Llenar el censo es el primer paso hacia una mejor política pública

En años recientes, el antagonismo hacia los inmigrantes indocumentados y la supresión del voto latino han sido un componente importante de los planes del gobierno de Trump. El muro fronterizo, la separación de familias, envalentonados agentes de inmigración y un fallido esfuerzo por incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo son todos clara evidencia de un esfuerzo más extenso por desanimar a los miembros de nuestra comunidad de participar en la vida cívica. Ahora más que nunca, la participación de la comunidad latina es esencial, y hay una manera fácil de asegurarse de que los vean y escuchen.

Llenar el censo de 2020 debe ser su primer paso para lograr una representación proporcional que lleve a la formulación de medidas de política más equitativas y el fin de programas que podrían perjudicarnos. Si bien la gran mayoría de estos programas se originan en Washington, DC, con frecuencia la política y los gobiernos locales son los que tienen un impacto más directo en nosotros y en los que podemos influir más fácilmente. Hay muchos ejemplos de ello, pero hay un asunto en particular que merece la atención de los latinos: la vigilancia en las ciudades de Estados Unidos, entre ellas las de aquí en California.

La tecnología moderna ha equipado a las agencias de la ley y otras del gobierno con potestades de vigilar a la gente que anteriormente eran difíciles de imaginar, desde cámaras en los postes de luz hasta software de reconocimiento facial y drones aéreos. Hemos visto a la policía seguirles el rastro a quienes protestan contra la injusticia racial y a las autoridades de inmigración usar redes sociales para deportar a inmigrantes indocumentados. Esto atenta contra nuestra libertad y, no hay necesidad de decirlo, es una gran amenaza para nuestra seguridad. Afortunadamente, varias ciudades de California han decidido ponerle fin: San Diego restringió el acceso de la policía a las cámaras de los postes eléctricos hasta que se pudiera poner en práctica la debida supervisión, y Santa Cruz prohibió el uso de programas de reconocimiento facial para actividades policiales predictivas. Han probado que es posible interactuar con gobiernos locales y suspender los programas que perjudican a los más vulnerables entre nosotros.

En Los Ángeles, se necesita un esfuerzo similar. El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) está implementando un nuevo programa que requiere que las compañías de traslado otorguen al gobierno municipal acceso en tiempo real a datos sobre la ubicación de transeúntes. Este programa, llamado Especificación de Datos de Movilidad (Mobility Data Specification o MDS), sigue las coordenadas específicas de posicionamiento global del inicio y fin de las rutas de los transeúntes, además de sus recorridos. Si bien MDS no recopila nombres, los datos bastan para revelar la identidad de los transeúntes y seguirles la huella. LADOT no ha dado una razón coherente para requerir esa información confidencial. Tampoco ha dictado una política clara sobre cómo se compartirán los datos con otras agencias municipales, entre ellas, las agencias de la ley.

A primera vista, MDS va en contra de los derechos básicos a la privacidad, pero el potencial de que perjudique a las comunidades latinas es particularmente preocupante. Si no existe una política clara que rija cómo LADOT comparte los datos, ¿cómo podemos confiar en que la policía no los usurpe para vigilar nuestras calles bajo pretexto de combatir las pandillas o ayudar con las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE)? Ya se ha dado una situación de este tipo en las ciudades del norte de California. ¿Quién está a cargo de asegurar que esto no sucederá aquí con MDS?

Además de la posibilidad de abusos, MDS podría agravar los problemas de acceso a transporte económico que ya enfrentan los latinos de bajos ingresos. Existe el potencial de que se siga el rastro de los transeúntes, muchos de los cuales temen los encuentros con agentes de la ley y, como es comprensible, esto podría hacer que dejen de usar estos vehículos, que con frecuencia les dan acceso crucial a los centros de transporte público. Ya que el progreso económico está tan vinculado al acceso al transporte, no nos conviene crear este efecto disuasorio.

En resumidas cuentas, los programas como MDS no harán sino generar mayor desconfianza entre las autoridades y la comunidad latina, además de reducir la igualdad en el transporte. Lo bueno es que existen soluciones sencillas pero eficaces para eliminar la capacidad de vigilancia de MDS, como requerir que los datos sobre viajes se retrasen y compilan de manera que no sea posible identificar a cada persona.

Si quieren detener programas perjudiciales como MDS, este es el momento de hacer algo al respecto. Expresen su opinión en contra de estos programas, comuníquese con sus concejales municipales, voten y participen en el proceso cívico para forjar una ciudad más segura y equitativa a favor de la comunidad latina. El punto de partida para cada una de estas actividades es fácil y rápido: asegúrense de participar en el censo.

Pueden llenar el cuestionario del censo de 2020 de manera segura y privada para asegurarse de que sus familiares, vecinos y ustedes cuenten con representación, desde el concejo municipal hasta el Congreso. Una vez que lo hagan, tendrán más poder para repudiar las medidas de política y los programas que nos perjudican, generar verdaderos cambios y empoderar a su comunidad. Pero primero tienen que hacer lo necesario. La fecha para completar el censo se acerca rápidamente, complete el suyo hoy mismo visitando www.my2020census.gov.

Samuel Molina es director de la filial en California de Mi Familia Vota, una entidad nacional de participación cívica que une a la comunidad latina, inmigrante y sus aliados para promover la justicia social y económica.