Inmigrantes calificarían para $600 de apoyo estatal si Newsom firma el proyecto de ley AB 826

RESUMEN: Dada la abrumadora demanda de ayuda durante la pandemia, los californianos indocumentados esperan que el gobernador autorice una segunda ronda de dinero de emergencia para comestibles. Pero todavía no está claro de dónde vendrá la financiación.

La fila comenzó a formarse a la medianoche, horas antes de que el banco de alimentos abriera al amanecer para distribuir víveres a los residentes en el distrito de Los Ángeles del asambleísta Miguel Santiago.

“De vez en cuando vas a ver a una madre con dos hijos envueltos en cobijas en el piso esperando”, dijo el legislador demócrata, contando que esto fue lo que lo inspiró a impulsar una nueva ronda de asistencia alimentaria de emergencia para los californianos de bajos ingresos, independientemente del estatus migratorio.

La ayuda podría estar en camino para quienes se les ordenó quedarse en casa o perdieron su trabajo debido a la pandemia del COVID-19. A principios de esta semana, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de Stantiago, AB 826, que permitirá a las organizaciones sin fines de lucro, como los bancos de alimentos, distribuir tarjetas prepagas de comestibles de $600 a cada adulto que califique.

Si el gobernador Gavin Newson firma el proyecto de ley que autoriza la Asistencia Alimentaria de Emergencia marcaría la segunda ronda de ayuda de emergencia a californianos, incluyendo a los indocumentados, desde que la pandemia golpeó a principios de este año.

En abril, California autorizó un programa de ayuda en forma de asistencia única de $500 para 155,000 adultos indocumentados. Eso solo ayudó al 7% de los 2 millones de residentes indocumentados de California.

Santiago, cuyo distrito abarca algunos de los vecindarios más pobres de Los Ángeles, incluyendo Boyle Heights, East Los Ángeles, Pico-Union y Huntington Park, dijo que los inmigrantes se encuentran entre los más afectados por la recesión del coronavirus. Muchos son trabajadores esenciales, quienes a menudo tienen la mayor inseguridad alimentaria y no califican para recibir ayuda económica, como las prestaciones por desempleo.

Inmigrantes esperanzados por ayuda

La inmigrante y activista Elsy Pérez dijo que es justo que los residentes indocumentados sean incluidos en el programa de asistencia alimentaria de emergencia porque, al igual que cualquier otro trabajador, pagan impuestos pero rara vez reciben ayuda a cambio.

“La pandemia no verifica si tienes papeles o no, y los que no tenemos un número de seguro social no pudimos obtener el cheque de estímulo”, dijo la mujer de 37 años. “Por ahora estamos muy contentos de que los bancos de alimentos brinden ayuda. Está muy bien, pero no es suficiente”.

Pérez perdió su trabajo como cuidadora de adultos de la tercera edad cuando la pandemia golpeó esta primavera. Dijo que por razones de seguridad para los ancianos y para ella misma, no le han permitido volver al trabajo.

El año pasado Pérez trabajó siete días a la semana en dos trabajos para ahorrar dinero. Poco se imaginaba que la mayor parte de su dinero se usaría para el alquiler, la comida y otras facturas ahora que esta sin trabajo.

Las personas más mayores de edad como Juana Martínez también tienen muchas esperanzas de que Newsom firme el proyecto de ley. La mujer de 60 años ha estado viviendo en el proyecto habitacional para personas de bajos ingresos, Estrada Courts, en Boyle Heights, durante los últimos 11 años.

Actualmente comparte el apartamento con su hija, su yerno y sus dos nietos de 1 y 2 años porque no han encontrado un lugar asequible por su cuenta. Su hija y su yerno no están trabajando y apenas se las arreglan con los beneficios de desempleo, que rondan en los $300. Martínez recibe $220 mensuales de la ayuda del gobierno y $100 de estampillas de comida los cuales trata de hacer rendir todo el mes.

Para llegar a fin de mes, Martínez se ofrece como voluntaria para empacar comestibles en un centro de distribución de alimentos y, a cambio, se puede llevar una bolsa a casa para compartir con su familia.

La ayuda monetaria mostró ser una gran necesidad

Joseph Villela, director legislador de la Coalicion Pro-Derechos Humanos de los inmigrantes (CHIRLA), dijo que en una encuesta reciente encontraron que las mujeres inmigrantes han sido las más afectadas por la pandemia.

La organización también encontró que las personas que recibieron los $500 anteriores en ayuda por desastre usaron el dinero en vivienda y comida. Los defensores tomaron nota y comenzaron a presionar por una nueva ronda de asistencia.

“Esta es una gran victoria. Uno porque esencialmente reconoce la humanidad de los inmigrantes que han sido afectados por el COVID-19 y dos, en realidad reconoce su contribución ”, dijo Villela. “Le hemos estado pidiendo a la legislatura estatal que realmente tome medidas concretas”.

El programa de asistencia alimentaria de emergencia está respaldada por CHIRLA, la Asociación de Bancos de Alimentos de California y el Western Center on Law & Poverty. Funcionaría de manera similar a CalFresh, el programa de cupones para alimentos de California, y sería supervisado por el Departamento de Servicios Sociales del estado.

Hay que encontrar el dinero

Santiago reconoce que su proyecto de ley solo autorizaría el programa; no incluye financiación.

“No es inusual que se hagan proyectos de ley como este porque cuando hicimos el proyecto de ley de colegios comunitarios gratuitos, incluimos la pieza de política y nos dio la capacidad de luchar con uñas y dientes para conseguir el financiamiento”, aseveró.

El asambleísta dijo que la Legislatura aún tendría que autorizar el financiamiento. Aún así, sigue siendo optimista porque la administración de Newsom asignó $ 75 millones para el programa de ayuda en casos de desastre como parte de la respuesta a la pandemia multimillonaria del estado.

Aunque no pudo especificar una cantidad exacta de personas que podrían beneficiarse de este proyecto de ley, Santiago dijo que asume que será para todos los que se encuentran bajo el 80% de la línea de pobreza del área. De hecho, el proyecto de ley autoriza una segunda ronda de tarjetas de $600 si se dispone de fondos suficientes.

“Recuerde que estos son tiempos sin precedentes”, dijo Santiago. “En circunstancias normales, les diré que esto no va a funcionar, pero en los tiempos de COVID hemos podido mover los presupuestos”.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre redacciones que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.