Administración Trump propina duro golpe a ‘dreamers’ universitarios
Este grupo, ya de por sí vulnerable, recibe nuevo revés
Los "dreamers" pueden estudiar cualquier carrera en EEUU. Crédito: Ethan Miller | Getty Images
Aunque lo había adelantado hace unas semanas, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, eliminó formalmente a los “dreamers” de la ayuda económica aprobada por el Congreso para universitarios ante la crisis por coronavirus.
La funcionaria del Gobierno del presidente Donald Trump no considerará a los protegidos con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como parte de los beneficiarios de los $6,000 millones de dólares para que los estudiantes puedan obtener alimentos, atención médica y cuidado infantil.
El Departamento de Educación emitió una regla final interina el jueves, reportó Law360, donde se aclara que sólo los estudiantes elegibles para recibir ayuda financiera federal considerados en el Título IV de la Ley de Educación Superior, pueden acceder al fondo de emergencia establecido en la Ley CARES.
Es decir, la autoridad federal recuerda que los inmigrantes indocumentados y los estudiantes de intercambio internacional no son elegibles para recibir apoyo extra.
“Los contribuyentes estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a los estudiantes estadounidenses que cursan estudios superiores y esta regla simplemente garantiza la continuidad de esa política bien establecida”, dijo DeVos en un comunicado.
La política también hace a un lado a aquellos universitarios con incumplimientos en su préstamo federal y quienes tengan una mala posición académica.
Activistas han criticado la decisión del Gobierno federal, adelantada en abril, al considerar que podría poner fin a las carreras universitarias de los estudiantes indocumentados, quienes ya corren un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y de vivienda.
Hay algunas mociones en cortes pendientes, como una demanda en la corte federal de California, la cual podría tomar una determinación los próximos días.
Los “dreamers” también están a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre el programa –que esta 15 de junio cumplió ocho años– que los protege de la deportación.
