Cuáles son las policías que más matan en América Latina
A la región no solo la distingue el poco honroso título de ser la más violenta del mundo: en la misma también operan las fuerzas de policía más letales del planeta
El caso de México es emblemático de la cada vez mayor militarización de la seguridad pública. Crédito: AFP
La muerte de George Floyd ha renovado las demandas para una reforma policial en Estados Unidos, pero si hay un lugar donde ese debate es aún más urgente es América Latina.
Después de todo, a la región no solo la distingue el poco honroso título de ser la más violenta del mundo: en la misma también operan las fuerzas de policía más letales del planeta.
“De 0 a 10, la gravedad del problema es 20”, le dice a BBC Mundo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.
“Es un problema estructural, que se ha venido agravando en los últimos años, y que afecta a gobiernos de todo signo ideológico”, destaca.
Efectivamente, en números absolutos la policía que más mata en la región -y en el mundo- es la de Brasil: 6,220 víctimas fatales en 2018, por las 998 de EE.UU.
Pero, en términos proporcionales, el título es para la de Venezuela, la que con 4,998 víctimas en 2017 tuvo una tasa de mortalidad de 15.9, por cada 100,000 habitantes.
Esta tasa es muy superior a la de 6.18 por 100,000 de la policía de El Salvador y la de 2.3 registrada por la policía brasileña ese mismo año, según los datos del Monitor de Fuerza Letal.
Y según esta iniciativa, que da seguimiento a las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad en la región latinoamericana, ese no es lo único que distingue a la policía venezolana.
Parte del problema
Las fuerzas del orden bolivarianas también lideran a la región en número de civiles muertos por cada 1,000 agentes, casi triplicando la letalidad de los policías de El Salvador: 28.6 vs. 9.9.
Pero, sobre todo, también son responsables de un altísimo porcentaje de todos los homicidios que se cometen el país: 25.8%, es decir, uno de cada cuatro.
En contraste, con 407 víctimas a su nombre en 2017 la policía de El Salvador fue responsable del 10.3% de todos los homicidios registrados ese año en el país centroamericano.
A la de Brasil, por su parte, se le imputaron el 7.3% de todos los homicidios de 2017, lo que también la convierte en parte del problema,
Según las estimaciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública, sin embargo, el porcentaje de homicidios atribuibles a la policía brasileña aumentó al 10.8% un año más tarde.
Pero todavía está por verse el impacto que tendrá en las cifras de El Salvador la autorización expresa para el uso de la fuerza letal contra de las maras dada por el presidente Nayib Bukele en abril de este año.
Y, como advierte Cano, la falta de información oficial confiable dificulta las comparaciones entre países.
“El problema claramente es menor en Chile, Uruguay y los países andinos, donde no se ha constatado una tendencia al uso excesivo de la fuerza”, le dice a BBC Mundo.
“Pero en el resto del continente es un problema y en algunos países es un problema extremadamente grave”, destaca.
México y Colombia
De hecho, en su primer informe, publicado el año pasado, el Monitor de Fuerza Letal también incluyó los casos de Colombia y México.
“Pero tenemos serias dudas sobre los datos de Colombia. Y México simplemente no da los datos“, afirma Cano.
Lo mismo dice su colega en el Monitor de Fuerza Letal Catalina Pérez Correa, quien lleva años estudiando el problema en México.
“¡Tuvimos menos datos oficiales que en Venezuela!”, afirma la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
“Incluso con Lopez Obrador no hay forma de creerle a las cifras”, le dice a BBC Mundo, en referencia a los datos facilitados durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional, a menudo contradictorios.
México y Colombia, sin embargo, no se podían quedar fuera porque son emblemáticos de una tendencia creciente en la región latinoamericana: una militarización cada vez mayor de la seguridad pública.
En el caso de Colombia, el proceso podría estar revirtiéndose como resultado del proceso de paz, pero el Ejército todavía es responsable de buena parte de las muertes atribuidas a la fuerza pública: 72 contra 97 a manos de la policía en 2017.
Pero tanto el total -169 muertos, equivalente al 1.5% de todos los homicidios del país, según las cifras oficiales compiladas por el Monitor de Fuerza Letal- como la participación de las fuerzas armadas en el mismo dan cuenta de una reducción con respecto a los dos años anteriores.
En México, por su parte, la mayor parte de las muertes siguen involucrando a efectivos de las fuerzas armadas, como la Marina y el Ejército.
En 2017 estas sumaron 226 de las 371 muertes imputables a la fuerza pública contabilizadas por el Monitor de Fuerza Letal a partir de los reportes de prensa (incluyendo operaciones conjuntas con la policía).
