El temor a que los dejen morir: los indocumentados que se resisten a pedir ayuda médica en la crisis de covid-19
En BBC Mundo recogemos los testimonios de varios de ellos que, aunque tienen circunstancias diferentes, comparten los mismos temores
Crédito: AFP
Claudia vive con sus cuatro hijos en un apartamento de dos habitaciones en Miami.
Esta mujer de origen nicaragüense llegó a Estados Unidos hace más de una década. No tiene documentos, pero ha conseguido mantenerse alejada de cualquier problema con la ley.
Hasta hace poco y desde que su esposo fuera deportado a Nicaragua en 2011 por una infracción de tráfico, el mayor temor de Claudia era encontrarse con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés).
Ahora, en lugar de los agentes, para Claudia la mayor amenaza es de tamaño minúsculo: un virus.
Si se contagia del coronavirus, no tiene un seguro médico que le cubra los gastos y tampoco tiene ahorros.
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Claudia trabajaba hasta hace un mes -sin contrato- como ayudante de cocina, pero quedó desempleada por el coronavirus.
Hace malabares para mantenerse a ella y sus hijos: Kelvin, de 20 años; Shirley, de 12; Ashley, de 10; y Yardley, de 9.
“Me aterra pensar en que nos pase algo, estoy como paralizada”, le dice a BBC Mundo.
Su caso no es único.
Población de riesgo
El nuevo coronavirus está afectando de forma desproporcionada a afroestadounidenses y latinos en EEUU, especialmente en Nueva York, epicentro de la pandemia en estos momentos, donde los latinos conforman el grupo con más muertos por COVID-19.
Los factores que explican esta realidad son diversos.
Uno de los más destacados es el hecho de que apenas un 16% de los latinos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, tiene un trabajo que pueda hacer desde casa.
Así, una mayoría de los que tienen la suerte de tener empleo deben salir para desempeñarlo, exponiéndose al contagio.
Y dentro de la comunidad latina, hay un grupo todavía más vulnerable: los indocumentados, unos 11 millones de personas que no tienen cobertura médica, trabajan en empleos inestables -y habitualmente sin beneficios ni derecho a subsidio de desempleo- y han quedado fuera de los cheques de ayuda enviados por el Departamento del Tesoro, pese a que muchos de ellos pagan impuestos.
Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una cuestión de prioridades.
Ante la pregunta de un reportero el pasado 1 de abril sobre si los inmigrantes indocumentados recibirán ayuda del gobierno durante la crisis, Trump dijo lo siguiente:
“Cuando dices indocumentados quieres decir que vinieron ilegalmente. Muchas personas dirían que tenemos un montón de ciudadanos que ahora mismo se han quedado sin trabajo. ¿Qué haces entonces? Es difícil, es muy terrible, un asunto muy triste, si le soy honesto. Pero vinieron ilegalmente. Y muchos ciudadanos de nuestro país no pueden trabajar”.
“Este virus no discrimina, no les pregunta su edad, el nombre, de dónde vienen, si tienen o no documentos”, le dice a BBC Mundo Sindy Benavides, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
“Si una persona tiene el virus nosotros queremos que sea tratada y que sea curada”.
En primera línea
La mayoría de los inmigrantes sin papeles que trabajan en EEUU lo hacen en sectores considerados esenciales: la agricultura, la limpieza, el transporte, fábricas de procesamiento de carne, puerco y pollo, supermercados y el cuidado a niños o ancianos.
Carlos tiene 26 años y es nicaragüense. Entró en Estados Unidos en junio del año pasado, estuvo 6 meses detenido y salió a finales de diciembre.
Cuenta que salió de Nicaragua por problemas con el gobierno, que -según dice- le quería matar. Es licenciado en enfermería, pero en EEUU todavía no tiene permiso de trabajo.
“Comencé a trabajar en una empresa de comida, estoy solo aquí, no tengo familia ni nada. Se me hace un poco difícil porque viajo en bus desde Pomona hasta Alameda en Los Ángeles [una distancia de unos 50 km] y el recorrido es casi de dos horas”, le dice Carlos a BBC Mundo.
“Entro a las 6:30 de la mañana, me tengo que levantar a las 3:45 de la mañana. Mi trabajo consiste en empacar productos, rellenar productos que faltan, medir el peso de las cajas de productos que vienen. Quesos, todo tipo de verduras: cebolla, papa, pepinos, rábanos…”
“Trabajamos en una fábrica al fondo, en un cuarto frío. Solamente en el cuarto donde estoy hay seis personas. Trabajamos muy cerca el uno del otro, como dos pies separados.”
“Ahorita solo nos dieron unas mascarillas por orden obligatoria. Lo que es guantes no nos han brindado. Es una mascarilla lavable y de tela. Yo la estoy lavando, pero no es muy buena que digamos porque la tela transpira mucho. La uso todo el día”, relata.
Carlos trabaja menos horas desde que estalló la crisis sanitaria y esto ha hecho que no pueda ganar el suficiente dinero para cambiarse de vivienda, que comparte con una religiosa de la misma iglesia a la que él acude.
“Me pagan salario mínimo, $14 dólares la hora. No gozo de beneficios. Hasta después de un año es que me los dan. Llevo apenas tres semanas en este trabajo.”
“El miedo ahorita en recorrer todo ese trayecto en autobús, de contaminarme de ese virus. Todo el mundo sube a los autobuses. Hay algunos que adoptamos medidas de higiene y de seguridad, pero tengo miedo de contagiarme.”
