Ni el coronavirus logra que liberen a inmigrante con condena revocada
Su familia teme que puedan contraer la enfermedad bajo custodia en Adelanto
La abogada Patty Corrales muestra una imagen de su cliente Juan Cancino. (Araceli Martínez/La Opinión). Crédito: Amazon
En medio del temor generado por la pandemia del coronavirus, la abogada Patricia Corrales urgió a liberar a Juan Cancino, un residente legal de los Estados Unidos, a quien un juez de migración se niega a aceptar la derogación de su condena criminal dictada por un juez de la Suprema Corte de California.
“La situación es muy crítica en el Centro de Detención de Adelanto. Dado el nivel que ha alcanzado el coronavirus, es más apremiante que nunca, que liberen a Juan”, dijo la abogada.
Simplemente, comentó que a los abogados, intérpretes y familiares de los inmigrantes en detención les han pedido llevar máscaras y lentes de protección aprobados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para entrar a Adelanto.
“Por qué mantener detenido a un residente legal que ya no es deportable. ¡Es ridículo! El 18 de marzo volví a someter una moción de emergencia a la Junta de Apelaciones de Inmigración después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que Juan no puede ser removido del país”, señaló.
Miedo al virus
Sin embargo, mencionó que nadie responde sus llamadas telefónicas ni correos electrónicos. “No lo hacían antes, ahora con el coronavirus, menos. Hay una falta de responsabilidad y cortesía”.
La preocupación de que Juan pueda contraer el virus dentro de Adelanto es mayor, luego de que a la abogada le informaron que otro de sus clientes se encontraba en cuarentena, pero no le quisieron explicar si era coronavirus.
“Juan se encuentra muy frustrado, y su madre muy triste”, explicó.
La abogada Corrales quien durante 18 años trabajó para el propio Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en casos de seguridad nacional y desnaturalización, y en la actualidad tiene su propia firma legal en Pasadena, California, hizo ver que los problemas de Juan comenzaron cuando en 2016 agredió a su hermano durante una pelea.
Aunque el hermano no interpuso cargos, Juan fue detenido por la policía y enviado a prisión por 18 meses tras declararse culpable.
La defensora expuso que el mismo día que salió de la prisión en 2018, fue detenido por agentes de migración con la intención de deportarlo.
Por un error de un juez
Juan se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto desde el 9 de septiembre de 2018.
“Cuando estuvo en custodia, él solicitó asilo, pero le fue negado. El 25 de julio de 2019, una juez en Adelanto ordenó su deportación”, precisó la abogada.
Nacido en Guatemala, fue traído a los EEUU a los nueve años de edad. Se hizo residente hace más de diez años. Antes de caer preso, vivía en Lancaster al norte del condado de Los Ángeles. Es padre de un menor de dos años de edad.
Cuando la abogada Corrales tomó el caso criminal de Juan, encontró que el juez de la Corte Superior que inicialmente lo sentenció a 18 meses en la cárcel, hizo una declaración incorrecta no permitida al recomendar que no fuera deportado porque el pleito con su hermano había sido un conflicto familiar.
“Juan nunca entendió que su residencia estaba en juego. Su abogado tampoco lo alertó sobre los peligros de declararse culpable. Su hermano nunca testificó en su contra”, dijo.
En mayo de 2019, la defensora presentó una moción para que se revocara la condena criminal, y consiguió que el 11 de diciembre de 2019, otro juez de la Corte Superior derogara la condena de asalto con arma mortal sobre la base de un error legal y constitucional.
“Cuando una sentencia es revocada sobre bases legales, deja de ser válida para propósitos de migración. De inmediato, avisé a mis colegas del ICE para que pararan su deportación y lo dejaran libre”, dijo.
Se niegan a dejarlo libre
Sin embargo, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el ICE aceptaron la revocación, y no quieren dejar libre a Juan. Este mes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que el nacido en Guatemala no es deportable.
Tesla Cancino, la madre de Juan, platicó que su hijo sufre de problemas de salud, se queja de dolores de espalda y de sentir adormecidos dos de sus dedos y el brazo izquierdo.
Además aseguró que la familia está muy desgastada financiera y emocionalmente.
“No tiene a nadie en Guatemala. ¿Qué va a hacer allá? Acá estamos toda su familia. Él necesita salir libre para ponerse a trabajar y ver por su hijo”.
Desde que el coronavirus se convirtió en una pandemia global, varias organizaciones proinmigrantes han manifestado su preocupación porque pueda propagarse fácilmente en Adelanto debido a sus condiciones antihigiénicas y sus fallas para proveer servicios médicos adecuados.
Pablo E. Páez, el vocero del grupo GEO a cargo de administrar la cárcel para inmigrantes de Adelanto, dijo que hasta el 9 de marzo, no tenían casos confirmados del coronavirus, y aseguró que trabajaban de cerca con el gobierno federal para asegurar la salud de los detenidos.