Y aunque esas 371 muertes equivalen al 1.2% de los homicidios totales, Pérez Navarro advierte que la cifra real seguramente es varias veces mayor, pues la prensa solamente reporta una pequeña fracción de este tipo de incidentes.
“Los datos de México son tan pobres que no nos atrevimos a compararlo con ningún otro país, porque los otros países tienen datos oficiales y nosotros no”, explica la investigadora del CIDE.
“Pero si yo tuviera que dar una cifra, yo me imagino que (como porcentaje del total de homicidios del país) México estaría más cercano a Brasil, en el 10%, 9%, o algo así”, le dice a BBC Mundo.
La experta reconoce que, aunque aparentemente hubo una reducción al inicio del gobierno de López Obrador, todo apunta a que los números están subiendo de nuevo.
“No solo se ha vuelto bastante común un problema que antes era bastante frecuente, sino que además empezó a tener más aceptación social“, dice Pérez Navarro del caso mexicano.
Apoyo social
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de México. Y esa aceptación social también ayuda a explicar los elevados niveles de uso de la fuerza letal en la región latinoamericana.
“Las sociedades latinoamericanas en buena parte tienden a apoyar soluciones extralegales, en función de los altos niveles de violencia y de percepción de inseguridad que existen”, explica Cano.
“Entonces hay una legitimación social del abuso policial, una retórica de la guerra contra el crimen y una militarización de la seguridad pública que contribuyen a que la policía mate mucho y mate de manera desproporcional”, le dice a BBC Mundo.
Pero, ¿no se pueden explicar estas muertes como una consecuencia casi inevitable de operar en la región más violenta del planeta? ¿Qué otra opción les queda a los agentes del orden enfrentados a bandas criminales con un alto poder de fuego?
“La legítima defensa no está en cuestión, evidentemente nadie discute el derecho a defensa que es un derecho no solo de los policías, sino de los ciudadanos”, explica Cano.
“Pero los niveles de letalidad en muchos países son muy superiores a lo que cabría esperar incluso con el nivel de violencia que existe”, insiste.
Y como ejemplo el investigador español ofrece la relación entre muertos y heridos.
“Si hay mucha violencia, como pasa en las guerras, habría muchos muertos pero habría muchos más heridos. No fue eso lo que encontramos. Si hay mucha violencia encontraríamos algunos muertos, por lo menos, del lado de la policía y más muertos del otro lado. Pero el desequilibrio es gigantesco, muchas veces de más de 10 a uno“, destaca.
“Claro que somos una región muy violenta, claro que en algunas circunstancias la policía va a tener que usar la fuerza letal para defenderse, pero estamos ante un fenómeno que va mucho más allá de eso”, le dice a BBC Mundo.
“Lo que vemos es cacería a los criminosos, ejecuciones de personas que han sido detenidas. En muchos casos no se trata de defenderse, sino de eliminar al enemigo”, afirma.
Y eso, advierte Cano, solamente aumenta el riesgo para los policías.
“Si el criminal o el sospechosos sabe que la policía lo va a matar, no tiene nada que perder y él también va a intentar matar al policía“, explica.
“La policía que mata demasiado se coloca a ella misma en riesgo”, insiste.
Reformas necesarias
La necesidad de defenderse sigue siendo una de las principales justificaciones de las fuerzas de policía confrontadas con denuncias de abuso sistemático en el uso de la fuerza letal.
Pero para Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo ocurrido en EE.UU. está abriendo una oportunidad para que las agencias policiales latinoamericanas vean las cosas de otra manera.
“El gran mensaje para los gobiernos y las policías de América Latina es que hay que hacer reformas y que hay que hacerlas bien”, valora.
“Eso es lo que yo he estado escuchando de mis contrapartes policiales en América Latina”, le dice a BBC Mundo.
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Por un lado, al no ser los sujetos directos de la crítica, las policías de la región tienen menos incentivos para ponerse a la defensiva, explica.
Pero además, la evidencia de la cada vez mayor desconexión entre las policías y las sociedades en las que sirven es abundante.
Por ejemplo, según Latinobarómetro, prácticamente siete de cada 10 latinoamericanos no confía en la policía.
Y los países donde peor marca la institución, según esa encuesta, son precisamente Venezuela y México, seguidos no muy de lejos por El Salvador.
La necesidad de cambio, sin embargo, no existe solo en los países peor calificados: en Chile, donde en 2018 casi cinco de cada 10 chilenos decían tener confianza en la institución, su manejo de las protestas puso en evidencia déficits importantes.
