Corte Suprema de EE.UU. pone en peligro a solicitantes de asilo

Héctor Mejía, padre de un menor de edad que obtuvo asilo político en Estados Unidos tras escapar del acoso de las pandillas en El Salvador, considera que el fallo de la Corte Suprema para negar a ciertos solicitantes de asilo que un juez revise sus órdenes de deportación exprés, los pone en peligro de muerte.

“Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de solicitantes de asilo que al ser deportados son asesinados en sus países”, dice Héctor.

En el verano de 2019, su hijo César Miguel Mejía Pérez de 17 años obtuvo la residencia, un año después de recibir el asilo político.

“Me parece que el gobierno de EE.UU. debe ser más flexible y dar más oportunidades a quienes han sido víctimas de la violencia en sus países; o han recibido amenazas como pasó con mi hijo en El Salvador”.

Héctor quien ya vivía en EE.UU. cuando su hijo huyó de El Salvador, dice que en su caso, el muchacho de un día para otro, le informó que ya estaba en la frontera sur. “No me quiso decir antes porque sabía que yo no iba a permitir que arriesgara su vida en un viaje tan peligroso, pero entendí después que también corría un riesgo muy grande si se quedaba en El Salvador”,  comenta.

Esta semana, en una decisión siete magistrados a favor y dos en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que ciertos solicitantes de asilo no pueden pedir al tribunal federal la revisión de sus órdenes de deportación por la vía rápida.

El fallo vino en respuesta a la demanda de un inmigrante de Sri Lanka, Vijayakumar Thuraissigiam contra el Departamento de Seguridad de la Nación, interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Este fallo fracasa en estar a la altura del principio fundamental de la Constitución, que establece que los individuos privados de su libertad deben tener su día en la corte, y esto incluye a los solicitantes de asilo”, dice la abogada de ACLU, Lee Gelernt.

Agrega que esta decisión significa que la gente que enfrenta órdenes de deportación defectuosas, puede ser removida por la fuerza sin revisión judicial, poniendo sus vidas en grave riesgo.

De acuerdo a ACLU, Thuraissigiam escapó de su país después de que funcionarios de gobierno lo secuestraron, golpearon y amenazaron con matarlo. Pidió asilo en Estados Unidos luego de entrar sin documentos y ser arrestado 25 yardas al norte de la frontera con México.

El asilo se lo negaron durante una entrevista de miedo creíble que según ACLU violó el Debido Proceso; y por consiguiente fue colocado en el sistema de deportación inmediata.

Thuraissigiam solicitó una revisión de su orden de deportación. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la revirtió por falta de jurisdicción y concluyó que la expulsión inmediata violaba la cláusula de suspensión.

La decisión final estuvo en manos de la Corte Suprema que falló en contra del solicitante de asilo de Sri Lanka.

Reacciones

El pastor Guillermo Torres de la organización Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), dice que el fallo cierra las puertas a los inmigrantes que buscan asilo al escapar de la violencia, y cada día hace ese proceso más difícil.

“Lo triste es que la política de asilo de esta administración está basada en el racismo, la discriminación, y es contra la ley de Dios”.

Considera que la determinación de la Corte se suma a las injusticias contra los inmigrantes que vienen a buscar asilo. “Los jueces al igual que la Casa Blanca están desconectados de la compasión y justicia”.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dice que la administración Trump está actuando en todos los sentidos para borrar el asilo. “Con esta decisión, la Corte Suprema es cómplice en este esfuerzo. La mayoría de la Corte parece creer que el Debido Proceso no es universal dentro de este país, y el lenguaje del juez Alito (uno de los magistrados de la Corte Suprema) deja en claro su desdén por los solicitantes de asilo”.

Señala que esta decisión, vista en conjunto con el fallo de DACA de la semana pasada, muestra una narrativa en la corte que pretende distinguir entre buenos y malos inmigrantes. “No lo aceptamos. Demandamos que el Congreso derogue la ley de 1996 que permite la práctica Orwelliana eufemista conocida como deportación expedita”.

A quiénes afecta el fallo

Según ACLU, podría afectar a muchos solicitantes de asilo en el futuro al quitarles la oportunidad de ir a una corte federal para impugnar una negativa.

Actualmente, los inmigrantes indocumentados que son arrestados dentro de 100 millas cerca de la frontera, y a 14 días de su llegada, son sujetos a un proceso de deportación inmediata, y pueden ser expulsados sin audiencia y revisión.

Sin embargo, cuando se trata de un solicitante de asilo, tienen la oportunidad de ser escuchados por un oficial de asilo, oficial supervisor o un juez de migración para determinar si la persona tiene un miedo creíble de persecución o tortura si regresa a su país de origen.

El fallo de la Corte es considerado un triunfo para la administración de Trump que ha intentado limitar quién es elegible para asilo en los Estados Unidos.

En la actualidad, la vasta mayoría de solicitantes de asilo están impedidos de entrar al país debido a las restricciones en la frontera a causa del coronavirus.