Interpol busca a Tomás Zerón de Lucio por el caso Ayotzinapa

MÉXICO – A más de cinco años y medio de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo del caso Iguala.

La FGR está poniendo énfasis en las investigaciones en contra de los exfuncionarios de la otrora PGR (Procuraduría General de la República) por el caso Ayotzinapa.

La orden de aprehensión giró una orden de aprehensión en contra Zerón de Lucio por irregularidades en el caso de los normalistas desaparecidos como tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas.

Según datos del Gobierno federal, Zerón de Lucio salió de México a mediados de agosto de 2019, rumbo a Canadá, dejando a su esposa en el país.

La orden de captura fue solicitada al juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, con sede en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, mientras que la Interpol giró una ficha roja para su localización en el extranjero unos días después.

A él se le acusa de actos de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, por el ocultamiento de hechos.
La acusación contra Tomás Zerón surge de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan de Cocula, Guerrero, la cual no fue oficializada en el expediente del caso.

Ese día, Zerón llevó de manera ilegal, sin su abogado y sin registro oficial, a Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas, a la zona en donde, al día siguiente, presuntamente fue encontrada, al menos, una bolsa con restos humanos.

Fuentes ministeriales explicaron que una de las razones por las que el juez giró la orden de aprehensión fue porque encontró elementos suficientes para suponer que existió una intención predeterminada para tergiversar la realidad de los hechos, en referencia a la llamada “verdad histórica”.

ACTUACIÓN ILEGAL

Entre los señalamientos se indica que el funcionario no tenía la autorización legal para trasladar a “El Chereje” de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan.

También se menciona que recabó una videograbación de su participación en la escena, la cual no fue incluida en el expediente y la hizo pública, en una versión editada, hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló las actuaciones de dichas diligencias.

“La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal (…) fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, señala un informe de la Visitaduría General de la FGR del 25 de junio de 2019.

Asegura que también ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio.

En una reunión del 5 de marzo pasado, los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara a los funcionarios que intervinieron en el caso Iguala.

Entre ellos Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, y al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, entre otros personajes.