Administración Trump y la Suprema Corte de Justicia dan impunidad a la Patrulla Fronteriza
Críticos a la medida indican que la decisión de los jueces es un fracaso de la justicia estadounidense.
Grupo táctico de la Patrulla Fronteriza. Crédito: Patrulla Fronteriza | Cortesía
La administración del presidente Donald Trump y la Suprema Corte de Justicia otorgaron este mes impunidad a la Patrulla Fronteriza no solo ante los migrantes en los límites con México, sino dentro de Estados Unidos y ante cualquier comunidad, declaró a La Opinión el director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos.
El máximo tribunal determinó que los patrulleros fronterizos pueden disparar a través de la frontera a presuntos sospechosos sin tener que responder a demandas de familiares de quienes murieran por esos disparos, sean o no justificados.
Días antes el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, divulgó un memorándum interno en que informa a los agentes de CBP y de la patrulla fronteriza que al reclasificarlos como “agencia de seguridad” quedan exentos de tener por ley que proporcionar información.
En otras palabras, ni CBP ni la patrulla fronteriza están desde ahora obligados a proporcionar información, aun si lo ordena una corte por la ley Acta de Libertad de Información.
“En cualquier incidente en que la patrulla fronteriza esté involucrada en abuso de autoridad en la frontera, hacia México o dentro de territorio estadunidense, incluso con uso de armas, el gobierno ahora no tiene por qué dar información sobre los agentes que estén involucrados”, dijo Ríos.
La preocupación es mayor porque apenas la semana pasada fueron envidos a estados con ciudades santuario equipos tácticos, tipo paramilitares, de la patrulla fronteriza.
Luego de divulgar ejercicios en la frontera de Texas, CBP informó que esos grupos pasan a reforzar en ciudades santuario.
Es decir, que las estrategias tipo militar que hace tiempo se aplican en la franja fronteriza, ahora pasan en el resto del país.
“Es de mucha preocupación porque en la frontera vemos primero algunas políticas que después se ven al interior del país”, dijo Ríos.
Advirtió que el equipo táctico que fue enviado a ciudades santuario “fue entrenado para participar en situaciones de guerra”.
La Suprema Corte determinó por mayoría de cinco votos contra cuatro, que los familiares de un adolescente a quien un patrullero mató a tiros a través de la frontera no pueden demandar al agente.
La mayoría de cinco magistrados conservadores se impuso a los cuatro votos de jueces liberales.
Se trata del caso del adolescente Sergio Adrián Hernández Guereca, que estaba del lado de México cuando fue asesinado en 2010 por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó desde el lado estadounidense del límite que separa El Paso, Texas, de Juárez, México.
El día que lo mató el agente Jesús Meza, Sergio Adrián, de 15 años, jugaba con unos amigos sobre un sistema de coladeras a unos 20 metros de distancia de la frontera, desde donde el patrullero le disparó en varias ocasiones.
“Un tiroteo transfronterizo es, por definición, un incidente internacional”, confirmó en comentarios escritos el magistrado Samuel Alito en representación de la corte.
Según el juez, el sistema judicial no debe cuestionar “la conducta de los agentes en la frontera (pues) incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional”, dijo que se corre “el riesgo de socavar la seguridad fronteriza”.
Los magistrados liberales cuestionaron que el caso se haya montado en que el joven estaba en una mitad de la alcantarilla (la que toca a Estados Unidos) y no la otra cuando recibió los disparos, en lugar de juzgar que el que disparó estaba en territorio estadunidense.
“Los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para disparar fatalmente a adolescentes mexicanos al otro lado de la cerca fronteriza. La Constitución no se detiene en la frontera”, dijo por su parte el abogado que representó a los padres del adolescente mexicano, Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu).
La decisión de la corte sobre el caso de Sergio Adrián sienta precedente para otros casos en ambos lados de la frontera, como el caso de otro adolescente que fue asesinado en forma similar, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, a quien, en Nogales, Sonora, un agente le dio diez disparos desde Arizona en el 2012.
Cristina Patiño Houle, copresidenta de la Coalición de Comunidades Fronterizas, declaró que “permitir impunidad por la muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca, que era solo un niño, es un grave fracaso de la justicia”
Dijo que “estos incidentes erosionan la confianza de la comunidad en todas las fuerzas del orden y socavan la naturaleza binacional de nuestra región”.
