La Legislatura no debería botar a la basura los esfuerzos de reciclado de desechos alimenticios de California

Reducir la cantidad de desechos orgánicos enterrados en los vertederos de California es una prioridad ambiental. La política del Estado exige que hagamos algo para reducir la producción de gas metano, que se genera con la descomposición subterránea de los restos de comida, césped cortado y otros materiales orgánicos.

El gas metano se considera un supercontaminante, y es un gas 84 veces más perjudicial que el dióxido de carbono en cuanto al impacto que tiene sobre el calentamiento global.

Si alguien le presentara a los funcionarios del Estado un plan que pudiera eliminar una de las principales fuentes de materia orgánica de los flujos de agua con un desempeño ambiental superior a otras alternativas y a menores costos para las granjas y negocios de California y que a la vez redujera el gasto de los gobiernos locales para cumplir con las obligaciones de desechos orgánicos que impone el Estado, no dudarían un segundo en aceptarlo.

Pero la propuesta presentada a la Legislatura hoy es muy distinta: en realidad, hace todo lo contrario de esas acciones positivas.

Si bien se postula como una alternativa para reducir los desechos orgánicos que van a vertederos, eliminaría el enfoque existente para reducir una fuente de materia orgánica de una manera menos costosa y mejor para el medio ambiente.

La idea es tan tonta como suena.

Durante décadas, de hecho, desde mucho antes de que el Estado estableciera la obligación de establecer procesos como la recuperación de compost o la digestión anaeróbica para administrar los residuos orgánicos, los criadores de ganado han reciclado positivamente los restos de comidas de los negocios de comidas, tiendas, restaurantes, cafeterías y otros comercios minoristas de alimentos para convertirlo en alimento para los animales.

Algunos derivados de los alimentos, como la cáscara de frutas y vegetales, cáscaras de frutos secos y desechos de la panificación, son una excelente fuente de nutrientes para el ganado y reducen la necesidad de producir más alimentos o importarlos de otros estados. Para algunos establecimientos rurales ganaderos y de lácteos de California, estos derivados constituyen la mitad o más del alimento de sus animales.

Es una práctica muy difundida en todo el mundo, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos la reconoce como un método superior para recuperar los productos alimenticios que no se pueden destinar a las personas que pasan hambre, en comparación con la producción de compost u otros procesos industriales.

Sin embargo, hoy la posibilidad de reciclar los alimentos destinados originalmente a las personas para alimentar animales está en peligro. El Proyecto de Ley 2959 de la Asamblea permitiría a los gobiernos locales clasificar los restos de alimentos de restaurantes y tiendas minoristas de alimentos como desecho orgánico, que sólo podría ser recuperado por los recolectores de desechos con franquicia.

Así, se privaría a los granjeros de esta fuente de alimentos para los animales, incrementando su costo, además de perjudicar a los restaurantes y minoristas de alimento. Por otra parte, incrementaría significativamente la cantidad de desechos, en un momento en que los gobiernos locales ya tienen que desembolsar unos $22,000 millones para desarrollar la infraestructura necesaria para procesar los desechos orgánicos.

En el duro momento que atravesamos por la pandemia de COVID-19, la mayoría de los restaurantes ya tienen problemas financieros. Obligarlos hoy a desechar el excedente de alimento únicamente a través de recolectores de desechos con franquicia incrementaría su costo y les impondría una carga adicional.

El impacto en la economía de California no sería menor: esta ley afectaría a más de 1.8 millones de negocios que generan desechos orgánicos, en su mayoría restaurantes.

La ley del Estado es clara respecto del derecho de cada establecimiento a vender o donar materiales reciclables que, por su valor, no pueden definirse como “desechos”. Los productos alimenticios generados por las operaciones de agricultura (por ejemplo, el hollejo de las uvas que generan las bodegas o las cáscaras de almendras de los productores) están expresamente excluidos de los acuerdos de franquicias. Hoy, esa exención se aplica también a restaurantes, productores agrícolas y otros minoristas de alimentos.

El Proyecto de Ley 2959 de la Asamblea no contribuye en lo más mínimo para combatir el cambio climático. Por el contrario, desmantelaría un sistema existente de reciclado de alimentos que beneficia el medio ambiente y a los granjeros y negocios a la vez.

Todos los legisladores deben rechazar cualquier intento de arreglar un sistema que funciona tan bien.

Oscar Gutiérrez es el propietario del Restaurante Plaza Garibaldi y del Mercado de Carnes Garibaldi de Coachella.