Se investiga acoso sexual a inquilinas con pagos atrasados por el COVID-19

La fiscalía federal en San Diego formó esta semana un grupo que se encargará de investigar un creciente número de quejas de personas que, sin dinero por efecto de la pandemia, al solicitar ampliación de gracia para pagar más tarde el alquiler reciben solicitudes de favores sexuales a cambio de perdonar o postergar pagos atrasados.

“Aprovecharse de los inquilinos de esta manera no solo es despreciable, sino que es ilegal”, declaró el fiscal federal Robert Brewer.

“Si ese comportamiento no se tolera en tiempos normales, ciertamente no se tolerará ahora… Tratar de intercambiar favores sexuales por beneficios de vivienda es un delito federal para el que presentaremos cargos”, advirtió el fiscal para los dos condados de la frontera de California con México, San Diego e Imperial.

El fiscal adjunto para Derechos Humanos, Christopher Tenorio, estará al frente del equipo que investigará quejas de acoso de parte de renteros.

Brewer informó que se han “desplegado todas las herramientas legales disponibles contra cualquiera que intente utilizar la pandemia para acosar sexualmente a las personas que necesitan vivienda”.

Insistió, sin proporcionar detalles, en que ha habido informes de propietarios que han respondido a solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada.

En el condado de San Diego más de 430,000 residentes —muchos de ellos jefes de familia— han quedado desempleados a causa del cierre de actividades económicas por la pandemia de coronavirus.

En el condado Imperial, uno de los más pobres en el estado, una de cada cuatro personas (25%) se encuentra desempleada.

Sin trabajo, para muchos arrendadores resulta imposible pagar mensualidades de renta desde que el COVID-19 se convirtió en la mayor amenaza de salud en la historia en la región.

Protección ante desalojos

El gobernador GavinNewsom prohibió en marzo que los propietarios de vivienda echen a sus inquilinos que carecen de recursos por la crisis de salud. La protección está en vigor hasta el 31 de mayo.

Pero muchas personas desconocen que hay ahora un Consejo Judicial con el que el gobernador concede que se extienda esa protección otros 90 días, o tres meses, hacia el final de agosto.

El Consejo Judicial ordena a las cortes que no acepten ningún caso de desalojo durante 90 días después de que el gobernador Newsom levante su estado de emergencia.

La única excepción a esa orden de no recibir peticiones de desalojo es para los casos que son necesarios para proteger la salud y la seguridad públicas.

La Asociación de Viviendas de Alquiler del Sur de California externó su preocupación por las decisiones del Consejo Judicial, pero expresó su aprobación de que los desalojos aún se llevarían a cabo si fueran por la salud y la seguridad públicas.

Ahora en San Diego, la fiscalía federal se abstuvo de proporcionar detalles de denuncias y quejas sobre acoso sexual a cambio de pagos de vivienda atrasados, pero esa oficina tiene experiencia en casos anteriores.

El año pasado la fiscalía llevó a juicio Larry Nelson, propietario de un edificio de departamentos que durante 15 años había acosado sexualmente y obligado a tener relaciones a mujeres que rentaban sus apartamentos.

De acuerdo con revelaciones en un juicio, Nelson amenazaba con desalojarlas y de hecho hizo que algunas de sus víctimas quedaran en la calle al negarse a complacerlo sexualmente.

El modo de operar de Nelson era enterarse de casos de mujeres desesperadas porque no tenían a dónde ir, algunas de ellas madres de familia, a quienes ofrecía la opción de ir a sus departamentos.

Posteriormente el propietario ingresaba sin anunciarse a las viviendas, tocaba indebidamente a las inquilinas, e incluso se exponía a la vista de las mujeres.