“He conversado con varias de mis contrapartes policiales y veo que eso ha sido para ellos una alerta, una apertura de ojos, para por lo menos empezar a cuestionar. Algo cambió“, afirma sin embargo Alvarado.
Y como evidencia de que las cosas pueden cambiar todavía más ofrece el caso de Honduras, para el BID la más clara historia de éxito de las reformas policiales que la institución ha apoyado en América Latina.
Honduras, ¿a contracorriente?
Los 37 muertos a manos de las fuerzas de seguridad reportados en 2019 por el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional de Honduras, contrastan notablemente con la cifra 11 veces mayor de sus contrapartes salvadoreñas.
Esto, a pesar de que los dos países centroamericanos tienen problemas de seguridad bastante similares, incluida la presencia de las maras o pandillas y el hecho de ser ruta del narcotráfico.
Luego de haberle arrebatado a El Salvador el poco honroso título de país más violento del mundo, sin embargo, las cifras de homicidios en Honduras se han reducido significativamente en los últimos años.
Y el proceso de depuración y profesionalización de la policía -sin duda imperfecto e incompleto, según admisión de los propios involucrados- ayuda a explicar tanto esa caída como la reducción del número de víctimas de las fuerzas del orden.
“En el pasado reciente tuvimos algunos casos emblemáticos, que de hecho fueron el detonante para que iniciaran profundos procesos de reforma”, reconoce el comisionado Gerzon Velásquez de la Policía Nacional de Honduras.
“Es una realidad de la que no nos podemos abstraer. Eso ha sido parte de nuestros orígenes“, le dice a BBC Mundo.
Como ejemplo de esos casos emblemáticos el funcionario policial hondureño destaca la muerte a manos de la policía del joven Rafael Vargas Castellanos, en 2012.
El universitario, de 22 años, era el hijo menor de la entonces rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.
Y el escándalo causado por su muerte y posterior intento de encubrimiento, le dio un impulso definitivo a los intentos de reforma policial, que se saldó con la salida de más de 6,000 efectivos, la institucionalización de una carrera policial y la creación de una academia de policía, entre otras medidas.
“Esto a nosotros nos marcó, sirvió como un parteaguas entre lo que la sociedad exigía de su policía y lo que los policías pensábamos que estábamos haciendo”, explica Velásquez.
“El proceso que iniciamos en 2012 -que es un proceso inacabado pero en el que ya han habido avances significativos- nos ha permitido lidiar con ciertas situaciones que históricamente habían sido un problema”, afirma.
El comisionado reconoce que no todo es perfecto. Y en un país como Honduras procesos de este tipo siempre se enfrentan a dificultades adicionales.
En los últimos años varios excomandantes de policía han sido acusados y detenidos por vínculos con el narcotráfico, mientras que el golpe de Estado de 2009 y las acusaciones de fraude durante las elecciones de 2018 también colocaron a la institución en una posición difícil.
Y el elevadísimo número de homicidios que nunca se esclarecen en Honduras también podría estar ocultado casos imputables a miembros de las fuerzas de seguridad.
“El tema de la delincuencia y de la criminalidad en la región a veces nos supera, y cuando eso sucede ocurren este tipo de desafueros”, reconoce el comisionado Velásquez.
“Pero los homicidios o asesinatos de las fuerzas policiales no han sido sistemáticos, sino eventos aislados que denotan falta de profesionalismo, falta de preparación o tal vez vinculación de algunos elementos con actividades no licitas, pero no ha sido una política institucional“, le dice a BBC Mundo.
Y las cifras hondureñas ya también contrastan significativamente con las de Nicaragua, durante años considerado el país más seguro de la región centroamericana, pero donde, según Cano, “existe la sensación que la policía cambió bastante su perfil” luego de las protestas de abril de 2018.
Cumplir la ley
Honduras y Nicaragua son, en cualquier caso, uno de los países que el Monitor de la Fuerza Letal tiene planeado incluir en próximas ediciones de su informe.
Y la idea, explican Cano y Pérez Navarro, es eventualmente incluirlos a todos, pues el seguimiento al tema del uso de la fuerza letal no debe ser asunto exclusivo de los países donde el problema es más grave.
“El policía tiene que usar el arma como un instrumento de defensa, nunca de ataque, y solo puede disparar cuando su vida o la de otra persona está en peligro”, recuerda Cano.
“Y la ley se debe cumplir con todo el mundo, con los inocentes, con los menos inocentes, con los sospechosos y los culpables”, afirma.
Claramente, ese no es todavía el caso en la mayor parte de América Latina.
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