregó.

“Debemos asegurarnos de que la ayuda financiera que reciben los estudiantes de California también sea para estudiantes sin documentos”, expresó Dow. “En cuanto a la legislatura, debemos ampliar los servicios legales para estudiantes sin documentos. [Ellos] quieren sentirse seguros yendo a lugares confiables para su asistencia legal”.

Esperando lo desconocido

Salinas y Barba no solo se preocupan por las tarifas más altas, sino que también temen que el programa, iniciado por el presidente Obama, pueda desaparecer bajo Trump.

“[Recientemente] Me desperté y vi un video que decía que el presidente Trump iba a cancelar DACA y que todos los protegidos por el programa corren el riesgo de ser deportados”, dijo Barba. “Y, por supuesto, estaba muy preocupado”.

Barba se refiere al anuncio de la administración Trump en 2017. Pero antes de que entrara en vigor la propuesta, ésta se detuvo en los cortes y ahora se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión.

Trump presiona

El 12 de noviembre de 2019, antes de que la Corte Suprema estuviera a punto de escuchar argumentos sobre si rescindir o no DACA, Trump declaró en un tweet que muchos beneficiarios de este programa “ya no son muy jóvenes” y están lejos de ser “unos ángeles”.

Agregó que, si la Corte Suprema anula el programa, su administración hará un trato con los demócratas para que estos soñadores se queden en Estados Unidos. Sin embargo, los jóvenes que se benefician de este alivio migratorio siguen siendo escépticos.

“La Corte Suprema decidirá [entre ahora] y junio el futuro de DACA”, dijo la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.

La abogada añadió que es muy difícil saber cómo votarán los jueces. “Dos de los jueces fueron nombrados por el presidente Trump y, aunque ya sabemos cómo pueden votar, pudieran cambiar [su voto]. Todo puede suceder”.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre salas editoriales que examinan la desigualdad en el ingreso y la sobrevivencia económica en California.