“He pensado qué voy a hacer si me enfermo, porque estoy solo acá. No tengo cabeza para pensar eso ahora”, añade.
Miedo y desinformación
Los representantes de las distintas organizaciones con las que habló BBC Mundo coinciden en que uno de los principales problemas es la falta de información.
Muchos de estos inmigrantes indocumentados tienen miedo a que les pidan la documentación si acuden a un hospital o, peor, que los dejen morir intencionadamente.
Esa era la creencia de Basilio Pinzón, un hombre mexicano que, según medios locales, murió de COVID-19 en su casa en Brooklyn (Nueva York) por temor a ir al hospital.
Con las primeras molestias, Pinzón fue al doctor, que fue quien le diagnosticó la enfermedad, pero decidió tratarse en casa porque estaba convencido de que en un hospital no le iban a curar debido a su estatus migratorio.
La protección a esta comunidad varía según los estados. En Nueva York, el estado más golpeado por la pandemia, hay cierta apertura de las autoridades a incluir a los indocumentados en sus programas de ayuda.
Más claro es el caso de California, donde el gobernador Gavin Newsom anunció la semana pesada un fondo de $75 millones de dólares destinado a los inmigrantes sin papeles.
Pero en general, es una comunidad olvidada.
“Los migrantes, especialmente los indocumentados, no son parte de la conversación“, señala Alba Lucero Villa, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes en Manhattan Norte.
“Hace falta luchar para que se tengan en cuenta sus necesidades. Es importante que todo el mundo se proteja y tenga acceso a cuidados”.
Facturas desorbitadas
Las organizaciones de defensa de los migrantes insisten en subrayar que los servicios de emergencia no pueden negar atención médica a nadie, sea cual sea su estatus legal.
Pero ¿quién paga la factura?
Marilyn (nombre ficticio a petición de la entrevistada) todavía debe dinero de una visita al hospital de hace más de un año.
Esta mujer de casi de 50 años vive en el estado de Florida en una casa móvil junto a (dos nietos (de sus hijos mayores) y una hija pequeña que tuvo después, todos en edad escolar.
“De salud hemos estado bien. Pero me quedé sin trabajo por lo de la cuarentena. Estaba trabajando en unas oficinas haciendo remodelaciones”, explica en conversación con BBC Mundo.
“Ahora sobrevivo echando mano de los ahorros que tenía para pagar la comida y la renta. La casa móvil cuesta $1,000 dólares al mes, es bastante dinero, a lo que se le suman los gastos de agua, comida y luz.”
“Nadie me está ayudando ahorita, siquiera con la comida. Cuando vengo a ver no tengo nada en el refrigerador. Yo estoy comiendo lo que se puede porque no tengo como para gastar”, comenta resignada.
“Gracias a Dios ni gripa les ha dado a los niños. Trato lo más que puedo no salir. Ya se imagina que si se me llegan a enfermar o me enfermo yo no tenemos seguro médico ninguno y entonces cómo le hacemos, ahí sí hay un problema.”
“El año pasado en febrero estuve internada dos días en el hospital porque tenía neumonía, me dio asma. Ese día les di $100 d’olares por que me atendieran y la factura que me llegó era como de $1,475 dólares. Tuve que hacer un plan de pago con ellos mes a mes. Así ando, creo que todavía debo arriba de los $400”.
Casos como el de Marilyn y el de Claudia, las dos residentes en Florida, le quitan el sueño a Nora Sandigo, fundadora y directora de la organización Fraternidad Americana, que tiene bajo su custodia legal a cientos de menores hijos de inmigrantes indocumentados. Si los padres son deportados, Sandigo se queda a cargo de los niños.
“Las familias se están quedando sin trabajo, sin comida, no tienen dinero para la gasolina”, le cuenta Sandigo a BBC Mundo. “Nos aflige no poder estar más cerca de la comunidad [por las medidas de distanciamiento social]”.
La organización que dirige lleva décadas ayudando a los que tienen menos recursos, llevándoles cajas de alimentos básicos a sus hogares. Su trabajo se ha visto afectado por la pandemia.
De fuertes creencias religiosas, Sandigo quedó sin palabras ante la respuesta de una niña de 8 años a quien, enferma de cáncer, la actual crisis sanitaria le impidió recibir el tratamiento que hubiera evitado que le amputaran un brazo.
“Ese dios suyo no pasa por aquí, no me conoce, no ha venido a verme”, le dijo.
¿Una carga pública?
Existe otra razón por la que los inmigrantes indocumentados, especialmente los que están en camino de regularizar su situación, son reticentes a solicitar ayuda: la figura de la “carga pública”.
Se trata de una regla que entró en vigor a finales de febrero y que contempla la posibilidad de negar la residencia permanente o una extensión de visado a aquellos extranjeros que las autoridades migratorias consideren que no son capaces de mantenerse por sí mismos y, por tanto, pueden convertirse en una carga económica para el estado.
Las autoridades migratorias anunciaron en marzo la suspensión de la norma de la carga pública, que no será aplicada durante la pandemia.
Además, ICE adelantó que no efectuará redadas ni deportaciones, salvo en caso de criminales convictos y peligrosos.
Sin embargo, estos anuncios no llegan a toda una comunidad que no necesariamente tiene buen acceso a la información y que se siente desamparada ante una crisis a la que no se le ve el final.
Claudia, Carlos y Marilyn son tres ejemplos de ese desamparo; sus circunstancias son distintas, pero sus miedos y preocupaciones son prácticamente los mismos.
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