La Proposición 21 agravará la crisis de vivienda

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Si la situación de vivienda es mala en California, será mucho peor si se aprueba la Proposición 21 en las elecciones del 3 de noviembre.

Esta iniciativa revocará partes de las actuales leyes de renta de vivienda y abrirá la puerta para que se aprueben formas extremas de control de renta a nivel local. Permitirá topes permanentes a los precios en todas las formas de vivienda, incluyendo unidades unifamiliares y condominios.

Lejos de solucionar la crisis de vivienda en el estado, indican quienes se oponen a la medida, la iniciativa perjudicará tanto a inquilinos como a los dueños de casas porque no se enfoca en atender la raíz de las causas de vivienda asequible en California.

“El año pasado, California aprobó una versión histórica de control de renta en todo el estado –la más fuerte protección para inquilinos y de topes de renta en el país– así como protección del desalojo a corto plazo”, informó en un comunicado el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de opositores a esta propuesta. “Pero la Proposición 21, como antes la Proposición 10, conlleva un riesgo real que desalienta la disponibilidad de vivienda accesible en nuestro estado”.

Una manera segura de hacer que las rentas sean más asequibles es mediante la construcción de más viviendas, el aumento de la oferta, hacer más accesible el suministro y frenar los costos. Con la aprobación de la propuesta, habrá menos viviendas para rentar, lo que hará aún más complicada la situación para los posibles inquilinos.

Esta iniciativa no propone fondos para viviendas asequibles y tampoco exige que se construyan. No incluye tampoco una provisión para reducir la renta y no ofrece protecciones específicas para personas de la tercera edad, veteranos y personas con discapacidad.

Lejos de ser un beneficio, la Proposición 21 desalienta la construcción de nuevas unidades y reduce la disponibilidad de vivienda asequible y de clase media, lo que ocasionará que se eleven las rentas para muchos californianos.

Por si fuera poco, esta iniciativa perjudica una ley estatal de control de renta a solo meses de que se pusiera en efecto. El gobernador y la legislatura, con el apoyo de un gran número de organizaciones, aprobó hace poco algunas de las protecciones estatales más sólidas de control de renta y para inquilinos del país.

Esta ley entró en vigor el 1 de enero y asegura que los arrendatarios no enfrenten aumentos de rentas extremas o que sean desalojados injustamente de sus casas.

Bajo esta legislación, se limita el incremento a la renta a 5 por ciento más inflación –que fue de aproximadamente 7 por ciento en el condado de Los Angeles durante la primera mitad de este año; la cifra fue reducida a 5.7 por ciento en agosto, y previene el desalojo de los inquilinos sin una causa.

Esta nueva ley también otorga estabilidad a los dueños de las propiedades, pues asegura que la oferta de vivienda no disminuya y que se continúe la construcción de casas.

En esta época, cuando los habitantes de California experimentan una severa crisis de vivienda asequible, lo menos que se necesita -indica el movimiento por el ‘No’ a la moción- es una iniciativa que impida que se construyan nuevas viviendas, que se afecten los trabajos y que lastime la recuperación de la economía.

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