Inquilinos luchan para no ser desalojados en plena pandemia

“No aceptamos ofertas de compra”, indica un letrero que colocaron los inquilinos frente a una propiedad de cinco unidades ubicada en el 8629 de la calle Juniper, en el sur de Los Ángeles, que están bajo riesgo de desalojo por parte del nuevo dueño del inmueble.

Uno de ellos es Anselmo De Híjar, un nayarita de 69 años que no sabe leer ni escribir, y a quien una persona enviada por el dueño, Kevin Bernotas, le hizo firmar un documento que nunca entendió.

Le ofrecieron $8,000 para que se mudara: $4,000 en efectivo y el otro 50% se le entregaría cuando ya estuviera fuera.

“Como no encontré otro lugar para rentar, les devolví su dinero, y me lo regresaron por correo; se los volvió a mandar y me lo regresaron de nuevo”, cuenta Anselmo a La Opinión, empelado de limpieza en un mercado, en la ciudad de South Gate. “Ahora nos quiere sacar a todos”.

El miércoles 28, agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles deberían haber cumplido la orden de desalojo de un juez. La orden no se materializó y el litigio se reprogramó para el 2 de noviembre.

“Supuestamente don Anselmo había firmado una salida voluntaria del apartamento”, dijo su vecino, Henry Cáceres, un vendedor de herramientas originario de El Salvador, quien también corre el riesgo de ser desalojado. “El, por sentirse amenazado de que le iban a echar al Sheriff y como no conoce de leyes firmó ese papel”.

Ese mismo mes, el anciano fue acusado de no haber pagado renta del mes de febrero. Pero dijo que no era cierto. Aseguró que hizo su pago mensual al antiguo dueño, Antonio Pérez.

“A don Anselmo le estafaron y después procedieron con el desalojo”, informó Henry Cáceres.

La abogada Elena Popp, quien defiende el caso, dijo que lo sucedido al señor De Híjar “es muy común”.

“Un nuevo dueño compra una propiedad protegida por la ley de control de renta donde los inquilinos han vivido por largo tiempo y la renta es baja”, dijo. “Les piden que se salgan; ellos no conocen sus derechos; les insisten y los amenazan con el Sheriff, muchos se rinden, pero no entienden que tienen derecho de quedarse”.

Entre agosto y septiembre, don Anselmo se enteró de sus derechos, rechazó el acuerdo “voluntario” que firmó y buscó ayuda legal.

“Aquí, lo raro es que él pago su renta en febrero al dueño anterior y cuando Anselmo se entera que hay un dueño nuevo, le hicieron pagar otra vez  la misma renta y de todos modos archivaron dos peticiones de desalojo en marzo y abril.

En el caso de Henry, el dueño de la propiedad no le aceptó los pagos mensuales desde julio, debido a una demanda pendiente de desalojo.

La Opinión contactó varias veces al dueño, Kevin Bernotas, pero nunca retornó las llamadas.

Por su parte, la señora Mónica Ibarra, una maestra asistente que ha vivido en el inmueble por casi 15 años, tiene un hijo autista y teme ser desalojada, dijo que el señor Bernotas “me dijo que, si quería quedarme a vivir aquí, le tendría que pagar $2,000, porque quería cobrar la renta a como está en el mercado”. Ella paga $650 mensuales.

Casi medio millón de inquilinos en peligro de desalojo

La abogada Elena Popp, abogada principal de la Red de Defensa contra Desalojos (Eviction Defense Network) de Los Ángeles, dijo a La Opinión que son aproximadamente 491,000 inquilinos quienes se encuentran en riesgo de ser desalojados, debido a los problemas que afrontan por la pandemia del coronavirus que les ha impedido pagar su alquiler mensual.

“Miles dejaron de pagar la renta desde agosto”, dijo la experta defensora de inquilinos de bajos recursos.

Un informe conjunto de Michael Manville, Paavo Monkkomen y Michael Myers de UCLA, y Richard Green de USC Lusk Center informó que uno de cada cinco inquilinos en Los Ángeles ha tenido problemas para pagar el alquiler durante la pandemia, y se encuentran en un profundo agujero financiero porque perdieron el empleo o les redujeron las horas de trabajo.

El estudio denominado “COVID-19 y angustia del inquilino: evidencia de Los Ángeles” indica que el 22% de las familias que rentan pagaron el alquiler tarde al menos una vez entre abril y julio, y entre mayo y julio alrededor del 7% no pagó la renta al menos una vez.

El informe documentó, además, las dificultades que enfrentaron las familias que rentan durante la pandemia de COVID-19, y ligó esas dificultades a la pérdida de trabajo y salarios como resultado del cierre económico.

Entre los hogares del condado que no pagaron el alquiler, ya sea total o parcialmente, alrededor de 98,000 inquilinos fueron amenazados con un desalojo, mientras que otros 40,000 informaron que el propietario ya había iniciado un proceso en su contra para sacarlos.

El 31 de agosto, el gobernador de California, Gavin Newsom firmó la ley AB-2088 para proteger a millones de inquilinos del desalojo y a los propietarios de la ejecución hipotecaria debido a los impactos económicos de COVID-19. Estas protecciones se aplican a los inquilinos que declaran no poder pagar la totalidad o parte del alquiler debido a una razón relacionada con COVID-19.

“No hay ninguna moratoria de pagos durante la pandemia; se están dilatando los casos de desalojo, pero no se están previniendo ni tampoco se prohíben”, dijo Mónica M. Arellano, abogada de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA).

La abogada señaló a La Opinión que todos los inquilinos están obligados a pagar al menos el 25% de renta de cada mes que deben, y completar sus pagos antes del 1 de febrero de 2021. El 75% restante lo seguirán debiendo como si fuera una deuda comercial que los seguirá a dondequiera que estén, sean desalojados o no.