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Seis cambios con los que AMLO quiere evitar que los delincuentes se “rían” de la justicia

El mandatario mexicano ha sido duramente criticado por su Cuarta Transformación

Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Getty Images

MÉXICO – A  principios de este año, el magistrado Miguel Trujillo se convirtió en un ejemplo público de lo que no debe ser la justicia en México. Poco eficiente, déspota, abusador y corrupto, según se le acusa.

Denuncias presentadas en su contra testifican que Trujillo obligaba a sus empleados a trabajar como choferes, cruzar la frontera a Estados Unidos para realizar transacciones bancarias sospechosas, ingresar a México con mercancías y obligarlos a hacer servicios de meseros y limpiadores en Baja California y Tamaulipas.

Mientras tanto la impunidad acumulaba en sus regiones de trabajo cifras inéditas como en todo el país: 99%, según reconoció el gobierno mexicano previo a la presentación de una iniciativa al Poder Judicial.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acudió a la Cámara de Diputados el pasado 25 de febrero para entregar el proyecto que cuenta con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual, se prevé que el legislativo, con mayoría del Partido Morena, le dará luz verde. O sea, que es casi un hecho

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que estaba mal integrada la averiguación“, dijo el mandatario.

Aquí seis claves de las transformaciones que propone. Y un tema pendiente.

1. DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

En este país donde la mayoría de la gente vive con el dinero al día o en situación de pobreza, no tener un abogado es sinónimo de tragedia. Se pueden pasar años esperando sentencia o en la cárcel por negligencia, corrupción o desconocimiento del implicado que no cuenta con defensor de oficio (pagados por el gobierno) o porque éste no actúan con profesionalismo.

Un caso de reciente de esta carencia fue el secuestro, violación y asesinato de Fátima, una niña de siete años en la Ciudad de México. La familia acudió a una fiscalía local para denunciar la desaparición, pero presuntamente ignoraron su denuncia y no contó con un defensor. No se supo del caso muchos días después cuando apareció el cuerpo sin vida.

López Obrador dijo que la propuesta de reforma al sistema de justicia tiene especial dedicatoria para que “la gente más humilde, los desposeídos, los marginados, la población indígena tenga defensa gratuita” por lo que cambiarían el nombre a “defensorías del pueblo”.

Para organismos de la sociedad civil que han investigado el tema de acceso a la justicia, la mejora de los abogados de oficio debe pasar por una independencia del ejecutivo. La organización Mexicanos contra la Corrupción propone la creación del Instituto Nacional de la Defensoría Pública con autonomía funcional, presupuestaria y controles por parte de los poderes del Estado.

“En caso de no ser cuidadosos correríamos el riesgo de que estas buenas intenciones se quedaran meramente en el papel”, advirtió en un análisis a toda costa ciertos vicios de los cuales adolece el Ministerio Público de la Federación.

2. EVALUACIONES OBLIGATORIAS

“Écheme la mano lic, reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchó por el auricular. “Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra en el estado de Morelos, sin saber que su teléfono celular había sido intervenido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Así se supo que el juez había manipulado para que los secuestradores no fueran juzgados como tales, sino por un delito menor, una práctica ilegal recuente en el sistema de justicia mexicano que por lo general queda impune tal.

El caso contra el juez Becerra tuvo una respuesta porque la víctima era hijo de la jueza Efigenia Flores, quien movió todos sus conocimientos e influencias para denunciarlo.

Para que sea la regla y no la excepción, la reforma planteada por la 4T establece la obligación de aprobar esquemas de evaluación del desempeño laboral, para la permanencia en la carrera judicial, mediante evaluaciones periódicas de competencias.

“Los resultados de la evaluación serán la base para la obtención de estímulos y reconocimientos, permanencia o separación de la carrera judicial”, se lee en la iniciativa.

3. ESCUELA DE JUECES

En la Cámara de Diputados, Zaldívar explicó que la carrera judicial es el corazón de la reforma porque hará de los jueces servidores profesionales. Anteriormente, los ascensos se determinaban más por compadrazgos y movimientos políticos internos; ahora se prevé crear un Instituto de Formación Judicial.

Habrá mejores jueces y juezas, mejor justicia, un mejor país, el que ciudadanos exigen y merecen”, prometió.

En la Ciudad de México existe ya un camino adelantado con la creación de la Escuela Nacional de Jueces. con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México que podría servir como plataforma en las universidades de todo el país.

4. NEPOTISMO Y ACOSO

Desde principios de año, el Consejo de la Judicatura Federal comenzó a hacer pública información sobre el perfil de jueces y magistrados de los que se quiere deshacer como muestra de las ventajas de la reforma.

En un comunicado de prensa informó que inhabilitó a 100 juzgadores por nepotismo (contratación de parientes) y hostigamiento sexual hasta por 10 años; entre ellos, al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, por actitudes inapropiadas en contra de 10 mujeres y por contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito.

“La posición de cero tolerancia ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación”, manifestó el organismo en el documento.

Al presentar la iniciativa, el ministro explicó que se reglamentará claramente el nepotismo y se establecerán sanciones a quienes insistan en ejercerlo y se definirán los conceptos de acoso y  hostigamiento.

5. SISTEMA DE JURISPRUDENCIA

De acuerdo con la legislación actual, no se crea jurisprudencia (antecedentes para que todos los jueces sentencien con el mismo criterio) hasta que la Suprema Corte dicta cinco sentencias similares. Por este camino, la comunidad homosexual ha logrado hacer posible los matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo

Ahora la reforma planea que con un solo caso que justifique la sentencia sea suficiente.

6. EQUIDAD DE GÉNERO

“El Poder Judicial de la Federación incorporará la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva, y equitativa en el desarrollo de la carrera judicial, a fin de garantizar a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos, con un enfoque de igualdad y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan”, promete la iniciativa que será analizada en comisiones antes de la votación en el pleno y, en caso de ser aprobada, enviada al Senado.

En los concursos de oposición para la designación de juezas y jueces de distrito, así como magistradas y magistrados, se establecerá la paridad de género como un criterio de desempate”, se detalla en el documento.

PENDIENTE MINISTERIO PÚBLICO

“Sin la reforma al ministerio público no se podrá hacer justicia en México”, advirtió la abogada Layda Negrete, productora de Presunto Culpable, un documental que puso el foco en las deficiencias del sistema de justicia mexicano. “Los jueces son una parte del problema, pero hace falta frenar la corrupción en los MP”.

La investigadora plantea que más allá de la reforma en los juzgados, también se necesita renovar al Ministerio Público y para ello aún no hay una propuesta de cambios desde el congreso.

De acuerdo con el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) hace falta trabajar en una policía confiable y preparada para investigar los delitos, digitalizar las denuncias para que se puedan recibir incluso por tabletas; crear un instituto nacional de ciencias forenses con autonomía, y un consejo que supervise lo que se hace.

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