Human Rights Watch pide detener traslado de detenidos al ICE en California

La organización se une a una demanda entablada la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
Human Rights Watch pide detener traslado de detenidos al ICE en California
La organización pide que se suspenda el traslado de estas personas mientras dura la pandemia.
Foto: John Moore / Getty Images

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió el pasado viernes a la Corte Suprema de California que detenga la transferencia de indocumentados de cárceles locales y estatales a los centros de detención de inmigración, argumentando que la vida de los detenidos está en juego.

La solicitud, realizada a través de un “amicus brief” (moción presentada por una parte ajena a un litigio), se da en respaldo a una demanda entablada la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que busca que el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Xavier Becerra detengan los traslados de detenidos bajo su custodia a la del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La acción legal está basada en informes recientes que indican que la mayoría de los migrantes recién llegados a los centros de detención del ICE durante la pandemia de COVID-19 son el resultado de traslados de cárceles estatales.

HRW presentó pruebas de sus investigaciones sobre la atención deficiente en los centros de detención de inmigrantes que ilustran por qué las transferencias de no ciudadanos a ese sistema durante la crisis de COVID-19 son peligrosas.

Ahora no es el momento para que California aumente el número de personas encerradas en detención para inmigrantes“, dijo Grace Meng, investigadora de HRW.

Al detener las transferencias a estas instalaciones, el estado puede tomar medidas para proteger a los detenidos, al personal de las instalaciones de detención y a la comunidad en general de nuevas enfermedades y muertes debido a COVID-19“, añadió.

En su demanda, ACLU advirtió que las transferencias están ocurriendo a través de todo el estado “a pesar de que las autoridades estatales no están legalmente obligadas a hacerlo”.

Además las transferencias se dan en medio de los esfuerzos del estado para reducir su población carcelaria en medio de la pandemia.