Aspectos clave sobre la “carga pública” que aplicará USCIS a inmigrantes

No hay fecha que no se cumpla. El 24 de febrero, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a aplicar la regla de “carga pública”, luego de una batalla en cortes que fue dirimida por la Corte Suprema a favor –por ahora– del Gobierno del presidente Donald Trump.

En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redefinió el concepto que ya se integra en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), a fin de rechazar las peticiones de Residencia Permanente, extensión de visas, así como determinar la inadmisibilidad de un extranjero que pueda ser considerado como “una carga” para las finanzas del Gobierno, debido al uso de apoyos sociales, como Medicaid, cupones para alimentos y ayuda de vivienda.

El DHS divide los apoyos en dos: en especie, como servicio médico, y monetarios, que sería el caso de tarjetas para comprar alimentos o pagar la renta de una vivienda. Aquellos inmigrantes que hayan utilizado cualquiera de esas ayudas durante 12 meses en un periodo de tres años podrías ser catalogados como “una carga” y, por tanto, se les negarían los beneficios migratorios.

Activistas y defensores de inmigrantes consideran que estos lineamientos son una especie de “castigo” para los más pobres, pero el DHS defiende la política, a fin de evitar “abusos” de extranjeros que buscan vivir en los Estados Unidos.

“Al exigir a quienes buscan venir o quedarse en los Estados Unidos que dependan de sus propios recursos, familias y comunidades, fomentaremos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los contribuyentes estadounidenses”, consideró Ken Cuccinelli, el alto funcionario que desempeña los deberes del subsecretario del DHS y principal impulsor de la medida.

1. La decisión de la Corte

El juez Neil Gorsuch –nombrado por el presidente Trump– presentó su opinión sobre la “carga pública”, a fin de aclarar decisiones contradictorias de distintas cortes, incluidas aquellas de apelaciones. La explicación se sustentó en que las decisiones de tribunales menores en una política de alcance nacional no eran concluyentes, pero debían encontrar un punto medio. Hasta que eso sucediera consideró que la política federal hacia inmigrantes debía aplicarse. Los jueces votaron 5-4 a favor de levantar la restricción judicial a USCIS. Los jueces liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan estuvieron en contra.

2. ¿Qué pasa en Illinois?

El juez Gorsuch retomó la demanda de una coalición impulsada por la fiscalía de Nueva York, liderada por Letitia James, para detener el plan federal. En octubre de 2019, otra demanda fue atendida por el juez de Distrito en Illinois, Gary Feinerman, quien otorgó la orden judicial para detener la aplicación de la regla contra inmigrantes en la entidad. La Corte Suprema respeta esa decisión de impacto estatal.

3. ¿Es permanente?

No, pero la opinión del juez Gorsuch indica que USCIS podrá implementar los lineamientos, hasta que haya una decisón definitiva en los tribunales. Esto puede tardar meses o años, ya que es justamente el conflicto que apuntó en su opinión: las determinaciones contradictorias. No hay una fecha para esa decisión final.

4. La definición

Bajo la nueva regla, los oficiales de USCIS harán una evaluación más profunda de la situación de un inmigrante. Aunque recibir ayudas sociales bajo las condiciones mencionadas será elemento clave, la inadmisibilidad basada en la “carga pública” será determinada por la totalidad de las circunstancias. Es decir, los evaluadores sopesarán si un inmigrante puede ser una carga para el Gobierno, considerando también: edad, estado de salud, situación familiar (estado civil, hijos), bienes, recursos financieros, estado financiero, educación y habilidades.

5. Los programas ‘negativos’

Hay una larga lista de ayudas sociales que pueden ser negativas para un inmigrante si las utilizó durante 12 meses en un periodo de tres años, como: SNAP o cupones de alimentos (bajo las condiciones referidas), Medicaid en casi todos sus casos, asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros.

6. Las ayudas exentas

Hay varios tipos de apoyos sociales que serán exentos, como algunas vertientes de Medicaid (asistencia pública para vacunas y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles, uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo, atención prenatal y servicios médicos de emergencia). Tampoco se contempla castigar por uso de programa de seguro de salud para niños (CHIP); algunos programas de nutrición, incluido el SNAP; el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC); el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar; algunos beneficios de vivienda; ayuda de emergencia ante desastres; programas de entrenamiento laboral; compensación por desempleo, entre otros.

7. ¿A quienes aplica?

USCIS estima que unas 380,000 personas al año serían evaluadas bajo la nueva regla. Estos extranjeros son quienes solicitan la “green card”, pero también durante procesos de extensión de visas de “no inmigrante”. El mayor impacto es en el primer grupo.

8. ¿Afecta la naturalización?

Los residentes permanentes tienen distintos derechos, por lo que podrían aplicar por beneficios públicos sin que eso afectara su proceso de naturalización. Cada caso es único, pero Lynn Neugerbauer, abogada supervisora y de defensa de deportación de Servicios Católicos de Inmigración (CMS, en inglés) señala que estos inmigrantes no deberían pasar por este tamiz de evaluación.

“Cuando una persona tiene la ‘green card’ y aplica por la naturalización no hay requerimiento de regla de carga pública”, afirmó en entrevista. “(Los oficiales) no pregutan sobre eso, no revisan el caso con la nueva regla”. Agregó que algunos inmigrantes buscan exentar el pago por el proceso, lo cual pueden hacer sin que su caso de naturalización sea afectado, ya que son trámites en paralelo, pero independientes.

9. ¿A quiénes no aplica?

La regla no aplicará a los siguientes inmigrantes que soliciten la Residencia Permanente: refugiados, asilados, individuos a quienes se les otorgó alivio bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA), personas que reciben ayuda bajo la Ley de Ayuda de Nicaragua y Centroamérica (NACARA), personas recibieron alivio bajo la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití (HRIFA), a quienes solicitan una visa T o U, solicitantes de estado de protección temporal (TPS) y ciertos solicitantes bajo las disposiciones de la Ley LIFE.

10. ¿Hay modo de evitar la regla?

Cada caso es particular, por ello debe solicitarse la asesoría de un abogado, pero al aplicar por la Residencia Permanente, un inmigrante debe tener un patrocinador, es decir, la persona que solicita a su nombre la “green card”: cónyuges, padres, hermanos, empleador. A través del Formulario I-864 o  Declaración Jurada de Apoyo se demuestra ese respaldo. Cuando una persona sea considerada “carga pública”, pero cumple con todos los requisitos para la Residencia, puede presentar una fianza para garantizar al Gobierno que es autosuficiente.

11. ¿Es camino a la deportación?

USCIS aclara que la regla de “carga pública” no es un camino directo a la deportación. “El mero recibo de estos beneficios no hace que una persona sea inadmisible, no sea elegible para ajustar su estatus a residente permanente legal o deportable”, acota USCIS en su Manual. Aclara que cada caso es único, por ello es importante recordar que una persona con una visa a punto de expirar para permanecer legalmente en el país deberá evaluar sus opciones con un abogado.